Ing. Miguel Ángel Gallardo
Ortiz , perito
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Calumnias de Políticos
Estamos investigando precedentes y procedimientos para obligar a un
político a retirar sus caluminas. Jaume Matas me ha calumniado y estudio todas
las medidas políticas y legales para actuar contra él y
contra su calumnia. Por este
motivo he recopilado los siguientes precedentes.
El País, vie, 30/11/2001
El fiscal investiga si Chaves fue calumniado al ser acusado de
espionaje
Sevilla
La Fiscalía de Sevilla abrió ayer de oficio una
investigación porque cree que el presidente de la Junta, el
socialista Manuel Chaves, ha sido calumniado tras ser acusado de espiar
a los presidentes de las cajas de ahorros de Sevilla en los
últimos meses. El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores,
inició unas diligencias de investigación después
de que el diario El Mundo publicase ayer que Chaves 'mandó'
espiar a Juan Manuel López Benjumea, presidente de Caja San
Fernando, e Isidoro Beneroso, de El Monte.
La información asegura que Chaves encargó a un supuesto
detective y militante del PSOE, Antonio Castellano, que investigase a
Beneroso y López Benjumea. Castellano, según la
información, fue detectado por los escoltas de López
Benjumea, ante quienes, supuestamente, admitió que seguía
los pasos del presidente de la Caja San Fernando por órdenes de
Chaves, del secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis
Pizarro, y del ex presidente de la Diputación de Sevilla, Miguel
Ángel Pino.
Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que esta denuncia
supone imputar a Chaves un delito recogido en el artículo 197
del Código Penal (sobre descubrimiento y revelación de
secretos) y que esta acusación, en principio, constituye una
calumnia al presidente de la Junta. Estas fuentes recalcaron que, en su
opinión y a tenor de las primeras pruebas, se trata de una
'imputación falsa'. La fiscalía va a citar a declarar a
los dos escoltas de López Benjumea y a Antonio Castellano.
Precisamente ayer, la policía llevó al juzgado de guardia
de Sevilla un atestado sobre el supuesto espionaje a López
Benjumea. El atestado es fruto de la denuncia de los escoltas de
Benjumea ante la policía y del propio presidente de la caja al
delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado.
El atestado policial, según fuentes de la investigación,
se limita a enumerar algunos seguimientos de coches y no menciona a
Antonio Castellano, que no es ni detective ni militante del PSOE.
Chaves remitió un escrito a Flores pidiéndole que actuara
en este caso al estimar que la acusación puede suponer una
calumnia o una injuria. Esta petición llegó a la
fiscalía después de que ésta decidiese investigar
de oficio. El PSOE anunció acciones judiciales contra los
escoltas de Benjumea y contra Castellano y dijo que 'este montaje
mafioso no quedará impune'.
En el pleno del Parlamento, el PP se hizo eco de la acusación,
anunció también que pedirá la actuación de
'oficio' del fiscal y exigió una comisión de
investigación en la Cámara.
Ante la denuncia, Chaves afirmó ayer en el pleno del Parlamento:
'Llevo 30 años en política y creía que
había perdido la capacidad de sorprenderme, pero no,
todavía me puedo sorprender de muchas cosas, sobre todo, de
hasta dónde puede llegar el juego sucio'.
La Gaceta, jue, 10/03/2005
Convergencia i Unió presentó el pasado viernes una
querella por calumnias e injurias con publicidad contra el president de
la Generalitat, Pasqual Maragall; contra el conseller Joaquim Nadal, y
contra el diputado de ERC Xavier Vendrell, por las expresiones ya
suficientemente conocidas vertidas por el primero durante la
celebración del pleno del Parlament sobre el Carmel, y por los
demás en diversas entrevistas en medios de comunicación.
