Miguel Ángel Gallardo Ortiz  PERITO JUDICIAL PRIVADO E-mail: miguel@cita.es
www.cita.es Apartado Postal 17083 - 28080 Madrid España (Spain)
Tel.: 914743809, Móvil: 619776475 (atención permanente)

Contra el borrado de datos y metadatos en la Presidencia del Gobierno
La última factura de Aznar en La Moncloa

Última hora: Auto de archivo en http://www.cita.es/borrado/auto.pdf
y nuestro Recurso de Apelación en formato DOC PDF y HTML
http://www.cita.es/borrado/recurso.doc
http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf
http://www.cita.es/borrado/recurso.htm
admitido a trámite por auto de fecha 4 de septiembre de 2006
Carta a embajadores europeos en http://www.cita.es/borrado/embajadores/europeos
Carta a Carlos Fabra, Presidene de la Diputación de Castellón
en http://www.cita.es/borrado/carlos/fabra


El valor histórico de los archivos políticos

La destrucción intencionada de documentos es un delito claramente tipificado por el Código Penal, que dice en su Artículo 413: La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Sin embargo, hay que diferenciar entre documentos públicos, y documentos privados, dentro de un mismo sistema informático. Muchos funcionarios utilizan los ordenadores oficiales para sus propios asuntos particulares, y los políticos también los utilizan para actuaciones partidistas (lo que supone una gran ventaja para los partidos en el poder respecto a los que están en la oposición) arriesgándose a que sus sucesores, o sus sustitutos, puedan acceder a su privacidad. Pero sus miedos por ese riesgo no justifican la destrucción indiscriminada. La transmisión de poderes, claves y accesos a documentos electrónicos no puede hacerse como pretenden los que evitan dejar huellas. La corrupción, la incompetencia y muchas conspiraciones se pretenden ocultar borrando datos, archivos y sistemas enteros en las instancias políticas, privando a los historiadores de un material imprescindible para conocer lo que ha ocurrido.

Por nuestra parte, recomendamos la lectura de la querella publicada en http://www.protecsag.com/querellamoncloa.pdf

y ofrecemos la siguiente recopilación de noticias que consideramos relevantes, considerando, muy especialmente la lectura del documento con nuestro recurso de apelación admitido a trámite, en http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf

Europa Press, 25/05/2006
APEDANICA ratifica ante un Juzgado de Madrid la querella contra Aznar por el borrado de archivos de La Moncloa    
El presidente de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ratificó hoy  ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la querella presentada contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por el borrado de los archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, tras el abandono del poder por el Gobierno del PP después de las elecciones generales de marzo de 2004.
   El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana Pérez, incoó diligencias previas en junio de 2004 para aclarar si existió delito en el citado borrado de archivos a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado murciano José Luis Mazón, en la que también pidió investigar al Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Ángel Acebes, por un "volcado" de documentos relacionados con los atentados del 11-M.
   La querella presentada por APEDANICA se refiere a los mismos hechos recogidos en la denuncia del abogado Mazón, quien está personado en la causa como acusación popular junto con la abogada Encarnación Martínez, que también presentó otra querella criminal sobre el mismo contenido. Ratificada la denuncia y las dos querellas presentadas por estos hechos, el juez Pestana se pronunciará en los próximos días sobre si las admite a trámite o no.
BORRADO DE ARCHIVOS
   En concreto, el abogado murciano interpuso una denuncia el 14 de diciembre de 2004, en la que cita dos noticias publicadas por el diario "El País" el 13 de diciembre de 2004 en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivos copias de seguridad de La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se realizó un "volcado" de documentos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
   Asimismo, añade que durante la comparecencia ante la Comisión de investigación del 11-M, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ratificó la citada información" al señalar que los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad, fueron destruidos en los días posteriores a los atentados.
   Mazón señala en su denuncia que, aunque Rodríguez Zapatero manifestó entonces que no pediría responsabilidades por los hechos, "la aplicación del Código penal en un Estado de Derecho no está sometido al principio de oportunidad". Agrega que "nadie, ni el Gobierno ni el Poder Judicial, puede otorgar dispensas penales que impidan la investigación de una conducta sospechosamente delictiva.

