Alzada al Pleno del CGPJ por Secretaria judicial Elena Fernández García en Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid recurso de revisión Juicio Ordinario 498/2014

Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ (recurso de alzada) con copia a Fiscalía, Secretaría de Gobierno del TSJ y Juzgado de 1º Instancia 72 de Madrid por hiperenlaces en www.cita.es/alzada-secretaria y www.miguelgallardo.es/alzada-secretaria.pdf

Como mejor proceda, se presenta RECURSO DE ALZADA contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid en el P.O. 498/14 (división herencia) que inadmite el recurso de revisión que se adjunta, con las siguientes ALEGACIONES:

1º El Juzgado ignora por completo el Reglamento 1/2005 del CGPJ, así como el art. 235 LOPJ y arts. 24, 105 y 120 de la Constitución Española, impidiéndose el ejercicio de cualquier derecho a quien ha sido citado como testigo sin tener ningún conocimiento de por qué y para qué o sobre qué debe de testificar el próximo 24.9.15.

2º No es el único caso que conocemos, y padecemos, de secretarios judiciales que ignoran ese reglamento, tal vez deliberadamente. Por ese motivo, hemos puesto en conocimiento del Secretario de Gobierno del TSJ los hechos, sin recibir su respuesta.

3º El tratamiento que se da a un particular a quien se le obliga a comparecer en un juicio tan privado como lo es una división de herencia contrasta con las grandes dificultades, o la absoluta imposibilidad de conseguir que se cite a funcionarios públicos en juicios y más aún informes de la Administración por el art. 381 de la LEC. Es decir, que los particulares estamos expuestos a todo sin derecho alguno, y los funcionarios prácticamente a nada.

4º El único hecho sobre el que pudiera yo testificar es un asunto penal que ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, y volvemos a pedir que sea el mismo Juzgado quien dé traslado de nuestros escritos a la Fiscalía, a la vista de que ni siquiera tenemos un acuse de recibo sobre hechos tan graves como los denunciados, y sin embargo, se nos cita para dividir una herencia que posiblemente tenga origen ilícito a la vista de las actividades de funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM en empresas privadas como las citadas en la documentación adjunta.

Por lo expuesto, al Pleno del CGPJ solicito que, estimando este RECURSO DE ALZADA anule las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid en el P.O. 498/14 (división herencia), y se me informe y documente sobre cuanto me afecte o tenga derecho como testigo citado y se dé traslado a la Fiscalía de la documentación adjunta con cuanto pudiera ser indicio racional de delito de funcionario o empleado público, por ser de hacer Justicia que pido en Madrid, a 22 de junio de 2015.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz

Teléfono: 902998352, Fax: 902998379 (solicitando pronto acuse con hoja sellada)

preferentemente por E-mail: miguel902998352@gmail.com

Al secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, DENUNCIA

Y Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid, Teléfono: 91 493 29 07 Fax: 914932911 y 914932965

Juicio Ordinario 498/2014, María Esther Alfaro Martínez contra Carolina Ahnert Iglesias

Con copia a la Fiscalía de Madrid y Fiscalía Anticorrupción por hiperenlaces www.cita.es/denuncia-secretaria y www.miguelgallardo.es/denuncia-secretaria.pdf

Considerando la diligencia de ordenación de la secretaria judicial Elena Fernández García notificada el pasado viernes 29.5.15 como mejor proceda aquí denuncio estos HECHOS:

1º La secretaria judicial denunciada ignora, sea negligentemente o sea deliberadamente, que los escritos que, como testigo citado por ella misma, considero que los hechos de los que he tenido conocimiento son indicios de delitos públicos, o al menos, son faltas muy graves tipificadas en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público.

