Artemi RalloArtemi Rallo Lombarte
Director de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD - AGPD
Un semblante público con referencias críticas
para una biografía política no autorizada, pero sí ilustrada
por Ing. Miguel Gallardo, Criminólogo, Criminalista, perito judicial (privado)
www.cita.es  Apartado Postal 17083-28080 Madrid, Spain
Tel.: 914743809, Móvil: 619776475 (atención casi permanente), E-mail: miguel@cita.es

"Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír" (George Orwell, en el prólogo de su Rebelión en la Granja)

 Esta página dedicada a Artemi Rallo tiene, entre otras motivaciones, la de responder con la máxima publicidad al procedimiento sancionador PS/00439/2009 por el que, estando nuestra empresa denunciada, y habiendo ignorado nuestro derecho a la prueba solicitado en las alegaciones hasta llegar a sancionarnos con una multa de 6.000 euros que consideramos extremadamente injusta. No se trata solamente de una defensa del derecho a dar y recibir información veraz, sino de trabajar decididamente para que se limite el incontrolado poder sancionador de una entidad que se ha convertido en una auténtica inquisiciòn digital, inspirada en la que se puede ver al final de esta página, en el último vídeo.

Algunos periodistas ya se han concienciado sobre el peligro que supone para la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información veraz publicando artículos sobre nuestra reciente historia en www.periodistas-es.org donde se ha publicado nuestro Recurso de Reposición en el que pedimos en la primera ALEGACIÓN INTERPRETACIÓN COFORME AL DERECHO COMUNITARIO anticipando una más que probable prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.

Ningún otro país de Europa tiene tantas sanciones por cuantías tan desproporcionadas que quiebran empresas y censuran información relevante de interés público. Se ha publicado por FECEMD que en 2008 la AEPD - AGPD sancionó más del doble que todas las demás agencias equivalentes de Europa juntas, noticia también publicada por EL PAÍS que evidencia un abuso recaudador que violenta la libertad de expresión amparada no solamente en el artículo 20 de la Constitución Española en casos como el nuestro en el que publicamos información sobre funcionarios públicos participando lucrándose en actos públicos, sino también del derecho comunitario, para la inmensa mayoría de las empresas sancionadas.
 
El dictum de Acton Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely suele traducirse como El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente pero en castellano se omite el concepto de tendencia como si la corrupción fuera una fatalidad inevitable. Lo es para quienes no perciben la tendencia o no diferencian lo criminógeno de lo criminológico. La actividad de la AEPD - AGPD es criminógena en varias de dimensiones.  Las desproporcionadas y en muchos casos injustas sanciones administrativas posibilitan y alimentan una industria de la extorsión basada en la amenaza de denuncia ante la AEPD - AGPD como conocen muy bien numerosos abogados, supuestos expertos en auditorías informáticas para el cumplimiento de la normativa de la AEPD - AGPD, periodistas, detectives y responsables de recursos humanos por trabajadores resentidos. Por ejemplo, un fallo de seguridad en el portal de Internet Terra permitía el acceso a datos personales de sus clientes en 2005 y Telefónica recibió una petición de un experto que detectó el problema de un millón de euros que al no ser satisfecha, provocó una denuncia ante la AEPD - AGPD con la correspondiente sanción.

