A la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma de Mallorca, Islas Baleares
Con copia para Fiscalía Anticorrupción, Fiscal-Jefe de Tribunal de Cuentas y Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (atn. María Ferrer)
Documento publicado en Internet www.cita.es/balear y www.miguelgallardo.es/balear.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992 con Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid, al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ como mejor proceda, EXPONE:
1º Europa Press, con fecha 23.10.12, ha publicado textualmente: “El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma ha fijado para el 15 de noviembre la continuación de la tramitación de la demanda civil interpuesta por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, contra el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, con la celebración de una audiencia en la que la jueza dirimirá si la Abogacía autonómica está facultada para ejercer acciones legales -en nombre de Bauzá- contra el dirigente sindical y el propio sindicato por los improperios a los que presuntamente fue sometido el jefe del Ejecutivo balear por parte de Bravo”.
2º Además de la relevancia pública e interés general del asunto, tenemos una legitimación especial por cuanto hemos soportado en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, en el que afrontamos y ganamos, incluyendo la condena en costas, una demanda de 300.000 euros presentada por letrados institucionales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por el supuesto honor del perito de la Sociedad General de Autores (SGAE) y del perito de la minera BOLIDEN. Adjuntamos escrito de fecha 29.10.12 también en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado12.pdf
3ª Con fecha 12.10.12 enviamos escritos a los Servicios Jurídicos del Govern, y al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Bartolomé Barceló, interesándonos por otras noticias anteriores y denunciando cualquier uso de recursos públicos materiales o humanos para la presentación de demandas por el honor. Es público y bien notorio en Internet, que desde hace años denunciamos como malversación de caudales públicos este tipo de demandas. Y además, en este caso, deseamos identificar personalmente al fiscal personado en el procedimiento porque tenemos intención de denunciarle, con toda la publicidad a nuestro alcance, por el art. 408 del Código Penal.
4º Es voluntad y derecho nuestro exigir que la Fiscalía se pronuncie sobre nuestros escritos, reservándonos el derecho de acusar a los fiscales que han tenido conocimiento de malversaciones, a su vez, del delito tipificado en el art. 408 del Código Penal, que entendemos que es el más repugnante de cuantos puede cometer un fiscal en el ejercicio de su función. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica que, de las 273.965 condenas penales de 2011, solamente 40 (CUARENTA) fueron por malversación de caudales públicos en toda España. En este caso, hacemos personalmente responsable de cualquier ilegalidad, o abuso, al fiscal Bartolomé Barceló.
Por lo expuesto y considerando lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ solicitamos que el Secretario Judicial nos envíe por fax o correo postal copia íntegra de las actuaciones incluyendo el acta y la resolución tras la vista del próximo día 15, por ser de hacer Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid, a 1 de noviembre de 2012.
Documento publicado con otros 3 (5 páginas) en
www.miguelgallardo.es/balear.pdf
Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid Tel. 914932833 Fax 914932834
Procedimiento: Derecho al Honor, Intimidad e Imagen 1877/2008
Cc: Fiscalía de Madrid, Atn. Adrián Zarzosa Hernández, Fax 914936363, 914934853, 914934637
Documento publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado12.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, demandado como particular, en mi propio nombre y derecho, considerando la diligencia de ordenación de la secretaria judicial, María Nieves Ugena Yustos, de 19.10.12 (notificada el 25) en el plazo dado para alegar lo que a mi derecho convenga sobre el decreto de de 8.10.12, también de la secretaria judicial, y sobre los recursos de revisión de la UPM y CITA, como mejor proceda presenta las siguientes ALEGACIONES:
1ª Desde el mismo día en el que recibí la demanda cuyas costas ahora se discuten, mi empresa y yo personalmente solicitamos presupuestos a varias docenas de abogados, y todos pedían una provisión de fondos muy superior a la que mi modesta economía pudiera permitirme, y todos tenían como referencia los 25.200 euros publicados por el ICAM para demandas de 300.000 euros. Ese era, exactamente, el riesgo económico que personalmente asumía si contrataba a alguno de ellos. Como criminólogo que soy, califico de delictivo el que ahora se reduzcan esos 25.200 euros, y aunque no tengo recursos económicos, sí que tengo voluntad y derecho para investigar todos los dictámenes del ICAM con criterio distinto al que injustamente, y a sabiendas de la injusticia, se pretende aplicara las costas de este procedimiento. Además, todos los dictámenes que se presentan en un juzgado deberían de estar sometidos al principio de contradicción y permitirse requerir aclaraciones a su autor o autores. El ICAM no puede actuar contra ese principio y al juzgado no debe permitirlo, por lo que de la misma manera que como perito he tenido que comparecer para ratificar dictámenes contestando a cuantas preguntas ha considerado pertinente el juzgador, en este caso, con el debido respeto, insto a que el dictamen del ICAM sea eficazmente sometido al principio de contradicción.