Esta circunstancia ha puesto de actualidad las prerrogativas de las
cámaras parlamentarias, que no privilegios o derechos personales
de sus miembros, entre las que se encuentran la inmunidad y la
inviolabilidad. La inmunidad, exclusiva de los miembros de las Cortes
Generales -diputados al Congreso y senadores- significa que
éstos sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante
delito, sin poder ser tampoco inculpados o procesados penalmente sin la
previa autorización, mediante la concesión del
suplicatorio, de la cámara respectiva.
La inviolabilidad, de la que gozan también los diputados de los
parlamentos autonómicos, supone que ni éstos, ni los
diputados y senadores, son responsables ante la jurisdicción
civil o penal por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el
ejercicio de sus funciones. Tanto la inmunidad como la inviolabilidad
se fundamentan en la división de poderes y pretenden configurar
al parlamento como un espacio libre de las ingerencias de otros poderes
del Estado.
Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la del
Tribunal Supremo, imponen una interpretación restrictiva de las
prerrogativas parlamentarias. Por un lado, sólo afecta a los
parlamentarios en su actividad reglamentaria como tal, y no en
declaraciones de prensa, entrevistas o actos electorales. Así se
han pronunciado reiteradamente nuestros tribunales. Además,
concretando su contenido, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
diciembre de 2004 afirma que "no deben ampararse bajo el paraguas de la
inviolabilidad las ofensas vertidas, verbigracia, las que estuvieran
integradas por un exabrupto o proclamaciones carentes de racionalidad y
cualquier desviación de la temática tratada para, en
fraude de ley, alcanzar otros propósitos distintos al objeto de
debate".
Vale la pena recordar que en otros ordenamientos las calumnias
dirigidas contra otro partido político están expresamente
excluidas de las respectivas cláusulas de inviolabilidad
parlamentaria. Es el caso, por ejemplo, del parágrafo 36 en
relación con el 188 del Código Penal alemán.
La Vanguardia, dom, 13/03/2005
Inviolabilidad parlamentaria en Alemania: un apunte reciente
El pasado 21 de enero los diputados del partido neofascista
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en el Parlamento del
land alemán de Sajonia efectuaron, aprovechando su turno de
intervenciones en la Cámara, diversas manifestaciones sobre los
bombardeos que tuvieron lugar sobre la ciudad de Dresde en febrero de
1945. En concreto, calificaron la acción de los aliados como un
'holocausto de bombas', así como de 'terrorismo
anglo-norteamericano', aludiendo también a una 'esclavitud del
pueblo alemán por el sentimiento de culpabilidad', al tiempo que
relativizaban los crímenes del régimen nacionalsocialista
contra el pueblo judío.
Todo el mundo se mostró de acuerdo en que tales declaraciones
eran constitutivas del delito de instigación al odio (§ 130
del Código Penal alemán), que sanciona a quienes, de un
modo idóneo para perturbar la paz pública, atentan contra
la dignidad humana de terceros incitando al odio contra una parte de la
población, invitando a medidas de fuerza contra ella,
difamándola o degradándola. Sin embargo, la
fiscalía no llegó a incoar diligencias ante la
invocación, por los parlamentarios nazis, de su inviolabilidad
(art. 46 de la Ley Fundamental de Bonn). Como es sabido, la
inviolabilidad es una figura que impide que tengan lugar procedimientos
judiciales contra los parlamentarios por las opiniones vertidas por
éstos en las Cámaras.
Los partidos políticos alemanes reaccionaron de modo diverso
ante la crisis. Así, la Unión Cristianodemócrata
(CDU) anunció su propósito de postular una
modificación constitucional a fin de que los diputados
extremistas no pudieran beneficiarse, en el futuro, de la
inviolabilidad parlamentaria. En cambio, el Partido
Socialdemócrata (SPD) consideró que el derecho vigente en
Alemania resultaba suficiente para perseguir penalmente a los diputados
del NPD, pues sus declaraciones de incitación al odio
podían considerarse 'manifestaciones difamatorias' dirigidas
contra las víctimas de la dictadura nazi y quedar, así,
excluidas del ámbito protector de la inviolabilidad. Por ello,
solicitó de la fiscalía la apertura de las
correspondientes diligencias, de modo que nadie pudiera 'abusar del
Parlamento'.