Europa Press, 26/02/2005
La Abogacía del Estado estima que no hay datos suficientes para saber qué tipo de documentos destruyó el Gobierno Aznar    
La Abogacía General del Estado establece que los datos aportados por la subdirección informática de Presidencia del Gobierno son "manifiestamente insuficientes" para determinar la naturaleza de los documentos destruidos por el gabinete del anterior jefe del Ejecutivo, José María Aznar, antes de abandonar La Moncloa. Además, en el informe elaborado al respecto por los servicios jurídicos del Estado, al que tuvo acceso Europa Press, se recomienda además que se paguen los gastos derivados del proceso de destrucción de documentación.
El citado informe fue elaborado a petición del actual Director del Gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para conocer los trámites a seguir ante una serie de operaciones de destrucción de documentos y de borrado de los sistemas informáticos, "realizadas en fecha inmediatamente anteriores a la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo. Después, el Grupo parlamentario de IU lo solicitó en el Congreso de los Diputados.
Así, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero formulaba consulta respecto a dos aspectos concretos: Al hecho del borrado en sí mismo, con la posible desaparición de documentos oficiales de la Administración, y las facturas que, por una actividad de este tipo, han sido presentados por algunas empresas.
TRES HIPÓTESIS DE TRABAJO
Ante esto, los servicios jurídicos del Estado establecen en su informe distintas hipótesis de las responsabilidades que se pudieran derivar de la destrucción de documentos del Gobierno, dependiendo de si se tratara de documentos originales, copias de originales o informes o borradores de un partido político.
"Hay que afirmar que si la mencionada destrucción y borrado afecta a documentos personales o con carácter general, a documentos ajenos o extraños a la estricta área de funciones o competencias de la Presidencia del Gobierno (documentos personales, documentos del partido político que sostenga al Gobierno, documentos del Presidente en su condición de líder del partido...), nada habrá de decirse de la destrucción-borrado realizada por ser una actividad neutra desde la óptica el examen de los intereses generales", se especifica.
Como segunda hipótesis, se señala que si la destrucción o borrado atañe a documentos de carácter administrativo u oficial que constituyan "copias almacenadas en archivos o sistemas informáticos" de otros documentos originales que estén en poder de la Administración, "la conducta realizada será igualmente neutra".
En tercer lugar, formulan que si se examina la posibilidad de que las operaciones de destrucción y borrado vengan referidas a originales de los que no haya copia, se podría deducir responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa reguladora del Patrimonio Documental --con su correspondiente sanción económica si el daño es cuantificable-- y responsabilidad disciplinaria exigible a los poseedores de documentos administrativos de acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico Español.
En cuanto a las posibles responsabilidades penales, desde la Abogacía del Estado se recuerda que el artículo 413 del Código Penal sanciona, en la custodia de documentos, a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere destruyere u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo".
No obstante, en el informe recogido por Europa Press se resalta que el examen de la documentación enviada no permite llegar a una "idea cierta" y "ni siquiera aproximada" sobre el contenido de los documentos destruidos o borrados. "Y este dato fáctico es crítico para llegar a una conclusión jurídica razonada", se especifica.
HAY QUE PAGAR A LAS EMPRESAS
En cuanto a cómo ha de actuar el Ejecutivo ante la presentación de facturas por parte de compañías a las que, al parecer, se encomendó la realización material de las actuaciones de destrucción y borrado informático de documentos.
Tras esgrimir una serie de alegaciones jurídicas para justificar su respuesta, se afirma que las empresas no tienen por qué conocer a priori si la actividad que se les encarga desde el Gobierno es o no lícita. "Si las facturas en cuestión acreditan, como parece ser el caso, la prestación efectiva de un servicio por parte de dichas empresas a favor de la Administración, procede efectuar el pago de tales servicios, pues de lo contrario, se incurriría en un inadmisible enriquecimiento injusto", se concluye. 

