COHECHO
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Perito JUDICIAL  Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero EVIDENCIADOR con E-mail: miguel@cita.es 
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Estamos investigando cierto capital-riesgo y el BLANQUEO DE CAPITALES
y el COHECHO en  Competencia Desleal en la Operación Guateque en http://www.miguelgallardo.es/guateque
Especialmente en relación a los entramados de empresas relacionados con la ARQUITECTURA INCOMPATIBLE y lo que se denuncia en http://www.cita.es/corruptio

La investigación de cualquier presunto delito de cohecho, incluso si colaboran abogados, fiscales jueces y magistrados es siempre muy difícil, al igual que ocurre con las estafas  extorsiones el tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación y prevaricación. Lo que la criminología entiende como CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en el caso del cohecho, alcanza límites insospechados. También son muy frecuentes las denuncias falsas de cohecho. Basta la lectura de los artículos 419 al 427 del Código Penal relativos al cohecho, y unas miradas limpias a ciertas relaciones entre funcionarios o autoridades con algunos individuos para comprender que la criminalística del cohecho no se desarrolla por muy bueno que sea el abogado o criminalista y demás peritos judicialesporque siempre hay mucho más interés en obstruirla que en facilitarla. A continuación se citan los artículos relativos al cohecho (que se ha anunciado por el Gobierno de España que van a ser modificados), seguidos de algunas noticias ciertamente curiosas sobre presuntos cohechos.

CAPÍTULO V.
DEL COHECHO.
Artículo 419.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.

Artículo 420.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo ejecute, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve años, y de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años, si no llegara a ejecutarlo. En ambos casos se impondrá, además, la multa del tanto al triplo del valor de la dádiva.

Artículo 421.
Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 422.
Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 423.
1. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que éstos.
2. Los que atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos, serán castigados con la pena inferior en grado a la prevista en el apartado anterior.

Artículo 424.
Cuando el soborno mediare en causa criminal en favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 425.
1. La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.
2. En el caso de recompensa por el acto ya realizado, si éste fuera constitutivo de delito se impondrá, además, la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a quince años.

Artículo 426.
La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 427.
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos.


Referencia del Consejo de Ministros

Viernes, 13 de noviembre de 2009

MÁS Y NUEVAS PENAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Se regula el cohecho entre particulares

Con esta reforma el Derecho Penal español contará con los instrumentos necesarios para combatir con mayores garantías de eficacia todos los fenómenos de corrupción cuyo poder destructivo atenta contra el núcleo mismo del Estado de Derecho.

Noticias de cohechos. Empecemos con una histórica:
EL PAÍS, 12 - 03 - 1987
El fiscal acusa de cohecho a un procurador denunciado por una oficiala de un juzgado
BONIFACIO DE LA CUADRA, - Madrid
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el procurador José Pedro Vila Rodríguez, para quien el fiscal solicitó 30.000 pesetas de multa como presunto autor de un delito de cohecho. La funcionaria Dolores Sancho Silvestre se ratificó en que el citado procurador le ofreció a ella y al agente judicial remunerar una diligencia.

Sigamos por otras más recientes:

Del cohecho impropio; por Enrique Gimbernat, Catedrático emérito ...

 
El día 14 de julio de 2009, se publicó en el Diario El Mundo un artículo de Enrique Gimbernat en el cual el autor opina acerca del “caso de los trajes” y de

José Luis Manzanares, El cohecho impropio

9 Jul 2009 ... El cohecho impropio ha entrado por la puerta grande en la actualidad nacional. 

El PSPV denuncia que una revista taurina en la que Moliner es ...

“Las acusaciones de tráfico de influencia y de cohecho que se les imputan a Carlos Fabra ya Francisco Camps están convirtiéndose en un perverso modelo de ..

Tras un rastro de medio millón de euros

Así figura en el sumario que tramita el juzgado de Instrucción 3 de Orihuela cuya titular imputa al ex regidor por los delitos de cohecho

Otra acusación de cohecho para un asesor del PP en Barcelona

... de Vallirana Antonio Penalba, ambos del Partido Popular, a quien un juez imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. ...

El PP denuncia a Monteseirín, Rivas y Torrijos por el caso ...

Acusa de delitos como coacciones, cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento basándose exclusivamente en las publicaciones de los medios

Los andalucistas llevan el tema al Juzgado e incluyen también a ...

... los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, prevaricación, exacciones ilegales, coacciones,

El PP incluye en su denuncia por el «caso Mercasevilla» al alcalde ...