El debate quizá nos resulte un tanto ajeno. Es cierto que el
art. 71.1 de la Constitución española (y el art. 31.2 del
Estatuto de autonomía de Catalunya) ciñe el alcance de la
inviolabilidad a las 'opiniones' manifestadas por los parlamentarios en
el ejercicio de sus funciones (igual que el art. 68 de la
Constitución italiana, el art. 46 de la Ley Fundamental alemana,
el art. 26 de la Constitución francesa o el art. 160.1 de la
Constitución portuguesa). Sin embargo, existe entre nosotros una
posición doctrinal que entiende que el principio de
división de poderes exige, de suyo, que la inviolabilidad opere
de modo absoluto frente a cualquier delito cometido por parlamentarios
a través de la palabra (así, calumnias, amenazas,
descubrimiento de secretos, etc.).
Desde luego, la división de poderes no requiere en absoluto, en
democracias por cierto más consolidadas que la nuestra, tal
concepción maximalista de la inviolabilidad parlamentaria.
Así, en el caso alemán, y según establecen de modo
explícito tanto el art. 46.1 de la Ley Fundamental como el
§ 36 del Código Penal, la inviolabilidad no ampara las
'ofensas calumniosas' o 'mentiras difamatorias' cometidas por
parlamentarios. Por eso pudo sostener el SPD, en el caso de los
diputados neonazis, que si sus manifestaciones, además de ser
constitutivas de incitación al odio, pudieran considerarse
calumniosas o difamatorias, cabría que éstos fueran
procesados sin que la inviolabilidad parlamentaria les protegiera.
La inviolabilidad, en efecto, no ampara en Alemania al parlamentario
que 'afirma o divulga de mala fe un hecho no verdadero, idóneo
para denigrar a otra persona o para desvalorarla frente a la
opinión pública o para poner en peligro su
reputación' (§ 187 del Código Penal); más
bien aquél se expone a una pena de hasta dos años de
prisión. Quizás haya quien piense que eso son 'cosas de
alemanes' que nada tienen que enseñar a la democracia
española. Y ciertamente, vista desde aquí, Alemania puede
resultar en ocasiones un extraño país. Tan extraño
como que allí el parlamentario que difama a otro
político, por motivos conexos a la posición
pública de éste y de modo idóneo para perjudicar
de modo relevante su actuación pública, es castigado con
una pena de prisión de hasta cinco años (§ 188 del
Código Penal). Así que, una de dos: o en Alemania la
división de poderes está en peligro... o algunos de los
que en nuestro país opinan sobre la inviolabilidad parlamentaria
se equivocan. Tertium non datur.
JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ,
Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra
EL PAIS, dom, 10/04/2005
REYES RINCÓN
'A la señora Oña la han elegido los andaluces, a
mí no. No tengo por
qué tener esa inmunidad ni para hablar, ni para actuar, ni para
nada'
'¿Conocer a José Pardo? No, nunca, jamás, ni
sabía de la existencia de
esas empresas. No he hablado en mi vida con esa persona'
EVANGELINA NARANJO / Consejera de Gobernación 'La
política del PP es miente, miente y miente que algo
quedará'
Sevilla
La vicesecretaria general del PP, Esperanza Oña, la acusó
en el pleno
del Parlamento de 'auténtico nepotismo' por tener dos hermanos
'colocados' en la Junta. Resultó ser falso. Evangelina Naranjo
(Sevilla, 1967), la mayor de seis hermanos, dice asistir
'atónita' a lo
que está ocurriendo y sostiene que la política del PP es
la de 'mentir
que algo quedará'.
Pregunta. ¿Le ha pedido disculpas a Esperanza Oña directa
o indirectamente?