EL PAÍS,
15/12/2004        
El borrado de los archivos de Moncloa, en la prensa internacional    
Madrid
La información publicada por EL PAÍS el pasado lunes sobre el borrado completo de los archivos informáticos de la etapa de Gobierno del PP ha tenido eco en buena parte de la prensa internacional, incluidos los más importantes y prestigiosos rotativos mundiales.
Bajo el titular 'Aznar, acusado de destruir pruebas de los atentados de Madrid y de engañar al pueblo', el londinense The Times hace una recopilación de las principales aportaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la comisión del 11-M, señalando de forma destacada que 'confirmó una información de EL PAÍS' sobre un masivo borrado de documentos de los ocho años de Aznar en La Moncloa. También se destaca que se pagaron 12.000 euros a una empresa privada para destruir la documentación. La crónica de The Times va firmada por David Sharrock y ocupa una página completa.
The Independent destaca en el titular el mismo hecho entrecomillando la afirmación de Zapatero ante la comisión: Aznar 'depuró todos los documentos de la ocultación de los atentados'. En la crónica de Elizabeth Nash se señala el detalle de que se borrasen las copias de seguridad, no sólo los discos duros, entre las aportaciones hechas por EL PAÍS.
The Guardian sigue la misma línea y titula 'Aznar borró archivos de los atentados de Madrid' En la crónica señala que 'el diario EL PAÍS informó ayer de que el trabajo costó 12.000 euros (8.200 libras) e incluyó la destrucción de todos los correos electrónicos. Al nuevo Gobierno sólo le dejaron documentos en papel, según dicho diario'.
Por lo que respecta a los periódicos franceses, Libération señala que la revelación de Zapatero ante la comisión de que el Gobierno de Aznar borró todos los documentos informáticos que concernían al 11-M 'dejó estupefacto a su auditorio'. A renglón seguido, el diario francés señala que dicha información fue revelada en primera instancia por EL PAÍS. También se hace eco de la existencia de una factura y su importe. Ese mismo detalle se resalta en la crónica de Martine Silber para Le Monde.
The New York Times también titula su información sobre la comparecencia de Zapatero con el asunto del borrado de documentos: 'El presidente dice que el anterior Gobierno destruyó información sobre los atentados de Madrid'. Igualmente se señala que fue EL PAÍS el que dio la noticia el lunes. Menos relieve tiene la comparecencia de Zapatero en The Washington Post y en Los Angeles Times, pero ambos destacan que el anterior Gobierno borró los documentos.
De la prensa alemana, el Frankfurter Allgemaine Zeitung destaca 'el puntapié propinado por Zapatero a su antecesor. 'Desveló' que no estaba tan informado como quisiera porque el equipo de Aznar borró la información de los ordenadores'. El Berliner Zeitung hace un comentario sobre el tema diciendo que no se habría hecho ese borrado 'si Aznar no tuviera algo que ocultar'. Y remacha '¿Será solo un tozudo o también un mentiroso?'.
Entre los diarios italianos, La Repubblica titula 'Aznar vació los archivos sobre la masacre' y cuenta los detalles de la información publicada por este diario el pasado lunes al hilo de la crónica de la comparecencia de Zapatero.

EL PAÍS, 14/12/2004
ZAPATERO, ABORDADO POR ARAGONÉS. 
RICARDO GUTIÉRRE
El presidente del Gobierno fue abordado anoche, al concluir su comparecencia en la comisión, por el diputado del PP Carlos Aragonés, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con José María Aznar, quien le pidió explicaciones por la acusación de que los populares habían borrado los archivos de su etapa de gobierno. Según Aragonés, considerado mano derecha de Aznar en La Moncloa, el PP también se encontró vacíos los archivos, y además ninguna ley obliga a dejar los archivos al Gobierno entrante, máxime cuando, dijo, muchos de esos documentos son personales y privados.
 