Los hechos pueden haber constituido, según la denuncia, comisión de delitos de coacciones,cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias,

LA RAZÓN, 13/03/2009
El juez Urquía no prevaricó, pero cometió cohecho
El Supremo absolvió ayer al magistrado de Marbella Francisco Javier de Urquía del delito de prevaricación al que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Supremo le mantiene, no obstante, el delito de cohecho al que fue condenado junto al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, detenido en la «operación Malaya».

EUROPA PRESS, 12/03/2009
GALICIA. El ex subdelegado del Gobierno en Lugo declara mañana como imputado por un delito de cohecho por la anulación de multas    
El ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, declarará mañana imputado por un supuesto delito de cohecho en relación con la investigación judicial que efectúa el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo por el sobreseimiento de multas de tráfico.
Así, está previsto que Otero preste declaración mañana a partir de las 10.00 horas en los juzgados de la capital luguesa, según confirmaron hoy fuentes próximas a la Subdelegación del Gobierno en Lugo.
Además, indicaron que en las próximas horas le será notificado el cese efectivo a Jesús Otero, que presentó su dimisión de forma voluntaria el pasado viernes tras acceder al cargo en 2004. Por el momento no ha sido designado su sustituto pero se baraja como relevo al secretario xeral en funciones de la Consellería de Traballo, José Vázquez Portomeñe.
A Otero le incriminó en la supuesta trama el ex jefe provincial de Tráfico, Julio González, que también declaró como imputado. La jueza que investiga los hechos sigue dos las líneas de investigación; una por el cobro por el sobreseimiento de multas y otra por favores personales, siendo esta última por la que fue inculpado el ex subdelegado.

LA RAZÓN, 03/03/2009, Isabel Naranjo     
El alcalde socialista de Alcaucín, acusado de cohecho y blanqueo. El PSOE andaluz planteará una moción de censura al regidor si no entrega su acta    
Blanco: «El PSOE responde como siempre, expulsando a los imputados»
málaga- El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, Jose Manuel Martín Alba, comparecerá hoy ante la titular del Juzgado 3 de Vélez-Málaga que dirige la investigación sobre la «operación Arcos» y que imputa al regidor socialista los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, y falsedad, en el marco de una causa en la que permanecen tambien arrestadas sus dos hijas por un supuesto delito de blanqueo.

EUROPA PRESS, 26/02/2009
CANARIAS. Pérez (PSOE) sostiene que Soria usa la legislación del Parlamento de Canarias para preparar su defensa por cohecho    
El diputado socialista cree que al legalizar los proyectos de Anfitauro se "devalúa" el reproche penal contra el consejero regional de Economía y Hacienda
El diputado socialista Santiago Pérez señaló hoy en declaraciones a Europa Press que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, está tratando de "usar el Parlamento regional para disponer de armas en su defensa judicial contra una imputación por cohecho, es decir, por haber recibido favores y regalos por parte de un empresario al que luego favoreció forzando la legalidad, que es lo que exactamente hizo Soria en su condición de presidente del Cabildo de Gran Canaria, y luego, como principal dirigente del PP en la Cámara legislativa".
Según Pérez, a la vista del contenido del Proyecto de Ley de medias urgentes y de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Partido Popular y Coalición Canaria, "Soria pretende, a través de estas modificaciones legislativas, que la declaración de interés de la isla de Gran Canaria, que en su día concedió el Cabildo presidido por el propio Soria a los proyectos turísticos de Anfitauro, y el informe favorable que acordó el Parlamento con los votos de CC y PP, todo esto, forzando los requisitos y las exigencias de la Ley de Moratoria, hoy se convierten en legales, es decir, lo que entonces era ilegal, a partir de estas modificaciones legislativas se convierten en legales".
"Por tanto, --continuó el diputado socialista-- los proyectos de Anfitauro no encontrarían en su tramitación ningún obstáculo legal, con lo cual, el favor que José Manuel Soria hizo a un empresario del que ha aceptado obsequios --un viaje gratis primero a Viena y después a Noruega-- sería un favor que quedaría convertido en algo a lo que el empresario tendría derecho a partir de estas modificaciones legales".
PÉRDIDA DE TRASCENDENCIA
Por todo ello, Santiago Pérez explicó que el reproche penal por un presunto delito de cohecho "se devalúa", es decir, "sigue siendo un reproche penal pero ya no sobre los tipos delictivos más agravados; ahora sería simplemente favorecer a alguien que le ha hecho a esa autoridad determinados obsequios pero por una actividad ya no contraria a la legislación".
Finalmente, el también responsable de Desarrollo Autonómico del PSC-PSOE sostuvo que al producirse una especie de legalización sobrevenida de los proyectos de Anfitauro, el reproche penal "pierde trascendencia y, sobre todo, el reproche político y social, que es lo que José Manuel Soria está buscando, además tratar de 'berlusconizar' el papel del Parlamento de Canarias en función del callejón sin salida en el que el propio Soria se ha metida como consecuencia de sus propios actos".