La instructora, Sagrario Resuela Rodríguez, es la responsable del PS/00125/2006, bien conocido por el ex-subdirector de la AEPD, Teniente Coronel Álvaro Canales Gil (es curiosa la coincidencia y la vocación militar de varios funcionarios de la AEPD - AGPD) y Lourdes Sánchez-Ocaña Redondo, Jefe de Prensa y Comunicación que se mantiene suspendido desde hace varios años por la presentación del BBVA de una denuncia por extorsión contra el periodista Gregorio Fernández del Amo. El juicio, también en vista pública, está previsto para el 10 de mayo de 2010, y será una excelente ocasión para que se pueda informar con detalle y actualidad del  PS/00125/2006 que permanece suspendido por la AEPD pese a que se han publicado hechos tan relevantes como éstos de http://www.rankia.com/foros/bancos-cajas/temas/46887-noticias-asunto-ausbanc-bbva
Los hechos tienen que ver con el hallazgo de 60 expedientes bancarios en un contenedor de basuras, con datos de 50 personas en su relación contractual y patrimonial con Cibergestión, entidad relacionada con BBVA. Ese abandono -señala la demanda- supone “una gravísimo incumplimiento de la obligación de secreto” que corresponde a toda entidad financiera respecto de datos recibidos de sus clientes, así como la trasgresión de la normativa sobre protección de datos. Los documentos fueron encontrados por el periodista Gregorio Fernández, que trabajaba para Ausbanc y su revista Mercado de Dinero. La información fue publicada en la revista, que le encargó continuar las investigaciones, hasta que se produjo un brusco cambio y recibió instrucciones de entregar los expedientes a BBVA y de abstenerse de publicar en el futuro cualquier información. Ausbanc no inició ninguna acción dirigida a defender a los usuarios. El periodista, también asociado de Ausbanc, se negó a entregar los documentos, lo que provocó su despido, declarado improcedente por el Juzgado de los Social, y que ha conducido a la pérdida del puesto de trabajo. La demanda señala que existe la sospecha de un acuerdo entre Ausbanc y el BBVA.

Hay otros muchos casos de presunta extorsión, pero muy pocos más se han publicado y no consta ningún comentario al respecto de  las presuntas extorsiones bien conocidas por Artemi Rallo.

La censura que calla y acalla indicios racionales y hechos relevantes es criminógena, muy criminógena, porque ofrece impunidad a quienes deberían ser más vigilados porque ejercen el poder. Artemi Rallo se está caracterizando por utilizar el enorme poder de la AEPD - AGPDpara impedir que se publiquen datos de funcionarios públicos. Justo lo contrario de cuanto se promueve en otros países que cuentan con una Ley de Acceso a la información pública.
Artemi Rallo en el IFAI de México
Más allá de nuestras reivindicaciones particulares como expedientados por la AEPD - AGPD, creemos Artemi Rallo debe de ser objeto de atención por sus ambiciones políticas internacionales y su propósito de constituir una entidad supranacional para el ejercicio del poder más deleznable como censura y represión, en Internet apoyándose en instituciones mexicanas y chilenas (46 países negocian un marco sobre privacidad de datos por invitación de Artemi Rallo) cuya función es completamente opuesta a la de la AEPD - AGPD. Lástima que los políticos españoles no defiendan la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, pero sí la inquisitorial censura que pretende imponer Artemi Rallo.

Mezclando defensa de menores y víctimas de auténticas intrusiones con su imagen demasiado expuesta con sanciones desproporcionadas por actividades empresariales o profesionales perfectamente lícitas, la AEPD - AGPD dirigida por Artemi Rallo está recaudando cantidades exageradamente desproporcionadas (el BOE las publicó el 31 de agosto de 2009 y de ellas destacan los  22,6 millones de euros en multas sancionadoras a lo largo de 2008) principalmente de empresas, algunas de las cuales van irremediablemente a la quiebra (“el hecho de que la sanción ocasione el cierre de la empresa no puede ser tenido en cuenta”  para la graduación de la sanción por no tratarse de uno de los criterios recogidos en el artículo 40 de la LSSI) al mismo tiempo que reconoce una doble vara de medir, porque el mismo Artemi Rallo, en su Intervención en la Comisión Constitucional el 17/06/2009  admitió que "Si una empresa privada tira datos a la calle se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros; un juzgado, por el mismo hecho, no paga nada". Mención especial merece el creciente acceso ilegal, posiblemente delictivo en muchos casos, al Punto Neutro Judicial (PNJ) cuyo escandaloso uso indebido ha dado lugar a la Circular 6/09 para el Secretario Judicial sobre consultas al Punto Neutro Judicial sin que consten sanciones concretas por consultas judiciales indebidas, por ejemplo, a la Agencia Tributaria. Por decirlo suavemente, es repugnante lo que permite cotillear Artemi Rallo en el Punto Neutro Judicial, impunemente.

