ESTAFAS Y apropiaciones indebidas

Investigación y Prueba Pericial de la ESTAFA

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Perito JUDICIAL  Miguel Gallardo, criminólogo ingeniero licenciado en Filosofía y MAGO  EVIDENCIADOR con E-mail: cita902998352@gmail.com 

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Para investigar una estafa (en la que hay que probar engaño y perjuicio patrimonial), al igual que en las apropiaciones indebidas, o las INSOLVENCIAS PUNIBLES el princial problema es la evidencia sin ningún género de dudas mediante una pieza de convicción por lo que es necesario conocer bien el engaño del estafador y los medios de prueba que admitan abogados fiscales jueces y magistrados (que casi nunca están de acuerdo entre sí sobre lo que es prueba necesaria y suficiente, o no). La falsedad, la mentira o las falacias más hábilmente intencionadas y su MENTIROSCOPIA aplicada al testimonio controvertido deben ser probadas en procedimientos judiciales mediante una criminalística. La prueba del engaño debe basarse en documentos, testimonios y pericias, siendo estas últimas realizadas por expertos de reconocido prestigio con una metodología riguosa y creíble. En cualquier caso, las acusaciones para inculpar, especialmente cuando existe la posibilidad de que se interpreten como denuncias falsas, deben considerar muy cuidadosamente alguno de los siguientes artículos del Código Penal, concretamente:

CAPÍTULO VI DE LAS DEFRAUDACIONES SECCIÓN 1 DE LAS ESTAFAS Artículo 248

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero.

3.  La misma pena se aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Artículo 249.  

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Artículo 250.

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

Se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.

Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.

Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

Revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

2. Si concurrieran las circunstancias 6 o 7 con la 1 del número anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 251.

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

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LA NUEVA ESPAÑA, 15/03/2009

Madoff: «Confieso que he estafado»    

Fraude en Wall Street La declaración ante el juez muestra al broker como un embaucador que calculó con precisión su delito y convivió con la certeza de que llegaría a ser detenido      

Oviedo, José Luis SALINAS

«Sabía que lo que hacía estaba mal, incluso penalmente. Cuando empecé con el fraude tenía la esperanza de acabar pronto con él. Sin embargo, resultó muy difícil y en los últimos años me fue imposible». Así comenzaba el financiero estadounidense Bernard L. Madoff, acusado de urdir durante años una estafa de 50.000 millones de dólares (unos 37.470 millones de euros), su declaración ante el juez Danny Chen. Madoff se declaró, durante su intervención en el Juzgado neoyorquino, culpable de los once de los cargos de los que se le acusa, entre ellos fraude con acciones, asesoría de inversión y en transferencias bancarias, fraude postal, declaraciones falsas y perjurar. «Mientras pasaban los años me di cuenta de que mi arresto y mi juicio serían inevitables. Hoy estoy aquí para aceptar la responsabilidad de mis delitos», señaló. Entre su cartera de clientes figuran instituciones caritativas, personalidades adineradas, universidades y bancos.

«Señor Madoff díganos lo que ha hecho», le pidió el juez Danny Chen en cuanto el neoyorquino se sentó en el banquillo de acusados de una de las salas del Juzgado. Su explicación comenzó así: «Mi fraude empezó a principios de la década de los 90. Por esas fechas el país estaba en recesión y tenían un problema de seguridad en sus mercados de inversiones. Sin embargo comencé a recibir clientes que esperaban sacar rentabilidad invirtiendo su dinero». En su declaración, el americano explicó detalladamente cómo había diseñado su estafa y aseguró sentirse «profundamente arrepentido y avergonzado». «Soy terriblemente consciente de que he herido a mucha gente, incluidos a los miembros de mi familia, mis amigos más cercanos, mis socios de negocio y a miles de clientes que me dieron su dinero», declaró el inversor americano, de 70 años.