LA VOZ, 19/11/2008
Dos detenidos por tratar de sobornar a dos guardias civiles    Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de cohecho que intentaron cometer con dos agentes del instituto armado. Fuentes de la Guardia Civil han informado en un comunicado de que la investigación comenzó a principios del pasado octubre tras la denuncia presentada por los dos agentes ante sus superiores. Los denunciantes, que trabajan en La Línea, denunciaron que eran objeto de un «intento de extorsión» para que realizaran actividades ilícitas. La Guardia Civil inició la llamada operación Cabina bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de La Línea. Las fuentes informaron de que una persona se acercó a los dos agentes «para entablar conversación» y les ofreció una bolsa de caramelos en cuyo interior habían colocado un número de teléfono de contacto. Los presuntos delincuentes pretendían que los agentes facilitaran datos sobre vehículos y hora de paso por el control fronterizo a los responsables de una organización, presuntamente dedicada al contrabando de tabaco. Tras la identificación completa de los implicados fueron detenidos D. C. M., de 61 años y residente en San Roque ( Cádiz ), y A. J. P. R., de 31 y residente en La Linea.

ABC 17/03/2007

Archivada la querella del PSOE por la que dimitió una alcaldesa del PP    
P. GARCÍA ROBLEDO ÁVILA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha sobreseído la querella interpuesta hace más de un año por el PSOE contra la entonces alcaldesa de Cebreros
ÁVILA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha sobreseído la querella interpuesta hace más de un año por el PSOE contra la entonces alcaldesa de Cebreros, la popular Pilar García, que abandonó su cargo por aquella acusación.En su auto, la juez encargada del caso afirma que no se han hallado «indicios» de los seis presuntos delitos de los que se la acusaba, entre ellos los de prevaricación, falsificación de documento público, malversación de fondos, tráfico de influencias y cohecho.
La querella presentada en su día por el portavoz municipal del PSOE y secretario general del partido en Ávila, además de portavoz de Justicia de esta formación en el Congreso, Pedro José Muñoz, hacía referencia a un supuesto «conflicto de intereses» de Pilar García en la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales.

La Voz de Galicia, 16/03/2007
Carlos Punzón / E.V. Pita 
La defensa del caso Gondomar trata de anular las grabaciones El fiscal mantiene los cargos de cohecho para los cuatro acusados
Los abogados alegan que se indujo a cometer el delito y que las escuchas no fueron legales Los abogados de los implicados en el caso de presunta corrupción urbanística de Gondomar trataron de frenar ayer el proceso judicial abierto al poner en cuestión la legalidad de las grabaciones en las que quedaron registradas las supuestas peticiones de dinero a cambio de tramitar tres proyectos constructivos en el municipio pontevedrés. Los representantes legales de los cuatro imputados -el edil de Cultura, el de Urbanismo, un arquitecto vigués y la novia del primero- insistieron ante la juez en que las autorizaciones hechas por ella para pinchar los teléfonos y realizar una grabación de vídeo camuflada no se atuvieron formalmente a la normativa que las regula. Según ha podido saber La Voz de fuentes de la investigación, todas las grabaciones telefónicas se realizaron en los teléfonos del empresario y en los del despacho del arquitecto vigués, donde también fue tomada la película con una cámara camuflada en el cuerpo del denunciante. Según consta en el sumario, las grabaciones dan cuenta de la comunicación a los promotores de la obra por parte del arquitecto de la exigencia de los dos ediles de recibir 45 millones de pesetas a cambio de tramitar uno de los tres convenios urbanísticos objeto de sospecha. Fuentes judiciales aseguraron ayer que cada una de las llamadas telefónicas contaba con su autorización judicial expresa, emitiéndose una última genérica para cubrir varias conversaciones finales. «Incitados al delito» Además de tratar de invalidar las grabaciones como prueba de cargo, los letrados de los imputados reclamaron también el sobreseimiento del caso al mantener que existió «una incitación a la comisión del delito», con la existencia de una estrategia para provocar el cobro del cohecho. Sin embargo, dicha interpretación fue negada ayer por los promotores denunciantes, quienes aseguran que nunca trataron de incitar conversación alguna sobre pagos irregulares, aunque sí insistieron en que las peticiones de dinero fuesen hechas directamente por los ediles y sin ningún intermediario. El abogado del edil de Urbanismo incidió, en la comparecencia de los imputados celebrada ayer ante la jueza, en que su defendido sólo es citado en conversaciones telefónicas y en la grabación de vídeo por terceros, pero no existe ninguna prueba directa contra él. A pesar de las alegaciones presentadas, el fiscal mantuvo su imputación de tres delitos de cohecho para cada uno de los dos concejales y para el arquitecto vigués, y otro similar para la novia del edil de Cultura, José Luis Mosquera, quien desde el primer momento reconoció haber pedido dinero por los convenios urbanísticos.