Sobre las bases de datos personales relacioandas con escuchas e intervenciones telefónicas, hace tiempo que venimos denunciando la necesidad de controlar SITEL y las más especializadas de voces dubitadas e indubitadas de la Guardia Civil GCVOX y Policía LOCUPOL y algún medio se ha hecho eco de nuestra opinión en SITEL: un sistema de espionaje creado en 2001 y desconocido todavía por los jueces con algunos ecos que pueden haber llegado a periodistas, como Roberto R. Ballesteros, que también han cuestionado su seguridad para que se llegara a publicar que "Artemi Rallo, dio orden la semana pasada de elaborar un informe sobre la presunta vulneración de la ley que comete el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel). "A raíz de las informaciones aparecidas en la prensa, estamos analizando si puede incumplir la ley", explican fuentes de la APD. La agencia investiga si la aplicación —propiedad del Ministerio del Interior— se atiene o no a la normativa y de qué modo tendría que adecuarse a ella". ¿Será capaz Artemi Rallo de sancionar o por el contrario se atreverá a garantizar la absoluta seguridad de SITEL? En cualquier caso, su resposabilidad sobre SITEL es clara y debe ser exigida sin complejos a la AEPD - AGPD.

Artemi Rallo sancionó con Videos de prostitutas que Artemi Rallo sanciona con 601 euros601 euros, y nada más que con 601 euros, a los responsables de grabaciones de (SUPUESTAS) prostitutas y clientes que se subieron, en más de 30 vídeos, a YouTube. Se ha publicado que "La Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) ha sancionado con 601 euros a los responsables de captar imágenes de prostitutas en la calle madrileña de Montera y de difundirlas posteriormente a través del portal Youtube".

Artemi Rallo también llamó por teléfono a José Martín, denunciante y padre del discapacitado del que se burlaron unos desalmados colgando vídeos repugnantemente humillantes en YouTube para intentar explicarle una sanción de 1.500 euros que José Martín consideró ridícula anunciándole su recurso. Al mismo tiempo, amenaza con sancionarnos hasta por 300.000 euros por publicar vídeos de catedráticos (como él mismo lo es) peritando para partes que pagan por sus interesadas opiniones en procedimientos judiciales. Eso es deleznablemente corporativista e injusto, a sabiendas de que es injusto, pero sirve para comparar la protección que a su juicio merecen funcionarios públicos ganándose sobresueldos con "astillas periciales" actuando como auténticos mercenarios del litigante mejor postor con la de particulares auténticas víctimas.

Lo más sospechoso es que la instrucción descaradamente incompleta y parcial que hasta el momento se ha realizado en el procedimiento sancionador ps/00439/2009 por la Instructora de la AEPD - AGPD Sagrario Resuela Rodríguez que no demuestra ser capaz de diferenciar un enlace a fotografías que están en servidores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y no en la empresa a la que se pretende sancionar, ni tampoco tienen en cuenta vídeos, con el que ni mi empresa ni yo tenemos nada que ver, como el que pudo verse publicado por un usario de YouTube llamado leptonboson12 en http://www.youtube.com/watch?v=DkoXQe7fSpU y probablemente en otros porque los peritajes y los juicios por demandas de la SGAE han despertado el interés de muchos Internautas.

Las relaciones personales de Artemi Rallo con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que actúa vehementemente como denunciante en el PS/00439/2009 de la AEPD - AGPD parecen muy fluidas, pues ha llegado a aparecer en 33 páginas del dominio www.upm.es y actualmente está en las 27 que pueden verse consultando a GOOGLE (pueden sufrir variaciones a las que trataremos de estar muy atentos) entre las que destacan varias invitaciones a seminarios, cursos y actos, al menos, en el 2007, 2008 y 2009, no se sabe si de manera remunerada, o no, pero cualquier pago de la UPM o sus entidades relacionadas a Artemi Rallo puede ser, al menos para nosotros, una prueba mucho más evidente que los trajes de Camps. Si se querella Artemi Rallo contra nosotros, por favor que se pague su propio abogado y no utilice, como hace la UPM, el letrado y a la procuradora de la Universidad para pedir una indemnización de 300.000 euros más costas en una demanda desproporcionada financiada con fondos públicos con los mismos argumentos del PS/00439/2009 en los que se pretende ignorar que la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, literalmente dice:
Artículo Octavo.
Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

En un catedrático de derecho constitucional, esta ignorancia es imperdonable y es perfectamente subsumible en varios tipos de delitos porque la prueba de su mendacidad evidencia un corporativismo que puede explicar, evidenciando, presuntos delitos de Artemi Rallo, y entre otros, el artículo 542 del Código Penal que dice: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes". Pues bien, sinceramente creemos que Artemi Rallo (presuntamente) incurre en el tipo delictivo del artículo 542 del Código Penal con el agravente de ser catedrático de Derecho Constitucional e ignorar los derechos que emanan de los artículos 20, 105 y 120 de la Constitución Española.