2ª El actual decano del ICAM, al igual que los 2 demandantes, es catedrático de universidad, como también lo son otros miembros de su junta directiva y de las distintas comisiones del ICAM. Los que no somos juristas funcionarios públicos estamos en nuestro derecho de sospechar, y de publicar nuestras sospechas, de que existe un doble corporativismo que puede haber llegado a la mendacidad judicial. El artículo 103.3 de la Constitución Española dice “La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Aquí y ahora pido esas garantías.
3ª Vuelvo a hacer responsable al fiscal Adrián Zarzosa Hernández de todas las ilegalidades que, bajo membrete de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), constan en autos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica que de las 273.965 condenas penales de 2011 solamente 40 lo fueron por malversación de caudales públicos. Los fiscales, más allá de su propio estatuto, deben tener más presente el art. 408 del Código Penal. En caso de que el fiscal Adrián Zarzosa Hernández no se dé por enterado de este escrito, y del que presenté antes del juicio, con fecha 7.10.11 que se acompaña, yo le denunciaré personalmente con la máxima publicidad a mi alcance. Si considera el fiscal que le calumnio o injurio, a lo mejor, si busca bien, también encuentra empleados públicos letrados ejercientes que demanden 300.000 euros por su honor. Pero será en otro pleito, en el que tal vez tengamos la suerte de ver el expediente administrativo por el que se resolvió demandarme. El que se inició en 2007, un año antes de que se presentara y admitiera la demanda (puede verse en su primera página “Exp. 012.1/07 RC/md-la”) necesariamente tiene aún más indicios racionales de malversación de caudales públicos, aunque el fiscal pretenda mirar a otra parte, o no mirar nada.
Por lo expuesto, solicito que se estime íntegramente el recurso de CITA, o que comparezca ante el juzgado el responsable del dictamen del ICAM para ratificarlo, en Madrid, a 29 de octubre de 2012.
www.miguelgallardo.es/malversado12.pdf
Al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Bartolomé Barceló
Con copia para Fiscalía Anticorrupción y Fiscal-Jefe de Tribunal de Cuentas
Documento publicado en Internet www.cita.es/balear y www.miguelgallardo.es/balear.pdf
Considerando la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, Miguel Delgado, Director de XornalGalicia.com (medio digital con el que colaboro como corresponsal desde hace años) me ha encargado documentar cuanto sea posible de los procedimientos judiciales iniciados por demanda, querella o denuncia de funcionarios públicos que pidan dinero, en los que intervenga un fiscal.
Para obtener información e identificar un procedimiento paradigmático en las Islas Baleares en el que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, demanda con letrado institucional, ya me he dirigido a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) como puede verse las 2 páginas adjuntas y en www.cita.es/balear y www.miguelgallardo.es/balear.pdf
Ignoramos si la Fiscalía ya ha tenido conocimiento de alguna de las numerosas noticias publicadas al respecto. Indagamos criterios del Ministerio Público, doblemente legitimados, como demandados y como medio, por lo que le solicitamos datos de demandas, querellas o denuncias en los que intervenga un fiscal de las Islas Baleares y se utilicen servicios jurídicos institucionales para la defensa de supuestos derechos que, en todo caso, serían personales, particulares y privados. Además la información que solicitamos tiene muy clara relevancia pública y es de innegable interés general.
Hemos leído unas declaraciones suyas a EL PAÍS, que se encuentran en Internet, así:
politica.elpais.com/politica/.../1348768582_135838.html
27 Sep 2012 - Bartolomé Barceló denuncia que imputados por corrupción y sus amistades desarrollan campañas de presión mediática contra jueces y fiscales.