La Opinión de Málaga, 15/03/2007
El juez Torres ve a la Junta más partícipe que perjudicada     
OPERACIÓN 'MALAYA' | Se deja abierta la posibilidad de que se presente como acusación popular    
l instructor del caso rechaza en un auto la intención del Gobierno andaluz de presentarse como acusación particular y le reprocha que "no haya podido, sabido o querido" ejercer sus competencias
José Vicente Rodríguez. Málaga
El juez Miguel Ángel Torres cree que la Junta de Andalucía no es parte perjudicada por los presuntos delitos investigados en la operación `Malaya´ sino que, por el contrario, y en atención a sus "amplias competencias" en materia de urbanismo, la situación del Ejecutivo regional está más próxima al responsable civil e incluso "se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo" como "beneficiario" de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas por el Ayuntamiento de Marbella hasta las detenciones del pasado año.
El juez, en un auto fechado el 28 de noviembre de 2006 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido en el tomo 65 del sumario, rechaza así "rotundamente" la intención de la Junta de Andalucía de personarse en la causa como parte "ofendida o perjudicada" en forma de acusación particular. Con esta interpretación, Torres desestimó en el citado auto el recurso presentado por los servicios jurídicos de la Junta.
El juez entiende que los supuestos delitos investigados en la operación `Malaya´ -cohecho, prevaricación, malversación o blanqueo de capitales- no afectan a la citada institución, ya que no es ni titular de los bienes ni ha sufrido los daños de forma inmediata o directa. En cualquier caso, se deja abierta la posibilidad de que la Junta se presente como acusación popular.

ABC 15/03/2007
La comisión eólica evita vincular a Henríquez
De «surrealista» calificó ayer la diputada Gloria Gutiérrez (PSOE) la intención del PP de vincular la «trama eólica» al socialista José Francisco Henríquez a la hora de redactar las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga responsabilidades políticas en la licitación de parques eólicos. El magistrado Miguel Angel Parramón, a cargo de la causa judicial, ya levantó las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias a Henríquez.
El borrador de las conclusiones podría alcanzarse en una reunión este lunes, con una cantidad importante de coincidencias entre el PSOE y CC, aunque no se descarta que incluya también votos particulares sobre algunos asuntos. La diputada nacionalista Belén Allende mostró su extrañeza por las especulaciones acerca de un posible acuerdo de su formación con el PP para «cambiar cromos» y restar peso a las conclusiones de esta y de la otra comisión, que investiga las irregularidades en la Dirección del Tesoro cuando estaba a cargo de Alberto Amorós.