El mecanismo de la estafa era sencillo. Madoff, según explicó, prometía a sus clientes cuidar de sus ahorros invirtiéndolos en un falsa bolsa de acciones del índice Standar & Poor's, en el que están incluidas las cien empresas comerciales más grandes en función de su capitalización. En cambio, el dinero que le confiaban sus clientes iba directamente dirigido a una cuenta que el financiero tenía en el banco Chase de Manhattan, ubicado frente a la sede de la Reserva Federal. Allí amasó su fortuna y cuando alguno de sus clientes le pedía retirar su dinero, echaba mano de esta cuenta para devolvérselo. «Mis clientes recibían de forma periódica documentos sobre el estado de sus inversiones que se emitían desde mi oficina de Manhattan. Con esos papeles en la mano no tenían forma de saber que nunca había realizado las transferencias. Yo era el único que sabía que estos papeles eran falsos», apuntó ante el juez.

Para ocultar su fraude, Madoff falsificó nombres de clientes y empleados y compró valores en mercados fuera de Estados Unidos. Gracias a estas maniobras consiguió sortear durante años los controles de la Comisión del Mercado de Valores americana, cuyas siglas en inglés son SEC. Pero un día, a mediados de los 90, la autoridad reguladora se presentó en la oficina del inversor; querían revisar toda sus documentación. La visita no pilló a Madoff de sorpresa, lo tenía todo preparado. «Falsifique certificados e informe de auditorías financieras. Cuando la SEC me mandó testificar, a sabiendas de que estaba bajo juramento e incurría en falso testimonio, expuse operaciones comerciales y declaraciones de cuentas de clientes falsas», confesó el inversor.

El neoyorquino aseguró haber sido el único responsable del fraude. Aseguró que el resto de los negocios englobados bajo la firma Bernard L. Madoff, que estaban dirigidos por su hermano y sus dos hijos, «eran legítimos, rentables y exitosos en todos los sentidos».

Durante los últimos años el inversor uso también otra vía para ocultar su fraude ante las autoridades. Explicó: «Transfería parte del dinero de banco Chase de Manhattan a una cuenta de una de las filiales de mi negocio legítimo en Londres. Así logré apoyar en mi declaración que había comprado y vendido acciones para mis clientes en los mercados europeos». Y garantizó que «los salarios de los trabajadores de mi negocio nunca fueron financiados mediante las operaciones del lado ilegítimo de la firma».

En cuanto Madoff terminó de explicar cómo montó su estafa y de qué forma eludió todos los controles de las autoridades, Danny Chen ordenó el ingreso inmediato en prisión para el inversor, donde permanece desde el jueves. Todos los cargos que se le imputan implican una condena de un máximo de 150 años de cárcel. El juez dará a conocer el próximo 16 de junio la sentencia.

LA VOZ DE GALICIA, 04/11/2008, López Penide        

El ex presidente de los Jóvenes Empresarios, acusado de estafa

El fiscal solicitará este jueves dos años para José Miguel Gil Mayoral en la Audiencia        

Este jueves el que fuera presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, José Miguel Gil Mayoral, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por una supuesta estafa. El fiscal, en principio, tiene previsto solicitar dos años de prisión. Según relata el ministerio público en su escrito, el encausado, actuando como administrador único de Valciño Servicios Financieros S.L., otorgó escritura pública de compraventa de unos terrenos ante una notaría cambadesa con un matrimonio. Corría el mes de octubre del 2004 y por este documento, según sostiene la acusación, les transmitía la propiedad de cuatro fincas ubicadas en el lugar de A Igrexa, en la parroquia sanxenxina de Nantes. Sin embargo, meses más tarde, concretamente el 3 de febrero del 2005, todo parece indicar que la entidad Valciño Servicios Financieros obtuvo un préstamo hipotecario de 42.000 euros, siete millones de las antiguas pesetas. En este punto, el fiscal mantiene la tesis de que esta actuación se formalizó mediante una escritura pública en una notaría de la ciudad de Pontevedra y «en la cual se constaban en garantía del préstamo las cuatro fincas anteriormente vendidas». Al parecer, el caso se destapó debido al «incumplimiento por parte del acusado de la obligación de pago derivada de la operación» citada. Esta situación determino que la persona que acordó el préstamo hipotecario con el encausado optase por interponer una demanda ejecutiva. Tras acudir a la vía judicial, el Juzgado de Primera Instancia optó por proceder «a la traba de las fincas objeto de garantía, por lo que en fecha 25 de enero del 2006 presenta demanda de tercería de dominio» contra, entre otros, Gil Mayoral. En este punto, el representante del ministerio público incide en que, en uno de los expedientes judiciales abiertos, «el título de propiedad que se presenta es el mismo que sirvió de base para el otorgamiento del préstamo». Durante la jornada de ayer, La Voz de Galicia intentó infructuosamente ponerse en contacto con José Miguel Gil Mayoral para recabar su versión de lo ocurrido.