2º También ignora que en el primero menciono expresamente el Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales del CGPJ que parece desconocer, y que en el segundo presento RECURSO DE REVISIÓN, al amparo del mismo porque:

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de procedimiento, el acuerdo denegatorio del Secretario judicial será revisable por el Juez o Presidente a petición del interesado, que lo deberá solicitar en el plazo de tres días desde la correspondiente notificación. Si, transcurridos dos días desde la solicitud, no hubiere recaído acuerdo expreso del Secretario, ni se hubiere expedido el testimonio o certificación solicitados, ni realizada tampoco la exhibición de que se trate, se entenderá que la petición ha sido denegada y, en su consecuencia, el interesado podrá ejercitar ante el Juez o Presidente el derecho de revisión mencionado anteriormente. Contra el acuerdo del Juez o Presidente se podrán interponer los recursos establecidos en el Reglamento número 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de Gobierno de Tribunales. (cita textual del Reglamento 1/2005 invocado)

3º Aunque es lamentablemente frecuente, los secretarios judiciales que ignoran el Reglamento 1/2005, así como el art. 235 LOPJ y arts. 24, 105 y 120 de la Constitución Española impiden, en ocasiones de manera injusta a sabiendas, el ejercicio de derechos fundamentales obstruyendo cualquier posible tutela judicial o recurso de alzada al pleno del CGPJ que, en este caso, entendemos que ya podemos presentar dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al pasado 29.5.15, pero no sin denunciar antes la negligente o deliberada ignorancia de la secretaria judicial Elena Fernández García.

Por lo expuesto, sin perjuicio de ningún otro derecho que pueda asistirme, presento denuncia aportando el RECURSO DE REVISIÓN adjunto ignorado por la denunciada y solicitando que se incoe expediente en esta secretaría de gobierno en el que se me tenga por personado, en Madrid a 31 de mayo de 2015.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, Tel.: 902998352, Fax: 902998352

Enlace www.cita.es/denuncia-secretaria y www.miguelgallardo.es/denuncia-secretaria.pdf

Se adjuntan 9 páginas con documentación relevante sobre los hechos aquí denunciados.

Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid, Teléfono: 91 493 29 07 Fax: 914932911 y 914932965

Juicio Ordinario 498/2014, María Esther Alfaro Martínez contra Carolina Ahnert Iglesias con hiperenlaces relevantes en Internet www.miguelgallardo.es/esther-alfaro-2.pdf (revisión)

Con copia al fiscal Manuel Moix en la Fiscalía de Madrid y Fiscalía Anticorrupción

No he recibido ninguna resolución del Secretario Judicial sobre mi escrito de 5.4.15 en el que solicitaba la propuesta de mi comparecencia como testigo y cuanto se pueda conocer sobre los negocios de los empleados públicos José María Aragonés y la aquí demandada Carolina Ahnert Iglesias. Por teléfono se me ha informado de que mi escrito se trasladaría a las partes, a lo que no me opongo, pero como estoy decidido a agotar los recursos que ofrece el Reglamento 1/2005 del CGPJ, como mejor proceda presento este RECURSO DE REVISIÓN ante S.S. previo al de alzada al Pleno del CGPJ y además, también yo mismo doy traslado de este escrito a la Fiscalía por si los hechos fueran delictivos. Las dos cuestiones que entiendo que deben resolverse son los derechos de un testigo (aunque la parte que le propone reconoce que le considera un experto que no ha presenciado ni tiene conocimiento de nada que deba testificar y por lo tanto debería ser perito y no testigo), y por otra, si como tal, puede conocer lo único que le interesa en un pleito privado, y es documentar los negocios de empleados públicos en la Universidad Politécnica de Madrid UPM. En este caso, José María Aragonés y la aquí demandada Carolina Ahnert Iglesias han obtenido beneficios indebidos por administrar, al menos, las empresas SERNUC SL con C.I.F.: B80071566, y también NEUTRO INNOVA SL con C.I.F.: B83740951 siendo la demandada directora del departamento de Ingeniería Nuclear de la ETSI de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM. Este hecho es tan relevante, que debe ser conocido e investigado por la Fiscalía, y así lo pido aquí.

No sería la primera ocasión en la que un divorcio, una herencia, o cualquier tipo de disputa familiar judicializada resuelve “DELITOS COMPLEJOS” y aunque insisto en que no tengo el menor interés en ningún asunto privado ni dato personal, no voy a renunciar a conocer, documentar y poner en conocimiento de la Fiscalía todos los indicios de negocios ilícitos de empleados públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM.

