Miguel Ángel Gallardo
Ortiz PERITO
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Contra el borrado de datos y metadatos en la Presidencia del Gobierno
La última factura de Aznar en La
Moncloa
Última
hora: Auto de archivo en http://www.cita.es/borrado/auto.pdf
y nuestro Recurso de Apelación en formato DOC PDF y HTML
http://www.cita.es/borrado/recurso.doc
http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf
http://www.cita.es/borrado/recurso.htm
admitido a trámite por auto de fecha 4 de septiembre
de 2006
Carta a embajadores
europeos en http://www.cita.es/borrado/embajadores/europeos
Carta a Carlos Fabra,
Presidene de la Diputación de Castellón
en http://www.cita.es/borrado/carlos/fabra
El valor histórico de los
archivos políticos
La destrucción intencionada de documentos es un delito
claramente tipificado por el Código Penal, que dice en su
Artículo 413: La
autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere,
destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos
cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo,
incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro
años, multa de siete a veinticuatro meses, e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de tres a seis años.
Sin embargo, hay que diferenciar entre documentos públicos, y
documentos privados, dentro de un mismo sistema informático.
Muchos funcionarios utilizan los ordenadores oficiales para sus propios
asuntos particulares, y los políticos también los
utilizan para actuaciones partidistas (lo que supone una gran ventaja
para los partidos en el poder respecto a los que están en la
oposición) arriesgándose a que sus sucesores, o sus
sustitutos, puedan acceder a su privacidad. Pero sus miedos por ese
riesgo no justifican la destrucción indiscriminada. La
transmisión de poderes, claves y accesos a documentos
electrónicos no puede hacerse como pretenden los que evitan
dejar huellas. La corrupción, la incompetencia y muchas
conspiraciones se pretenden ocultar borrando datos, archivos y sistemas
enteros en las instancias políticas, privando a los
historiadores de un material imprescindible para conocer lo que ha
ocurrido.
Por nuestra parte, recomendamos la lectura de la querella publicada en http://www.protecsag.com/querellamoncloa.pdf
y ofrecemos la siguiente recopilación de noticias que
consideramos relevantes, considerando, muy especialmente la lectura del
documento con nuestro recurso de apelación admitido a
trámite, en http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf
Europa Press, 25/05/2006
APEDANICA ratifica ante un
Juzgado de Madrid la querella contra Aznar por el borrado de archivos
de La Moncloa
El presidente de la Asociación
para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias
en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), Miguel
Ángel Gallardo Ortiz, ratificó hoy ante el Juzgado
de Instrucción número 9 de Madrid la querella presentada
contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por
el borrado de los archivos informáticos del Palacio de la
Moncloa, tras el abandono del poder por el Gobierno del PP
después de las elecciones generales de marzo de 2004.
El titular del Juzgado de Instrucción número
9 de Madrid, Mario Pestana Pérez, incoó diligencias
previas en junio de 2004 para aclarar si existió delito en el
citado borrado de archivos a raíz de una denuncia interpuesta
por el abogado murciano José Luis Mazón, en la que
también pidió investigar al Ministerio del Interior, cuyo
titular era entonces Ángel Acebes, por un "volcado" de
documentos relacionados con los atentados del 11-M.
La querella presentada por APEDANICA se refiere a los
mismos hechos recogidos en la denuncia del abogado Mazón, quien
está personado en la causa como acusación popular junto
con la abogada Encarnación Martínez, que también
presentó otra querella criminal sobre el mismo contenido.
Ratificada la denuncia y las dos querellas presentadas por estos
hechos, el juez Pestana se pronunciará en los próximos
días sobre si las admite a trámite o no.
BORRADO DE ARCHIVOS
En concreto, el abogado murciano interpuso una denuncia el
14 de diciembre de 2004, en la que cita dos noticias publicadas por el
diario "El País" el 13 de diciembre de 2004 en las que se
informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar
archivos informáticos y sus respectivos copias de seguridad de
La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se
realizó un "volcado" de documentos sobre los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid.
Asimismo, añade que durante la comparecencia ante
la Comisión de investigación del 11-M, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ratificó
la citada información" al señalar que los archivos
informáticos, incluidas las copias de seguridad, fueron
destruidos en los días posteriores a los atentados.