EL MUNDO, 30/10/2008

El fiscal pide cuatro años para la esposa y la suegra del torero 'Jesulín' por estafa      

CADIZ.- La Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión por estafa para María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y 10 años para el ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) Carlos Carretero y el inspector médico Francisco Casto por la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad.

En el escrito de calificación provisional remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, aparecen 24 personas imputadas en el conocido como caso Karlos, nueve menos que las que estaba inicialmente acusadas, informa Efe.

Según las diligencias previas, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita a través de la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para personas a las que previamente captaba y a las que exigía determinadas cantidades de dinero.

Entre los procesados se encuentran cuatro médicos y dos ex policías locales, así como María José Campanario y su madre, Remedios Torres, a quienes se acusa de un delito de estafa y colaboración en un delito de falsedad, por los que la Fiscalía reclama penas de cuatro años y seis meses.

Según el escrito, María José Campanario le entregó 18.000 euros a Carlos Carretero para que su madre lograra una pensión por incapacidad laboral, a pesar de que no reunía los requisitos, porque ni siquiera trabajaba y ya tenía reconocida una minusvalía sin derecho a prestación.

 

EL NORTE DE CASTILLA, 29/10/2008, J. MORENO      

Un cliente reclama 121.000 euros a un banco tras una estafa en Internet      

Los autores fueron detenidos, pero el usuario sostiene que el Santander no garantizó la seguridad      

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid deberá resolver la demanda civil promovida por un cliente vallisoletano del Banco Santander que fue víctima de una estafa a través de una operación de 'phishing', o pesca informática en Internet, por la que perdió 121.000 euros.

Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 31 de julio del 2007 cuando el cliente, que tenía dado de alta el servicio de banca electrónica, procedió a realizar una operación utilizando la página web del Santander. Según la demanda, el reclamante entró en la página creyendo que estaba en el espacio habilitado por el banco para sus clientes. Allí comenzó a operar era una web falsa creada por un grupo de estafadores, que fueron posteriormente luego localizados.

Mediante este supuesto portal, lograron hacerse con las claves y datos personales para poder luego operar no sólo detrayendo diversas cantidades, sino que incluso procedieron a vender un paquete de acciones de una compañía.

Pese a que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía trataron de localizar la totalidad del dinero depositado en una cuenta, ya habían desaparecido unos 121.000 euros. Tan sólo se pudo recuperar cerca de 24.300 euros.

Ahora, el cliente reclama al Banco Santander la devolución de la cantidad depositada, una circunstancia que rechaza la entidad financiera que asegura que puso todas las medidas de seguridad exigibles en ese momento.

Fuentes jurídicas destacaron ayer la novedad de este delito de 'estafa tecnológica' en Valladolid, por cuanto que es la víctima afectada la que reclama a la entidad en la que había depositado su confianza a la hora de operar mediante este tipo de transacciones. De hecho el cliente llevaba operando con el Santander cerca de 15 años.

La generalización de las operación por medio de Internet ha servido para que los delincuentes informáticos empleen medios sofisticados con los que obtienen rápidamente dinero sin el uso de la fuerza ni la amenaza como es habitual en los atracos clásicos a los bancos. Mediante el sistema empleado lanzan cientos de pantallas simuladas y en algún momento alguien 'pica' y comienza a operar pensando que está dentro de una web segura. La vista oral por esta reclamación está prevista para el 28 de enero del 2009 después de que el procedimiento haya sufrido varios retrasos por motivos ajenos a la Administración de Justicia.