Por lo expuesto, se reitera escrito de 5.4.15 para que se tenga por presentado RECURSO DE REVISIÓN ante S.S. previo al de alzada al Pleno del CGPJ según lo que dispone el Reglamento 1/2005 del CGPJ solicitando que, además de documentarme a mí, el mismo Juzgado traslade cualquier indicio de enriquecimiento ilícito de empleados públicos de la UPM a la Fiscalía, por ser de hacer Justicia que pido a 15.4.15.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita y @APEDANICA

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid, Teléfono: 91 493 29 07 Fax: 914932911 y 914932965

Juicio Ordinario 498/2014, María Esther Alfaro Martínez contra Carolina Ahnert Iglesias con hiperenlaces relevantes en Internet www.miguelgallardo.es/esther-alfaro.pdf

Recibido burofax para comparecer 24.9.15 a las 11:00, al ignorar por completo de qué soy testigo, solicité a gestora de procedimiento información dándome únicamente nombre de las partes y procuradora de la demandante que me propuso como testigo. Su abogada dice estar ocupada y que no puede atenderme. Pasadas varias semanas, no ha devuelto la llamada. Sí conseguí tener una conversación telefónica el 20.3.15 con la demandante Esther Alfaro que reconoce que no soy testigo de nada, sino que me considera un experto en irregularidades e ilegalidades de la Universidad Politécnica de Madrid UPM de la que fue funcionario su marido José María Aragonés y lo es su demandada Carolina Ahnert, y que me proporcionaría documentación de la UPM, que no me ha facilitado. Es obvio que, de tener yo obligación de comparecer en el Juicio de 24.8.15, tendría que ser como perito y no como testigo.

En todo caso, SOLICITO el escrito por el que he sido propuesto como testigo (aunque debiera haberlo sido como perito), y toda la documentación disponible para quien tiene interés legítimo en conocer remuneraciones y negocios de funcionarios públicos de la UPM, así como de las empresas ilegales, por estar administradas por funcionarios públicos sin compatibilidad y en claro conflicto de intereses, SERNUC SL con C.I.F.: B80071566, y también NEUTRO INNOVA SL con C.I.F.: B83740951 ambas con Domicilio Social en C/ PANTICOSA, NUMERO 14 (CHALET), MADRID y ambos cargos fueron escriturados ante el notario ENRIQUE RAFAEL GARCIA ROMERO, denunciadas por mí en Internet www.miguelgallardo.es/denuncia3.pdf

No tengo ningún interés en información personal o familiar, pero sí que quiero agotar todos los recursos del Reglamento 1/2005 del CGPJ (aspectos accesorios de las actuaciones judiciales) para solicitar copia de toda la documentación de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y de las empresas ilegales SERNUC SL con C.I.F.: B80071566, y NEUTRO INNOVA SL con C.I.F.: B83740951, o cualquier otra empresa administrada por Carolina Ahnert Iglesias o José María Aragonés Beltrán para poner tales ilegalidades en conocimiento de la Fiscalía.

Para la mejor información del Juzgado, y para evidenciar el único interés que tengo en el pleito para el que he sido citado, adjunto denuncia a Fiscalía sobre ilegalidades presuntamente delictivas de varios funcionarios de la UPM que utilizan recursos públicos para lucro privado, como parece ser el único fin de las empresas de Carolina Ahnert y José María Aragonés.

Por ser Justo y estar legitimado, por el Reglamento 1/2005 lo pido en Madrid, con fecha 5.4.15.

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Se adjunta escrito ya enviado a la Fiscalía, en las 6 páginas siguientes.

Manuel Moix en Fiscalía de Madrid con copia a Anticorrupción y Tribunal de Cuentas denuncia por enlaces en www.cita.es/moix-upm y www.miguelgallardo.es/moix-upm.pdf

Siguiendo recomendación y consejo de un diputado nacional, adjunto los documentos ya enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV sobre una extremadamente sospechosa SICAV llamada JERIGONDOR SICAV, SA, en la que ostentan cargos funcionarios públicos con supuesta dedicación completa y cargos de dirección en la Universidad Politécnica de Madrid UPM como es el caso del presidente y consejero delegado, Narciso García Santos, actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM. La documentación adjunta resulta especialmente indiciaria si se conocen antecedentes de empresas ilegales como Universidad Politécnica de Madrid, Limited Liability Company (UPM LLC), registrada en Austin, Texas, Estados Unidos, sobre cuyos títulos y negocios nadie parece ser competente, pudiendo señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto. Tampoco ha propuesto la más mínima actividad probatoria, ni siguiera requiriendo contabilidad de titularidad pública, sobre una Sociedad para Capital Riesgo de la UPM llamada AXON que se jacta de haber recibido de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid 3 millones de euros sobre los que no ha sido posible obtener más información, ni explicación alguna, que la publicitada por la misma AXON.