Es tan lamentable como preocupante que Artemi Rallo y la AEPD - AGPD estén intentando amedrentar a quien denuncia comportamientos inmorales de funcionarios públicos, en vistas públicas, actuando como peritos de parte, mientras archiva denuncias de particulares. En TELECINCO puede leerse lo siguiente:
La Audiencia Nacional cierra la puerta de acceso a la defensa del derecho al honor y a la intimidad mediante la instrumentalización de la Ley de Protección de Datos y en favor de la libertad de información. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado las pretensiones de Joaquín Cortés y de Carmen Martínez Bordiu de recibir indemnizaciones millonarias por supuesta infracción de la LOPD con la emisión de reportajes informativos sobre ellos.... Y, lo que es más importante, la Sala resuelve que, en ese caso, "la libertad informativa resulta prevalente a la hora de valorar la colisión entre derechos constitucionalmente reconocidos", los del medio de comunicación (la libertad de información) y los del famoso (la protección de datos de carácter personal)... Asimismo indica que aquellas manifestaciones que se consideren insultantes o injuriosas "pueden ser enjuiciadas, en su caso, en el ámbito de otros órdenes jurisdiccionales pero no por la AEPD".

Lo más preocupante de cuanto hemos conocido de Artemi Rallo últimamente viene de México. Pretende, nada menos, que convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México en un organismo inquisidor y sancionador como ya ha conseguido que sea la AEPD - AGPD. Por la atención que le prestó su presidenta Jacqueline Peschard Mariscal en sus jornadas compartidas y por sus numerosos viajes por varios estados mexicanos para tratar con organismos locales como el IEAIP, parece ser que  México es una prioridad. Artemi Rallo invitó a los Comisionados del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz, a participar en noviembre próximo en la 31ª Conferencia de Privacidad, convocada por la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid, y nos consta por correspondencia privada que también ha invitado a funcionarios del Consejo para la Transparencia de Chile. Nos hemos dirigido a ambos organismos enviando los escritos que pueden verse en
Artemi Rallo en IEAIP de Méxicohttp://www.cita.es/ifai.pdf
y
http://www.cita.es/consejotransparencia.pdf

EL PAIS del 29/09/2009, con el titular "46 países negocian un marco sobre privacidad de datos", puede leerse que "Autoridades e instituciones dedicadas a la protección de datos de 46 países del mundo se reunirán en Madrid a primeros de noviembre para celebrar la 31ª conferencia internacional sobre seguridad y privacidad. En esta conferencia se debatirá y someterá a votación un documento que se ha elaborado en busca de un marco común internacional sobre la privacidad de los datos. "Esperamos que se apruebe", dijo ayer el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo". Por cuanto vamos conociendo de las prácticas censoras e inquisidoras del procedimiento sancionador PS/00439/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos, queremos que todos los invitados por Artemi Rallo a la 31ª Conferencia de Privacidad sean conocedores de cuanto ha sido capaz de hacer la AEPD - AGPD bajo su dirección. También nos preguntamos, y preguntamos públicamente, quién paga tanto viaje, tanto gasto y tanta gestión internacional. Si son los sancionados, se puede entrar en un círculo vicioso y perverso de manera que la AEPD - AGPD invierta y gaste para recaudar más en lugar de actuar decentemente para sancionar cada vez menos.
Artemi Rallo en IEAIP
La economía y el afán recaudatorio de la AEPD - AGPD puede explicar procedimeintos sancionadores como el PS/00439/2009, pero también la personalidad de Artemi Rallo determina su inclinación a favorecer a catedráticos de universidad que venden su opinión para partes litigantes como peritos incompatibles frente a un particular y a una empresa que considera que hacen competencia desleal. Y va a seguir denunciándolo, con la máxima publicidad posible desde http://www.cita.es/peritos/incompatibles