 

DIARIO DE NAVARRA, 25/10/2008

Detenido en Costa Rica acusado de presunta estafa de 18 millones      

Natural de Santesteban y de 71 años, le buscaba un juzgado guipuzcoano y la Policía Nacional le acusa además de blanqueo de capitales      

Un hombre de 71 años natural de Santesteban, Pedro José Urrutia Urrutia, ha sido detenido en Costa Rica después de que el Cuerpo Nacional de Policía le buscara por presunto blanqueo de capitales y supuesta estafa de 18 millones de euros a cinco empresas europeas, entre ellas una guipuzcoana, Indaux, de Getaria. Fue arrestado en virtud de una orden de un juzgado de Azpeitia, que investiga el presunto fraude. Urrutia ha sido condenado tres veces en Barcelona por delitos de estafa y apropiación indebida, mientras que en Mataró hay abierto un sumario contra él por una causa de estafa. Lleva dos años viviendo en Costa Rica.

LA VOZ DE GALICIA, 24/10/2008, A. Mahía        

Juzgan por estafa a un guardia civil que pedía dinero a cambio de pisos embargados    

Un agente de la Guardia Civil podría enfrentarse a una condena de tres años y medio de prisión como supuesto autor de un delito continuado de estafa, por lo que será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de A Coruña. Los hechos se remontan al año 2005. El procesado, guardia civil en ejercicio, contactaba con sus supuestas víctimas en distintas cafeterías de A Coruña para sacarles importantes cantidades de dinero ofreciéndoles a cambio, según el fiscal, pisos o automóviles que iban a salir a subasta. Con el pretexto de que tenía contactos en los juzgados, el imputado prometía a las víctimas hacerse con propiedades por una pequeña cantidad de dinero, lo que al final nunca ocurría. Contactos por ser guardia A la primera de las víctimas la conoció en una cafetería de la avenida de Finisterre, en A Coruña. El guardia le propuso la compra de una vivienda y de un coche procedentes de sendos embargos judiciales en unas ventajosas condiciones económicas. «Le hizo creer, de modo fraudulento, que por su cualidad de guardia civil mantenía contactos con las oficinas judiciales, y que él podía mediar a cambio de 1.730 euros como adelanto por sus gestiones», según sostiene la acusación pública. «Similares artimañas empleó con otro hombre», al que conoció en la cafetería de la estación de autobuses de A Coruña. Asegura el fiscal que el procesado le mostró a esta nueva víctima su carné de guardia civil y, alegando los contactos judiciales, «lo persuadió para comprar unos vehículos que, según decía, se encontraban en Málaga tras haber quebrado la empresa de leasing a la que pertenecían. Así, consiguió que el hombre le entregase 7.760 euros. También le propuso la compra de un piso, pidiéndole como señal otros 3.000 euros. Última víctima Por la misma época, contactó con otro hombre. A este, según el escrito de calificación fiscal, le propuso la compra de un piso en la exclusiva calle Juan Flórez. A este le pidió como adelanto 1.400 euros. La víctima le entregó el dinero y, como los anteriores, nunca vio pisos, coches ni dinero alguno.

INFORMACIÓN, mié, 21/03/2007

La Fiscalía imputa a Dermoestética por presunta estafa en las prótesis      

La Fiscalía de Valencia ha imputado a Corporación Dermoestética por un presunto delito de estafa continuada al cobrar un precio superior al real en las prótesis mamarias que implanta a sus pacientes. El Ministerio Público ha trasladado ya a un juzgado penal la instrucción del caso tras la denuncia que ha presentado el cirujano Jaume Serra, según confirmó la televisión autonómica catalana TV3.