Los “DELITOS COMPLEJOS” que presuntamente se cometen en la UPM desde hace tiempo tienen un “modus operandi” relativamente simple. La institución soporta gastos de todo tipo mientras que los ingresos se desvían a empresas controladas por funcionarios públicos o fundaciones que no son fiscalizadas por la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, si UPM LLC vende cursos y títulos utilizando unos contenidos y aplicaciones para la formación a distancia en EEUU, estos gastos se financian con fondos públicos, como el escandaloso caso detectado por la Cámara de Cuentas de Madrid en su “INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES, ejercicio 2008”, disponible íntegro en formato PDF publicado en Internet http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf

y ya denunciado, pero todavía no bien investigado, en www.miguelgallardo.es/licitante.pdf

Para investigar los ingresos presuntamente ilícitos de la SICAV de la que es presidente y consejero delegado el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM hay que tener en cuenta que, además de acuerdos en varios países iberoamericanos con entidades nada controlables ni fiscalizables desde España, en estos momentos la UPM sostiene, entre otros, 2 campus en China (Pekín y Shanghai), y el departamento del vicerrector en la ETSI de Telecomunicaciones, desde 2008, ha facilitado la obtención de títulos de la UPM, al menos, a 18 estudiantes chinos de 5 instituciones chinas distintas, en relaciones internacionales académicas que dependen, precisamente, del vicerrector que administra JERIGONDOR SICAV, sin que exista el menor control contable, ni información mínimamente detallada, ni sobre los títulos emitidos, ni sobre los proyectos financiados con fondos públicos o sobre la actividad de los empleados públicos que trabajan en Relaciones Internacionales de la UPM. En el directorio de la UPM aparecen, al menos, 3 adjuntos al vicerrector (para Asia, Latinoamérica y Europa), un director para cooperación internacional, 9 jefas de servicio y un número indeterminable de técnicos, secretarias e incluso personal contratado dedicado a artes gráficas o traducciones, de tal manera que la UPM paga por trabajos que acaban siendo muy rentables y enriquecedores para empresas o fundaciones fuera de cualquier control contable e imposibles de fiscalizar. Acaban suponiendo un enriquecimiento ilícito para los altos cargos de la UPM, en una SICAV.

JERIGONDOR SICAV ha estado gestionada por banca suiza (Credit Suisse), y también por la banca andorrana (Credit Andorra), como puede comprobarse en el registro de www.cnmv.es

Los sospechosos antecedentes de las Relaciones Internacionales de la UPM son bien conocidos por la Secretaria de Estado de Investigación Carmen Vela y también por el Secretario de Estado para Iberoamérica Jesús Gracia, porque la UPM siempre ha sido la gran beneficiaria del programa CYTED. Hasta 2011, la UPM participó, al menos, en proyectos por valor de 24 millones de dólares que desglosamos y referenciamos en hojas Excel publicadas en Internet https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYThiYmIwNGUtZThjZS00YjBhLTgwMzktNzkxZWM1N2UzMmEw/edit

El programa CYTED ha estado dirigido por otro ex vicerrector de la UPM, Fernando Aldana Mayor (quien por cierto, también fue consejero de Caja Madrid), cuyos abusos en viajes pagados para familiares y amigos, incluso a países que no forman parte de CYTED, alquilando lujosas limusinas, alojándose en los mejores hoteles, y volando en clase BUSINESS, han sido ignorados por el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler.

Sobre títulos falsos, o fraudulentos, de la UPM, basta leer noticias de EL PAÍS, ABC y LA RAZÓN para comprender que, desde hace muchos años, se han emitido sin ningún control para la influencia y el enriquecimiento personal, particular y privado, de funcionarios de la UPM.

No hace falta mucha Criminología, ni grandes conocimientos económicos, para comprender que estos hechos, ampliamente conocidos entre miles de funcionarios, y que no solamente se toleran, sino que se presume de ellos, más allá de la impunidad, en actos y dichos de jactancia, de tal manera, que parece que el funcionario de la UPM que no hace negocios es inferior y tiene menos mérito, que los empleados públicos que tienen varias empresas. No son casos aislados porque en algunas especialidades y categorías, el porcentaje de funcionarios empresarios que defraudan en su dedicación, supuestamente completa, a la función pública, es simplemente escandaloso y evidencia la complicidad del rector con tal práctica, generalizada en la UPM.