Nos preguntamos, y le preguntamos ahora, aquí y así, qué sentiría Vd. si le demandaran dinero cargos púbicos utilizando recursos públicos materiales y humanos (lo mejor de la abogacía en la función pública) en kafkianos procedimientos judiciales con fiscal ausente, ignorante o cómplice. Tan perversa malversación de caudales públicos en costas judiciales del cargo demandante no se da en ningún otro país europeo que nosotros conozcamos, y queremos aprovechar, precisamente, que en las Islas Baleares residen juristas de otras nacionalidades que pueden contribuir a crear un estado de opinión que fuerce a la Fiscalía a abrir diligencias preprocesales de oficio, o por denuncia.
Sin renunciar a nada de cuanto posibilita la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, entendemos que la documentación que aportamos es suficiente “notitia criminis” para que el fiscal actúe de oficio, pero en todo caso, lo que solicitamos es la identificación personal, con nombre y dos apellidos, del fiscal personado en cada procedimiento judicial en el que letrados empleados públicos actúen en beneficio de quien eventualmente ostenta un cargo público por derechos que son siempre personales, particulares y privados. Este interés nuestro es firme y permanente.
www.cita.es/balear en Madrid, a 12 de octubre de 2012, por XornalGalicia.com
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 www.twitter.com/miguelencita y e-mail miguel@cita.es
Se adjunta lo también publicado en Internet www.cita.es/balear y www.miguelgallardo.es/balear.pdf
A la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de las Islas Baleares
Documento publicado en Internet www.cita.es/balear y www.miguelgallardo.es/balear.pdf
Hemos tenido conocimiento por la prensa de una demanda (o querella pues puede haber imprecisión o error periodística en las noticias publicadas) presentada por el honor del actual presidente de Govern Balear José Ramón Bauzá contra Lorenzo Bravo y Unión General de Trabajadores UGT, según hemos leído, firmada por la letrada Antonia Perelló, que dirige estos servicios jurídicos.
Desde octubre de 2008, mi empresa y yo investigamos, sin reconocer más límite que el artículo 197 del Código Penal, demandas por supuestos derechos que, en todo caso, serían personales, particulares y privados, presentadas por letrados empleados públicos. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que siempre debe existir un previo expediente administrativo en el que se resuelva presentar demanda o querella con letrado institucional. Pues bien, tenemos el máximo interés y toda la legitimación nos da el hecho de haber afrontado, y haber ganado con sentencia firme, una demanda civil, por 300.000 euros, por el supuesto honor de los funcionarios públicos más conocidos por ser peritos judiciales privados de Boliden y la SGAE), en nuestro caso, agravada por la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y personación en contencioso, que también ganamos en la Audiencia Nacional, con condena en costas para la institución pública y sus funcionarios. Ahora procuramos que todos los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía de España sean conscientes de que las costas judiciales pueden ser objeto de malversación, pero también, de que los letrados de instituciones públicas que asistan a quien demanda por derechos personales, particulares y privados, puede estar cometiendo un delito. Recomendamos la lectura de www.cita.es/cgae también en www.miguelgallardo.es/cgae.pdf y la denuncia que mantenemos en http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Para evitar equívocos, no hay interpretación política partidista en este asunto. Tenemos el mismo interés en casos de otro signo político (por ejemplo, el anuncio de demanda del socialista Guillermo Fernández Vara contra el entonces candidato popular, actual presidente, de la Junta de Extremadura pretendiendo utilizar letrado institucional al que luego renunció). Además, advertimos que podría haber motivos de sanción disciplinaria por el art. 95 (j) del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo voluntad y derecho nuestro, recurrir cualquier resolución contraria o silencio, al menos, hasta agotar la vía administrativa e incluso llegando al contencioso, sin perjuicio de otras instancias.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicitamos la identificación del procedimiento administrativo que se resuelve con la demanda (o querella) judicial por el supuesto derecho al honor de quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y con absoluta independencia de su judicialización, por derecho administrativo SOLICITO que se nos informe y se nos considere legítimamente interesados a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, con todos los derechos del artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en especial, ahora, URGENTEMENTE solicito el inmediato ejercicio de los derechos recogidos en el citado artículo A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos y
B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
En Madrid, a 12 de octubre de 2012.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 www.twitter.com/miguelencita y e-mail miguel@cita.es
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