Mazón señala en su denuncia que, aunque
Rodríguez Zapatero manifestó entonces que no
pediría responsabilidades por los hechos, "la aplicación
del Código penal en un Estado de Derecho no está sometido
al principio de oportunidad". Agrega que "nadie, ni el Gobierno ni el
Poder Judicial, puede otorgar dispensas penales que impidan la
investigación de una conducta sospechosamente delictiva.
Europa Press, 26/02/2005
La Abogacía del Estado estima que no hay datos suficientes para
saber qué tipo de documentos destruyó el Gobierno
Aznar
La Abogacía General del Estado establece que los datos aportados
por la subdirección informática de Presidencia del
Gobierno son "manifiestamente insuficientes" para determinar la
naturaleza de los documentos destruidos por el gabinete del anterior
jefe del Ejecutivo, José María Aznar, antes de abandonar
La Moncloa. Además, en el informe elaborado al respecto por los
servicios jurídicos del Estado, al que tuvo acceso Europa Press,
se recomienda además que se paguen los gastos derivados del
proceso de destrucción de documentación.
El citado informe fue elaborado a petición del actual Director
del Gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para
conocer los trámites a seguir ante una serie de operaciones de
destrucción de documentos y de borrado de los sistemas
informáticos, "realizadas en fecha inmediatamente anteriores a
la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo. Después, el
Grupo parlamentario de IU lo solicitó en el Congreso de los
Diputados.
Así, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero
formulaba consulta respecto a dos aspectos concretos: Al hecho del
borrado en sí mismo, con la posible desaparición de
documentos oficiales de la Administración, y las facturas que,
por una actividad de este tipo, han sido presentados por algunas
empresas.
TRES HIPÓTESIS DE TRABAJO
Ante esto, los servicios jurídicos del Estado establecen en su
informe distintas hipótesis de las responsabilidades que se
pudieran derivar de la destrucción de documentos del Gobierno,
dependiendo de si se tratara de documentos originales, copias de
originales o informes o borradores de un partido político.
"Hay que afirmar que si la mencionada destrucción y borrado
afecta a documentos personales o con carácter general, a
documentos ajenos o extraños a la estricta área de
funciones o competencias de la Presidencia del Gobierno (documentos
personales, documentos del partido político que sostenga al
Gobierno, documentos del Presidente en su condición de
líder del partido...), nada habrá de decirse de la
destrucción-borrado realizada por ser una actividad neutra desde
la óptica el examen de los intereses generales", se especifica.
Como segunda hipótesis, se señala que si la
destrucción o borrado atañe a documentos de
carácter administrativo u oficial que constituyan "copias
almacenadas en archivos o sistemas informáticos" de otros
documentos originales que estén en poder de la
Administración, "la conducta realizada será igualmente
neutra".
En tercer lugar, formulan que si se examina la posibilidad de que las
operaciones de destrucción y borrado vengan referidas a
originales de los que no haya copia, se podría deducir
responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa
reguladora del Patrimonio Documental --con su correspondiente
sanción económica si el daño es cuantificable-- y
responsabilidad disciplinaria exigible a los poseedores de documentos
administrativos de acuerdo con la legislación del Patrimonio
Histórico Español.
En cuanto a las posibles responsabilidades penales, desde la
Abogacía del Estado se recuerda que el artículo 413 del
Código Penal sanciona, en la custodia de documentos, a "la
autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere
destruyere u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia
le esté encomendada por razón de su cargo".
No obstante, en el informe recogido por Europa Press se resalta que el
examen de la documentación enviada no permite llegar a una "idea
cierta" y "ni siquiera aproximada" sobre el contenido de los documentos
destruidos o borrados. "Y este dato fáctico es crítico
para llegar a una conclusión jurídica razonada", se
especifica.
HAY QUE PAGAR A LAS EMPRESAS
En cuanto a cómo ha de actuar el Ejecutivo ante la
presentación de facturas por parte de compañías a
las que, al parecer, se encomendó la realización material
de las actuaciones de destrucción y borrado informático
de documentos.
Tras esgrimir una serie de alegaciones jurídicas para justificar
su respuesta, se afirma que las empresas no tienen por qué
conocer a priori si la actividad que se les encarga desde el Gobierno
es o no lícita. "Si las facturas en cuestión acreditan,
como parece ser el caso, la prestación efectiva de un servicio
por parte de dichas empresas a favor de la Administración,
procede efectuar el pago de tales servicios, pues de lo contrario, se
incurriría en un inadmisible enriquecimiento injusto", se
concluye.