Al menos 21 de los 42 catedráticos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSAM que hemos buscado en el registro mercantil tienen cargos que son incompatibles con la dedicación completa a la docencia e investigación en la universidad pública UPM, según se ve en https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvR01HdEFLNHVfd1E&usp=sharing

o en el enlace acortado goo.gl/kANAiu

Esta generalizada práctica se entiende mejor aún si se conoce la actividad del vicerrector de alumnos de la UPM, que al mismo tiempo que ejercía tal cargo de dirección, ha administrado una empresa con la que facturaba servicios de arquitectura a otras universidades. Ni se ha molestado en contestar al escrito que se le dirigió el 12.10.14, con hiperenlaces, aquí muy relevantes, en www.cita.es/garcia-grinda y www.miguelgallardo.es/garcia-grinda.pdf

El rector Carlos Conde Lázaro, desde hace mucho tiempo, conoce perfectamente estas actividades empresariales de numerosos funcionarios públicos de la UPM, y al menos los dos vicerrectores ya mencionados como cargos de confianza suya, que dependen disciplinariamente de él, y de nadie más que de él. Deliberadamente decide no sancionar nada más que a quien pretende depurar pero ampara y protege a quienes ocupan cargos de dirección en la UPM al mismo tiempo que administran empresas en descarado conflicto de intereses realizando una competencia desleal que envilece sectores enteros claves para la economía. Antes al contrario, lo que hace es utilizar los servicios jurídicos para demandar 300.000 euros y denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos por derechos personales de sus protegidos. Actualmente está imputado por ello el letrado de la UPM Juan Manuel del Valle Pascual, según puede verse en el video de su comparecencia, en www.cita.es/informe-jmv

Incluso si la incompatibilidad y el conflicto de intereses en empresas privadas de funcionarios públicos no fuera indicio racional de corrupción tipificable como delito contra la Administración, la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, dice “...ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”. Si el rector conoce y permite los negocios de cargos de dirección de la UPM, no solamente incurre en esa responsabilidad, sino que existen claros indicios de que participa en los beneficios de los negocios que, cuando van bien, son siempre privados, pero cuando van mal, la institución se hace cargo de las pérdidas y los problemas, incluso presentando querellas contra empresas como ISOFOTON o la Autoridad de Certificación ANF www.anf.es de manera que para garantizar el cobro de sobresueldos y proteger sus negocios, los funcionarios también utilizan los servicios jurídicos de la institución gratuitamente.

Hasta ahora, todos los fiscales a los que se ha informado de tan extraños y sospechosos negocios de funcionarios de la UPM han evitado a toda costa practicar cualquier diligencia eficaz para evidenciar el enriquecimiento ilícito, por muy escandalosos que fueran los indicios.

Pero el hecho de que funcionarios públicos, que siempre han presumido de haberse dedicado por completo a su función pública, investigadora o docente, controlen y administren una SICAV como JERIGONDOR SICAV puede ser difícil de explicar hasta para los fiscales que tienen a sus hijos muy bien tratados en la UPM, o al cónyuge como profesor titular mientras controla la información más sensible y operativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Parece que muchos fiscales no son capaces de superar la falacia de que, como la incompatibilidad no es delito, los incompatibles nunca delinquen y por lo tanto, cualquier investigación que se haga sobre cualquier incompatible es ilegal. Antes al contrario, es mucho más cierto que tan lucrativa incompatibilidad es un claro indicio de múltiples delitos contra la Administración en la UPM, de los que ya conoce otros muchos indicios más la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Demasiados.

Por lo expuesto, solicito pronto acuse de recibo de esta denuncia y documentación adjunta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, reservándome el derecho a interponer otras denuncias, o querella criminal, incluso por el art. 408 del Código Penal.

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Se adjunta la documentación, ya enviada a la CNMV, en las 3 páginas siguientes

Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV Dª Elvira Rodríguez, por hiperenlaces en www.cita.es/cnmv-upm y www.miguelgallardo.es/cnmv-upm.pdf

El presidente y consejero delegado de JERIGONDOR SICAV SA es el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y por lo que parece, Narciso García Santos no es el único funcionario público de la UPM con cargos mercantiles reconocidos y entendemos que (muy mal) supervisados por la CNMV.