En la denuncia contra la clínica con sede social en Valencia se constata que Dermoestética explicaba a las pacientes que les implantarían unas prótesis de gama alta y en su lugar colocaban unas de calidad y precio inferior. La dirección de la firma valenciana, que sostiene no haber recibido ninguna notificación judicial sobre la citada imputación, niega en declaraciones a este diario los mencionados hechos y destaca que «ha actuado siempre dentro de la legalidad y no ha habido ninguna estafa a los clientes», explicó ayer una portavoz de la clínica.

Además, la empresa indica que esta acusación ha sido presentada por un ex trabajador  -Jaume Serra prestó servicios en clínicas de la entidad hasta mayo de 2006- al que Dermoestética ha denunciado por «revelar secreto profesional» y «quebrantar el sistema de protección de datos de la empresa». Por otro lado, la dirección de la clínicas recuerda, tal como indica la Sociedad Española de Cirugía Estética, que es el cirujano y no la clínica quien decide el modelo de prótesis mamarias que se implanta a las pacientes. Sea como fuere, la fiscalía también analiza otras denuncias contra Dermoestética en Albacete y Castellón, cuyas clínicas pertenecen a la misma dirección territorial que la de Valencia. Según TV3, al menos dos pacientes supuestamente estafadas han expuesto sus casos a la Conselleria de Sanidad.

Además, se nombró administraciones sociales a Fernando P.V. y al citado vendedor, que en febrero de 1990 obtuvieron un crédito hipotecario de 150 millones de pesetas para afrontar el coste de las obras de rehabilitación del edificio y el desalojo de los inquilinos.

El segundo de ellos cesó como administrador en mayo de 1990, nombrándose entonces para el cargo al tercer acusado, aunque según la sentencia éste no ejerció como tal, sino que la gestión personal y única de la sociedad INMOPISA quedó en manos de Fernando P.V..

Las obras se iniciaron y se consiguió el desalojo de todos los inquilinos, llegándose a vender algunos de los elementos de la futura construcción a dos personas, pero la sociedad no consiguió hacer frente al préstamo hipotecario, lo que provocó que la entidad bancaria acreedora ejecutase la hipoteca, perdiendo así la propiedad el edificio. Finalmente, algunos de los socios demandaron en 1992 a los implicados en el negocio debido a supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad.

EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA, mié, 21/03/2007, I. BRAVO CACERES          

Un empresario, condenado por estafa dos veces en tan solo tres meses      

EN MAYO DEL 2002 ENGAÑO A TRES EMPRESAS CON PAGARES SIN FONDOS A los 3 años de prisión de la primera condena, suma ahora 3 y medio    

Un empresario al que la Audiencia Provincial ya juzgó y condenó a principios del pasado mes de enero por un delito de estafa --pagó 41.886 euros por la compra de 50 terneros con pagarés sin fondo--, ha vuelto a ser juzgado y condenado por otro delito continuado de estafa. En esta ocasión abonó con cheques sin fondo 14.358 euros por la compra de 14 añojos y 26.230 euros por la de 26 bovinos.

Así, a la condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de 2.730 euros, además del pago de una indemnización de 41.886 euros al propietario del cebadero al que estafó en la compra de los terneros, que la Audiencia impuso ya en enero pasado a Sebastián Tardío Pozo, suma ahora éste otra condena de 3 años y medio de prisión, multa de 2.750 euros y el pago de 40.588 euros en indemnizaciones (14.358 a la empresa a la que estafó en la compra de los 14 añojos y 26.230 euros a la que estafó en la compra de los 26 bovinos).

Los hechos por los que Sebastián Tardío fue juzgado el pasado día 6 y ahora ha sido condenado --por los que se le impuso la primera condena informó este diario en su edición del pasado 9 de enero-- ocurrieron hace casi cinco años. Fue en mayo del 2002 cuando, tras ganarse la confianza del gerente de una cooperativa de cárnicas consiguió que le permitieran llevarse 26 bovinos, por importe de 26.230,70 euros, tras asegurar que los pagaría mediante un cheque, algo que no llegó a hacer, pues en la cuenta no había fondos. La misma operación la había realizado el día antes en otra empresa con la compra de 14 añojos, por importe de 14.358,14 euros.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial ha declarado a Sebastián Tardío Pozo autor de un delito continuado de estafa, por el que le impone una condena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión y 9 meses de multa a razón de 10 euros diarios (multa de 2.750 euros), además 40.558 euros en indemnizaciones.