EL PAÍS, 15/12/2004
El borrado de los archivos de Moncloa, en la prensa
internacional
Madrid
La información publicada por EL PAÍS el pasado lunes
sobre el borrado completo de los archivos informáticos de la
etapa de Gobierno del PP ha tenido eco en buena parte de la prensa
internacional, incluidos los más importantes y prestigiosos
rotativos mundiales.
Bajo el titular 'Aznar, acusado de destruir pruebas de los atentados de
Madrid y de engañar al pueblo', el londinense The Times hace una
recopilación de las principales aportaciones del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su
comparecencia ante la comisión del 11-M, señalando de
forma destacada que 'confirmó una información de EL
PAÍS' sobre un masivo borrado de documentos de los ocho
años de Aznar en La Moncloa. También se destaca que se
pagaron 12.000 euros a una empresa privada para destruir la
documentación. La crónica de The Times va firmada por
David Sharrock y ocupa una página completa.
The Independent destaca en el titular el mismo hecho entrecomillando la
afirmación de Zapatero ante la comisión: Aznar
'depuró todos los documentos de la ocultación de los
atentados'. En la crónica de Elizabeth Nash se señala el
detalle de que se borrasen las copias de seguridad, no sólo los
discos duros, entre las aportaciones hechas por EL PAÍS.
The Guardian sigue la misma línea y titula 'Aznar borró
archivos de los atentados de Madrid' En la crónica señala
que 'el diario EL PAÍS informó ayer de que el trabajo
costó 12.000 euros (8.200 libras) e incluyó la
destrucción de todos los correos electrónicos. Al nuevo
Gobierno sólo le dejaron documentos en papel, según dicho
diario'.
Por lo que respecta a los periódicos franceses,
Libération señala que la revelación de Zapatero
ante la comisión de que el Gobierno de Aznar borró todos
los documentos informáticos que concernían al 11-M
'dejó estupefacto a su auditorio'. A renglón seguido, el
diario francés señala que dicha información fue
revelada en primera instancia por EL PAÍS. También se
hace eco de la existencia de una factura y su importe. Ese mismo
detalle se resalta en la crónica de Martine Silber para Le
Monde.
The New York Times también titula su información sobre la
comparecencia de Zapatero con el asunto del borrado de documentos: 'El
presidente dice que el anterior Gobierno destruyó
información sobre los atentados de Madrid'. Igualmente se
señala que fue EL PAÍS el que dio la noticia el lunes.
Menos relieve tiene la comparecencia de Zapatero en The Washington Post
y en Los Angeles Times, pero ambos destacan que el anterior Gobierno
borró los documentos.
De la prensa alemana, el Frankfurter Allgemaine Zeitung destaca 'el
puntapié propinado por Zapatero a su antecesor. 'Desveló'
que no estaba tan informado como quisiera porque el equipo de Aznar
borró la información de los ordenadores'. El Berliner
Zeitung hace un comentario sobre el tema diciendo que no se
habría hecho ese borrado 'si Aznar no tuviera algo que ocultar'.
Y remacha '¿Será solo un tozudo o también un
mentiroso?'.
Entre los diarios italianos, La Repubblica titula 'Aznar vació
los archivos sobre la masacre' y cuenta los detalles de la
información publicada por este diario el pasado lunes al hilo de
la crónica de la comparecencia de Zapatero.
EL PAÍS, 14/12/2004
ZAPATERO, ABORDADO POR ARAGONÉS.
RICARDO GUTIÉRRE
El presidente del Gobierno fue abordado anoche, al concluir su
comparecencia en la comisión, por el diputado del PP Carlos
Aragonés, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
con José María Aznar, quien le pidió explicaciones
por la acusación de que los populares habían borrado los
archivos de su etapa de gobierno. Según Aragonés,
considerado mano derecha de Aznar en La Moncloa, el PP también
se encontró vacíos los archivos, y además ninguna
ley obliga a dejar los archivos al Gobierno entrante, máxime
cuando, dijo, muchos de esos documentos son personales y privados.
EL PAIS, 13/12/2004
MIGUEL
GONZÁLEZ
El equipo de Aznar borró los archivos informáticos de
Presidencia antes de irse
Una empresa especializada fue contratada por 12.000 euros para eliminar
todas las copias
Madrid
Cuenta el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo que, cuando llegó
a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981,
y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de
Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que
estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis
Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril
pasado sustituyó a José María Aznar al frente del
Gobierno. Todos los archivos informáticos de Presidencia estaban
vacíos. La clave también figuraba en un papel: la
factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.