La pregunta que quisiéramos hacerle a Artemi Rallo pretende llegar al fondo del asunto en el corazón de la disputa entre los catedráticos (recordemos que él también lo es) denunciantes y esta empresa: ¿Cree Vd. que los funcionarios públicos con dedicación completa, tanto si son docentes como si no, pueden ganarse sobresueldos peritando para partes litigantes en vistas públicas y, además, prohibir que se ofrezca información sobre sus pericias utilizando a la Agencia Española de Protección de Datos para amedrentar con expedientes sancionadores a quien cree lo contrario?
Artemi Rallo y Mariano Fernández Bermejo entonces Ministro de Justicia
i lo creyera, Artemi Rallo estaría de cacería contra esta empresa denunciada por funcionarios que, actuando como peritos incompatibles, se prevalecen de su condición para obtener beneficios para sí, o para otros, y que solamente puede defenderse con las alegaciones de las que la Instructora Sagrario Resuela Rodríguez ya ha denegado todas las pruebas propuestas realizando únicamente una comprobación en la que ignora o confunde lo publicado sobre el innombrable denunciante y perito de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Rafael Aracil Santonja en YouTube por  leptonboson12 en http://www.youtube.com/watch?v=DkoXQe7fSpU  y por la propia UPM en http://www.youtube.com/watch?v=1COkKAD4bvQ&feature=player_profilepage#

Artemi Rallo debe presentar anualmente la memora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD - AGPD) al Ministro de Justicia. Posiblemente, Mariano Fernández Bermejo no fuera nunca consciente de lo que puede llegar a cazarse, por sorpresa, considerando el enorme y muy poco controlado poder que otorgó a la AEPD - AGPD la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2001, en la que puede leerse algo tan estremecedor como esto:
Artemi Rallo con el Ministro de Justicia Caamaño'La recurrente ha sido sancionada por 'obstrucción al ejercicio de la función inspectora' y obstruir, según el diccionario de la Real Academia, es tanto como impedir la operación de un Agente, estorbar....Por consiguiente, bastará con dificultar, poner obstáculos o no colaborar con los Servicios de Inspección para que pueda calificarse la conducta de típica y ello sin perjuicio y al margen de que se llegue o no al conocimiento de los datos a la actividad investigada, pues lo que aquí se sanciona no es un resultado, sino una conducta: obstaculizar o dificultar la tares inspectora.
Tras la denuncia presentada contra la recurrente se intentó llevar a cabo una inspección en los locales de la misma a practicar por los Servicios de Inspección de la Agencia, visita de inspección para la que no se requiere acuerdo de clase alguna, pues la Agencia está apoderada por la Ley para realizar esta función que, por lo demás, nunca se enmarca en el curso de un procedimiento sancionador, teniendo una finalidad de control de la aplicación de la LORTAD (.....).
Si, como pretende la parte, para girar una visita de inspección la Agencia hubiera de comunicarlo con antelación, especificando los datos a inspeccionar, se frustraría la finalidad de la visita, pues los afectados ,lógicamente, borrarían la 'huella' de cualquier actuación que pudiera comprometerles. Por eso, el factor sorpresa es consustancial a toda actuación inspectora.

Hemos enviado al actual Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez el escrito que puede verse en http://www.cita.es/ministro-de-justicia.pdf
y también en http://www.miguelgallardo.es/ministro-de-justicia.pdf

Esta página, al menos puede servir para que Artemi Rallo distinga entre fotografías, y enlaces a fotografías publicadas por otros distintos al denunciado, como es el caso de  leptonboson12
(continuará y para ello se agradecerá cuanto se pueda conocer lícitamente de Artemi Rallo y más aún de sus ambiciones políticas internacionales)

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 Nota:  A quien considere que existe alguna ilegalidad en esta página, le invitamos a que haga uso de la LEY 2/84, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN después de haber leído, detenidamente, lo que publicamos en
http://www.miguelgallardo.es/agencia.pdf
y
http://www.cita.es/agencia.pdf

Nuestra opinión final sobre la política de Artemi Rallo en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD - AGPD se resume en dos vídeos, uno en castellano y otro en inglés que recomendamos a todo el que sea sancionado o sancionable, como nosotros lo hemos sido ya.