ABC, 15/03/2007, Los abogados del caso eólico acuden a defectos formales como defensa 
P.ALCALÁ / B.SAGASTUME LAS PALMAS / SANTA CRUZ. La vista celebrada ayer el el Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que pone proa a la celebración del juicio sobre las presuntas
LAS PALMAS/SANTA CRUZ. La vista celebrada ayer el el Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que pone proa a la celebración del juicio sobre las presuntas irregularidades en torno al concurso de energía eólica convocado por el Gobierno de Canarias, dejó dos hechos noticiables y una rotunda afirmación de uno de los imputados: «No debe haber juicio porque no hay material delictivo», dijo el abogado del empresario Alfredo Briganty.
En el apartado de ausencias, la de las acusaciones particulares del PP, el PSC y de Alberto Santana; en resumen de los hechos, la esperada petición de sobreseimiento de los cargos por parte de los abogados de todos los imputados.
A esta última posibilidad a a la de la ausencia de «material delictivo», se aferran con mayor esperanza tres de los imputados: Jesús González Martín, Héctor Roberto Carrasco Escalante y Francisco Ortega, cuya petición ha sido avalada también por el fiscal anticorrupción, Luis del Río, que deja la decisión en manos del juez instructor, Miguel Ángel Parramón, que en un plazo máximo de cinco días deberá decidir al respecto.
En la menguante lista de imputados quedan, además de los tres señalados, el ex director general de Industria Celso Perdomo, acusado de cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias; Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y compañera sentimental de Perdomo, acusada de cohecho y malversación de caudales; Honorato López, jefe del área de Industria en la Consejería, a quien el juez imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada; y los empresarios Alfredo Briganty, José Ignacio Esquível, José Luis de Santiago Gorrochategui, y Enrique Guzmán, acusados estos de cohecho y tráfico de influencias.
En el caso de los tres imputados sobre los que el ministerio público ha solicitado el sobreseimiento, basa su solicitud al considerar «inconsistentes, falsas o no probadas» algunas de las pruebas presentadas en su contra, toda vez que muchas de ellas se basan exclusivamente en testimonios de otros declarantes o en movimientos dinerarios cuya relación con el caso no ha sido suficientemente probada.
Es el caso de Carrasco Escalante, empresario y ex director de Carboneco Canarias S.L., de quien se consideraba que podría haber pagado 23.000 euros a Enrique Guzmán, uno de los imputados, que habrían acabado supuestamente a manos de Celso Perdomo por una operación de compra de terrenos en Granadilla, cuestión ahora no suficientemente aclarada.
Defectos de forma
En declaraciones recogidas por ACN, el abogado de Alfredo Briganty, José Vicente Reig señaló una serie de defectos formales que en su opinión invalidarían el proceso, así como la posibilidad de que sea un jurado quien se ocupe del caso.
Según Reig, «las acusaciones revelan que el procedimiento del jurado tiene que iniciarse por denuncia o querella y a la mayoría no se les ha remitido. Por tanto, falta elemento fundamental para ir ante el jurado», El letrado afirmó también que según la ley, «cuando hay denuncia tiene que procederse a una valoración de su verosimilitud, si es cierta o no, si es exacta o no, y no se ha hecho nada de esto sólo se han pinchado teléfonos, se han intervenido correos electrónicos y derechos fundamentales».
Así mismo, Reig criticó que la imputación que ha hecho el Ministerio Público «ha sido indeterminada, difusa y no ha concretado tipos delictivos ni fechas, ni lugar».

Europa Press, 14/03/2007
MURCIA .- El juzgado número tres de Murcia decidirá si admite a trámite la querella del fiscal jefe sobre La Zerrichera    
El juzgado de instrucción número tres de Murcia, cuya titularidad ostenta el magistrado Antonio Alcázar Fajardo, será el encargado de decidir si admite a trámite o archiva la querella interpuesta por fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, contra cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un ex concejal del PP de Águilas por el caso de La Zerrichera (Águilas), según informaron fuentes del TSJ en una nota de prensa.
La querella llegó al juzgado de instrucción número tres de Murcia después de que, el decano de los jueces de Murcia, José Moreno Hellín, y la secretaria decana, Concepción Parra Martínez, efectuaran a primera hora de hoy el oportuno reparto, tras inhibirse en la admisión de la misma el titular del juzgado de instrucción número tres de Lorca, Juan Alcázar, donde se había remitido en un principio.
Así, el titular del juzgado de instrucción número tres de Lorca, Juan Alcázar, dictó un auto por el que se inhibía en la admisión a trámite de la querella interpuesta por el fiscal jefe del TSJ sobre La Zerrichera, por "falta de competencia territorial". En consecuencia, la querella, con la documentación aportada, fue remitida al juzgado de instrucción decano de Murcia, que repartió hoy el caso.
La querella imputaba a cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un ex concejal del PP de Águilas, los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
En concreto, iba dirigida contra la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López.
De esta forma, la querella fue presentada por López Bernal después de la investigación que llevó a cabo por la recalificación del paraje de La Zerrichera, protegida como LIC y ZEPA, para construir una urbanización. 


Nota importante: En estos momentos investigamos el COHECHO y la Competencia Desleal en la Operación Guateque en http://www.miguelgallardo.es/guateque

Como puede apreciarse, el delito de cohecho suele estar relacionado con el de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversaciónprevaricación y falsedad con extorsiones pero con trabajo pericial riguroso pueden evidenciarse mediante MENTIROSCOPIA y evalucación crítica del testimonio.

Para probar en juzgados de instrucción penal  el delito de cohecho, y también las denuncias falsas podemos ofrecer los servicios profesionales de un  perito judicial ingeniero criminalista  criminólogo informático mediador y agente comercial dispuesto a compartir experiencias con otros agentes comerciales peritos reconstructores ingenieros informáticos criminólogos criminalistas y en general, peritos judiciales sus conocimientos, y en especial a abogados y a abogados de abogados. Estudiamos, entre otros delitos, la prevaricación y las estafas amenazas usurpaciones mentiras falacias daños secretos y tenemos experiencia en autograbaciones escuchas transcripciones telecanalladas contraespionaje y criptología

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