EL PAIS, 13/12/2004
MIGUEL GONZÁLEZ         
El equipo de Aznar borró los archivos informáticos de Presidencia antes de irse    
Una empresa especializada fue contratada por 12.000 euros para eliminar todas las copias    
Madrid
Cuenta el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo que, cuando llegó a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981, y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril pasado sustituyó a José María Aznar al frente del Gobierno. Todos los archivos informáticos de Presidencia estaban vacíos. La clave también figuraba en un papel: la factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.
José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá esta mañana ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar, según sus propias palabras, una intervención 'constructiva'. El presidente detallará las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir el terrorismo de origen islamista y ofrecerá a todos los grupos políticos un pacto de Estado para hacer frente a esta amenaza. También deberá contestar a las preguntas del PP sobre cuál fue su comportamiento entre el 11 y el 14 de marzo.
Lo que Zapatero no podrá, pese a su deseo de dar una información 'densa y amplia', es facilitar datos sobre la actuación de la Presidencia del Gobierno en esas fechas. No podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se reunió en La Moncloa el día 11, presidido por el presidente y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y altos cargos de mayor confianza, qué decisiones se adoptaron.
Sin documentos del día 11
Cuando la Comisión de Investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el Gobierno contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes que recibió o las instrucciones que dio.
El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido por Aznar ordenó que se borrasen los archivos informáticos de Presidencia del Gobierno.
No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las cintas con las copias de seguridad de los archivos informáticos. Para ello se recurrió a una empresa especializada, que presentó la correspondiente factura, de unos 12.000 euros.
Sólo que cuando llegó la hora de pagar ya había cambiado el inquilino de La Moncloa, por lo que fueron los socialistas los que tuvieron que asumir el coste de haberse quedado sin una información probablemente valiosa.
¿Cómo de valiosa? Fuentes gubernamentales admiten que es imposible conocer el valor de la información perdida, pues no existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de carácter administrativo, con rango legal, fueron entregados en el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan informes políticos sobre todo tipo de asuntos, incluso algunos que afectan a la política de Estado, como la lucha antiterrorista.
No es concebible, argumentan, que todos los archivos informáticos de Presidencia, como el intercambio de correos electrónicos entre ordenadores oficiales, se refieran a temas personales de asesores o altos cargos.
Las mismas fuentes niegan que se produjera una situación comparable en 1996, cuando el PP sustituyó al PSOE al frente del Gobierno, entre otras razones porque el uso de la informática no estaba tan extendido.
Ha sido en los últimos años cuando los correos electrónicos han sido admitidos como prueba en procesos judiciales, como el del fraude de Gescartera. Mucho antes, en 1974, el presidente de EE UU Richard Nixon se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate tras mantener una larga pugna con el Congreso, que exigía la entrega de la cintas con las conversaciones mantenidas por el presidente con sus colaboradores en la Casa Blanca, sin aceptar que las mismas pudieran pertenecer al ámbito privado.
Si en Moncloa se borraron los archivos informáticos, en el Ministerio del Interior se copiaron. Fuentes de dicho departamento, tanto de la actual como de la anterior administración, han explicado que altos cargos del equipo del ex ministro Ángel Acebes hicieron copias de documentos relacionados con la investigación del 11-M, informa Jorge A. Rodríguez.
Las copias fueron volcadas en discos compactos y algunos de los documentos duplicados se publicaron en libros meses después de la salida del PP del poder. Entre los documentos copiados figuran cartas de etarras que sugerían contactos con presos islamistas, vídeos y fotos de los atentados y parte de la investigación sobre cómo se convocaron las manifestaciones del 13-M frente a las sedes del PP.

Última hora: Auto de archivo en http://www.cita.es/borrado/auto.pdf
y nuestro Recurso de Apelación en formato DOC PDF y HTML
http://www.cita.es/borrado/recurso.doc
http://www.cita.es/borrado/recurso.pdf
http://www.cita.es/borrado/recurso.htm
admitido a trámite por auto de fecha 4 de septiembre de 2006
Carta a embajadores europeos en http://www.cita.es/borrado/embajadores/europeos
Carta a Carlos Fabra, Presidene de la Diputación de Castellón
en http://www.cita.es/borrado/carlos/fabra


Para más información,

Miguel Ángel Gallardo Ortiz  PERITO JUDICIAL PRIVADO E-mail: miguel@cita.es
www.cita.es Apartado Postal 17083 - 28080 Madrid España (Spain)
Tel.: 914743809, Móvil: 619776475 (atención permanente)