Este hecho, fácilmente comprobable en los archivos de www.cnmv.es es un indicio más de otras muchas irregularidades que funcionarios de la UPM acumulan en extrañas sociedades mercantiles desde hace años bien conocidas por la CNMV. Los inspectores de las entidades de Capital Riesgo recordarán la más que sospechosa historia de la SGECR AXON.

Considerando los antecedentes de JERIGONDOR SICAV y AXON, preguntamos a la CNMV:

1º ¿Es legal que un funcionario público ostente cargo mercantil reconocido en la CNMV?

2º ¿Cuántos funcionarios a los que también se supone dedicación exclusiva a su función pública tienen cargos en otras sociedades mercantiles registradas en la CNMV?

Son muy serios y graves los riesgos de mezclar función pública y negocios privados, o peor aún, utilizar recursos públicos para lucro privado prevaliéndose de la condición de empleado público, tanto si esa condición es conocida por la CNMV, como si no. Estamos estudiando acciones para ejercer derechos administrativos, civiles y penales que aclaren esta inaceptable situación.

Para la mejor información de la CNMV, adjuntamos escrito dirigido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro que incluye otro enviado al rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector de Relaciones Internacionales Narciso García Santos.

Por lo expuesto, a la CNMV solicitamos que abra un expediente para verificar la notoria dedicación a la función pública del vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, Narciso García Santos, actual consejero delegado de JERIGONDOR SICAV, y otros funcionarios públicos con cargos mercantiles reconocidos por la CNMV, actuando en consecuencia, a la mayor brevedad posible.

En Madrid, a 25 de marzo de 2015, solicitando pronto acuse de recibo.

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Con hiperenlaces en www.cita.es/cnmv-upm y www.miguelgallardo.es/cnmv-upm.pdf

Se adjuntan dos documentos disponibles en www.cita.es/montoro-upm

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro por hiperenlaces en www.cita.es/montoro-upm y www.miguelgallardo.es/montoro-upm.pdf

Como mejor proceda, ponemos en su conocimiento que el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM es consejero delegado de la empresa JERIGONDOR SICAV SA como puede comprobarse en www.cnmv.es

Hemos preguntado al rector de la UPM Carlos Conde Lázaro sobre cualquier posible relación de la UPM, como institución, con esa SICAV, y si su vicerrector tiene concedida la compatibilidad para ser su consejero delegado, y desde cuándo la tiene, según escrito que se adjunta.

La Universidad Politécnica de Madrid UPM ha sido accionista de una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, a la que denunciamos al Tribunal de Cuentas como puede verse en www.miguelgallardo.es/axon.pdf (sin que ni la Fiscalía se diera por enterada de la gravedad de los hechos) y también ha sido partícipe de AIDIT, agencia de acreditación de I+D+i que emitía certificados con los que cientos de sociedades han conseguido desgravaciones fiscales y también bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Sugiero ver www.cita.es/sentencias

Además, su Secretario de Estado de AAPP, Antonio Beteta, fue Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Tal vez podrá explicar los 3 millones de euros de la Agencia Financiera de la CAM en AXON para que la UPM hiciera proyectos con BWIN en sistemas de juegos de apuestas en Internet, según se detalla y documentada en www.miguelgallardo.es/axon.pdf

Lo más grave es que funcionarios de la UPM le señalan a usted, personalmente, como principal responsable, no solamente porque usted mismo fue quien, como Ministro de Hacienda, propuso el Real Decreto 4/2004, sino que es una sospecha muy generalizada que primero “Montoro y asociados” y luego “Equipo Económico” han asesorado a empresas que se han beneficiado de presuntos fraudes de la certificación de I+D+i por la empresa AIDIT. De ser cierta cualquier relación con la UPM de “Montoro y asociados” o de “Equipo Económico”, o peor aún, de usted personalmente o algún colaborador suyo con AIDIT, AXON o JERIGONDOR SICAV SA, sería tan extremadamente grave que no encuentro palabras para calificarlo. En todo caso, SOLICITAMOS QUE SE INSPECCIONEN TODAS LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA UPM Y SUS CARGOS DE DIRECCIÓN, Y EN ESPECIAL, AIDIT, AXON Y JERIGONDOR.