ALTO ARAGÓN, mié, 21/03/2007, J.O.        

El IASS denuncia una supuesta estafa a personas tuteladas por 200.000 euros    

EL CASO YA ESTÁ EN EL JUZGADO El denunciado, un funcionario, está expedientado y suspendido de empleo y sueldo    

HUESCA.- El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha denunciado a un funcionario por una supuesta estafa a personas tuteladas. Al parecer, prevaliéndose de su capacidad para controlar bienes patrimoniales de estas personas se hizo con diversas cantidades que suman unos 200.000 euros. El funcionario, en situación de interinidad en la función pública, está expedientado y suspendido de empleo y sueldo, según indicó el director gerente del IASS, Javier Callau.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca diligencia el caso, en el que ha intervenido la Fiscalía. La supuesta estafa fue detectada por el IASS e “inmediatamente” fue denunciada, indicó el director gerente. Además, agregó el máximo responsable del instituto, se pasó a adoptar medidas sancionadoras por la vía administrativa al presunto responsable de estos hechos. “Obviamente -dijo- dejó de tener contacto con las personas tuteladas en cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos”.

LEVANTE, vie, 16/03/2007El promotor del campo de golf y 800 viviendas paralizadas en Teruel fue juzgado por estafa en IbizaEl promotor del campo de golf y 800 viviendas paralizadas en Teruel fue juzgado por estafa en Ibiza

Tres suministradoras de la construcción le acusaron de actuar para impedirles el cobro de una deuda

El administrador único de la empresa con sede social en Siesta (Baleares), Ciudades de Otoño, cuya propuesta de campo de golf y 800 viviendas en Aragón ha sido paralizada por la administración por carecer de licencia y realizarse en suelo rústico, fue juzgado en Ibiza el pasado 7 de febrero imputado por las firmas afectadas por tres estafas e igual número de delitos de alzamiento de bienes. La Fiscalía realizó una petición de condena de dos años, al considerar que sólo se ha producido un delito de alzamiento.

Tres empresas de suministros de la construcción denunciaron a Vicente Bernardo Orts como gerente de la sociedad que construía el residencial Isla Blanca, en Santa Eulària, acusándole de realizar unas operaciones mercantiles encaminadas a impedirles el cobro de los más de 240.000 euros que les debía.

Según los denunciantes, el acusado les ofreció como pago la suscripción de hipotecas sobre unas parcelas del complejo que todavía estaba por construir, un crédito que cobrarían si la deuda no se cubría antes de 1999. Las gestiones se realizaron ante una notaría de Valencia que, según los afectados, tardó más de un año en hacerles llegar copia de las escrituras. Ante esta tardanza, algunos de los afectados intentaron inscribir las parcelas a su nombre en el registro de la propiedad, momento en el que descubrieron que estas habían sido vendidas por J.A.M., quien se había convertido en administrador de la sociedad.

No actuó «de mala fe»

Por su parte, Vicente Bernardo Orts negó en todo momento haber actuado

«de mala fe»

y resaltó que llegó a cubrir parte de la deuda con su patrimonio personal.

Su defensa mostró su extrañeza porque los afectados hubieran esperado meses o incluso años antes de intentar inscribir las fincas a su nombre y que, al descubrir que no podían hacerlo, tenían la posibilidad de reclamar otras parcelas propiedad de la sociedad que no tenían cargas pendientes ni habían sido transmitidas. El 4 de octubre del pasado año la delegación de Hacienda en Ibiza emitía una resolución por la que acordaba el embargo preventivo a Promtec, de la que Orts es administrador único, de un Hummer H2, un Mercedes CLS 500 y un Porsche Cayman S. Todo ello por deudas de Residencial Illa Blanca, firma de la que también era el máximo gestor.

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