José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá esta
mañana ante la Comisión de Investigación del
Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar,
según sus propias palabras, una intervención
'constructiva'. El presidente detallará las medidas que ha
adoptado el Ejecutivo para combatir el terrorismo de origen islamista y
ofrecerá a todos los grupos políticos un pacto de Estado
para hacer frente a esta amenaza. También deberá
contestar a las preguntas del PP sobre cuál fue su
comportamiento entre el 11 y el 14 de marzo.
Lo que Zapatero no podrá, pese a su deseo de dar una
información 'densa y amplia', es facilitar datos sobre la
actuación de la Presidencia del Gobierno en esas fechas. No
podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió
el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no
la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y
sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se
reunió en La Moncloa el día 11, presidido por el
presidente y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y
altos cargos de mayor confianza, qué decisiones se adoptaron.
Sin documentos del día 11
Cuando la Comisión de Investigación del 11-M
reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el Gobierno
contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni
ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en
La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de
medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes
que recibió o las instrucciones que dio.
El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los
ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La
explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido
por Aznar ordenó que se borrasen los archivos
informáticos de Presidencia del Gobierno.
No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a
formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier
usuario. Se borraron también las cintas con las copias de
seguridad de los archivos informáticos. Para ello se
recurrió a una empresa especializada, que presentó la
correspondiente factura, de unos 12.000 euros.
Sólo que cuando llegó la hora de pagar ya había
cambiado el inquilino de La Moncloa, por lo que fueron los socialistas
los que tuvieron que asumir el coste de haberse quedado sin una
información probablemente valiosa.
¿Cómo de valiosa? Fuentes gubernamentales admiten que es
imposible conocer el valor de la información perdida, pues no
existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de
carácter administrativo, con rango legal, fueron entregados en
el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan
informes políticos sobre todo tipo de asuntos, incluso algunos
que afectan a la política de Estado, como la lucha
antiterrorista.
No es concebible, argumentan, que todos los archivos
informáticos de Presidencia, como el intercambio de correos
electrónicos entre ordenadores oficiales, se refieran a temas
personales de asesores o altos cargos.
Las mismas fuentes niegan que se produjera una situación
comparable en 1996, cuando el PP sustituyó al PSOE al frente del
Gobierno, entre otras razones porque el uso de la informática no
estaba tan extendido.
Ha sido en los últimos años cuando los correos
electrónicos han sido admitidos como prueba en procesos
judiciales, como el del fraude de Gescartera. Mucho antes, en 1974, el
presidente de EE UU Richard Nixon se vio obligado a dimitir por el
escándalo Watergate tras mantener una larga pugna con el
Congreso, que exigía la entrega de la cintas con las
conversaciones mantenidas por el presidente con sus colaboradores en la
Casa Blanca, sin aceptar que las mismas pudieran pertenecer al
ámbito privado.
Si en Moncloa se borraron los archivos informáticos, en el
Ministerio del Interior se copiaron. Fuentes de dicho departamento,
tanto de la actual como de la anterior administración, han
explicado que altos cargos del equipo del ex ministro Ángel
Acebes hicieron copias de documentos relacionados con la
investigación del 11-M, informa Jorge A. Rodríguez.
Las copias fueron volcadas en discos compactos y algunos de los
documentos duplicados se publicaron en libros meses después de
la salida del PP del poder. Entre los documentos copiados figuran
cartas de etarras que sugerían contactos con presos islamistas,
vídeos y fotos de los atentados y parte de la
investigación sobre cómo se convocaron las
manifestaciones del 13-M frente a las sedes del PP.
Última
hora: Auto de archivo en http://www.cita.es/borrado/auto.pdf
y nuestro Recurso de Apelación en formato DOC PDF y HTML
http://www.cita.es/borrado/recurso.doc
http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf
http://www.cita.es/borrado/recurso.htm
admitido a trámite por auto de fecha 4 de septiembre
de 2006
Carta a embajadores
europeos en http://www.cita.es/borrado/embajadores/europeos
Carta a Carlos Fabra,
Presidene de la Diputación de Castellón
en http://www.cita.es/borrado/carlos/fabra
Para más información,
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