Ruego pronto acuse de recibo, sin otro particular, atentamente.

Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es con enlaces en www.cita.es/montoro-upm

Se adjunta escrito ya enviado al rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector de Relaciones Internacionales Narciso García Santos en www.cita.es/upm-sicav

Rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector Narciso García Santos con hiperenlaces en www.cita.es/upm-sicav y www.miguelgallardo.es/upm-sicav.pdf

Es bien conocido en la UPM nuestro interés por el cumplimiento eficaz del art. 95 j) del Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa sobre incompatibilidades, desde hace años. Hemos tenido conocimiento de que Narciso García Santos dirige una SICAV según puede verse en www.cnmv.es y con un muy curioso esquema en www.empresia.es/empresa/jerigondor-sicav

Preguntamos, aquí y ahora, al rector, y también al vicerrector más interesado, lo siguiente:

1º Si existe alguna autorización de compatibilidad específica para que el vicerrector Narciso García Santos ostente el cargo mercantil de consejero delegado de una SICAV

2º Considerando que, según parece, algún otro profesor aparece relacionado con esa SICAV, solicitamos información sobre cualquier interés o responsabilidad de la UPM que hubiera debido ser declarado en sus memorias e informes al claustro y consejo. Si ése fuera el caso, deseamos compararlo con el de la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON y con la empresa certificadora AIDIT, o diferenciarlos bien.

Debemos recordar aquí que, desde 2007, venimos denunciando a funcionarios públicos de la UPM que ostentan cargos mercantiles en sociedades limitadas SL o anónimas SA como puede verse en www.cita.es/upm.pdf y www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf contra funcionarios de la UPM que compiten deslealmente como empresarios, y también contra las empresas participadas por la UPM en www.miguelgallardo.es/axon.pdf y www.miguelgallardo.es/aidit.pdf sin que nunca hayamos recibido nada más que amenazas, denuncias y una demanda malversada por 300.000 euros por la que nos hemos querellado con el ahora imputado Juan Manuel del Valle Pascual según se ve, incluyendo video judicial, en www.cita.es/informe-jmv

Tampoco hemos recibido respuesta alguna del vicerrector, José Luis García Grinda a quien enviamos www.cita.es/garcia-grinda por lo que hemos iniciado algunas acciones y tenemos previstas otras que pasan por dejar constancia de que el rector Carlos Conde Lázaro conoce y tolera que sus vicerrectores ostenten cargos mercantiles, al menos, en dos casos.

Personalmente, he dado siempre todas las facilidades a quien ha querido hablar conmigo (de hecho, he conocido la SICAV del vicerrector Narciso García Santos por comentarios fiables), pero las amenazas, la prevaricación y la malversación, como ya las imputadas penalmente al inefable letrado Juan Manuel del Valle Pascual, cada vez las tolero menos. Por favor, que nadie confunda ni prejuzgue mis intenciones ni las de mi modestísima pero libérrima empresa, que considera que los negocios de funcionarios, además ilegales, son competencia. Entenderé el silencio como en casos anteriores, quedando mayor libertad para acusar penalmente al rector, tanto por acciones, como por omisiones injustas, a sabiendas de que lo son.

Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es con enlaces en www.cita.es/upm-sicav

Para el expediente SG 179/15

Solicito ser recibido en trámite de audiencia a la vista de la documentación aportada y el expediente SG 179/15 ya abierto con el escrito que puede verse en Internet www.miguelgallardo.es/denuncia-secretaria.pdf

Firma de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, por requerimiento del secretario de gobierno José Palazuelos Morlanes de fecha 8.6.15, recibido por correo electrónico el 9, se firma este documento de 10 páginas incluyendo esta no sin antes dejar constancia de que el art. 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la reglamentación que lo desarrollan posibilitan el uso de fax y correo electrónico sin firma, pero para evitar dilaciones o pretextos, firmo este escrito que envío por correo electrónico a la misma dirección del requerimiento de hoy, en Madrid, a 9 de junio de 2015.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz

Teléfono: 902998352, Fax: 902998379 (solicitando pronto acuse con hoja sellada)

preferentemente por E-mail: miguel902998352@gmail.com