Respuesta. No tengo ninguna disculpa, ni directa, ni indirecta, ni de
primera, ni de segundas, ni de terceras personas. Al principio
pensé
que no estaba mintiendo a conciencia, que alguien la había
inducido a
error. Transcurrido este tiempo, la señora Oña sigue sin
pedir
disculpas. Ahora pienso que no fue inducida a error, sino que
mintió a
conciencia. Por lo tanto, Esperanza Oña debe saber que yo ya
sé que
miente intencionadamente. A partir de ahora, pienso que tengo sentada
enfrente, ocupando un escaño del Parlamento de Andalucía,
a una persona
que miente y que no es capaz de pedir perdón cuando se demuestra
que se
ha equivocado. Deberíamos de tener todos la obligación o
el compromiso
de recuperar la humildad como un valor fundamental en política,
y la
señora Oña no está haciendo ni lo uno ni lo otro.
P. ¿Usted la ha perdonado?
R. No soy juez, no tengo que perdonar a nadie nada. Considero que cada
uno es dueño de sus propios actos y de sus palabras, por lo que
no me
corresponde a mí perdonarla. Es una cuestión de lo que
piensen los
ciudadanos de Andalucía en el ejercicio del rigor y de la
responsabilidad política. No la tengo que perdonar yo, la tienen
que
perdonar, políticamente hablando, otros.
P. ¿Entiende la acusación como un lance del debate?
R. En absoluto. Eso de que en política todo vale es de apaga y
vámonos. Los lances políticos son otros.
P. En la política andaluza ¿mentir es gratis?
R. En este caso en concreto, la señora Oña al no
responder o, como
decía alguien, que esto es un capítulo cerrado, se ha
escondido en la
inmunidad, pero no voy a hacer yo la que instrumentalice judicialmente
la política. Asisto atónita a lo que está pasando.
Hay ya una sentencia
que dice que el poder judicial no debe inmiscuirse en el legislativo.
Habría que abrir un debate, porque una cosa es la inmunidad y
otra la
impunidad. En este caso deben ser las asambleas legislativas las que
digan cómo se arreglan estas cuestiones, porque lo que sí
es cierto es
que, en esta ocasión, se ha atentando contra el honor de esta
consejera, que no de Evangelina Naranjo. Aquí no existe la
figura de
Evangelina Naranjo, sino de un miembro de un Gobierno. Necesitamos que
el poder legislativo se pronuncie sobre cómo solventar este
vacío.
P . ¿Tiene alguna fórmula?
R. No. Es algo que digo desde el sentido común. Una cosa son los
excesos verbales que se producen en un rifirrafe parlamentario y otra,
una acusación de delito. Hay que diferenciar. Entiendo que es
difícil,
pero tenemos que darle algún tipo de respuesta para proteger la
vida
pública.
P. Lo curioso es que si usted hubiera acusado a Oña, al no ser
diputada, sí podría acabar ante los tribunales.
R. Sí, pero eso no me lo planteo. Creo en la soberanía de
la Cámara
autonómica, porque a la señora Oña la han elegido
los andaluces, a mí
no. A mí me ha elegido el presidente que han elegido los
andaluces. Por
lo tanto, no me quejo de no tener inmunidad parlamentaria. Soy gestora,
estoy en el poder ejecutivo y no tengo por qué tener esa
inmunidad ni
para hablar, ni para actuar, ni para nada.
P. Cuando el PP hizo su acusación y el intento de implicarla en
el caso
de las facturas falsas de Sevilla ¿iban contra usted o contra
Manuel
Chaves?
R. La política del PP es miente, miente y miente que algo
quedará.
Lleva haciéndolo los últimos 23 años en
Andalucía. No tiene otra
cuestión que plantear a los andaluces. No acepta los resultados
electorales. Y si cogemos íntegramente la intervención de
la señora Oña
ahí se ve la estrategia contra la honestidad del presidente
Chaves. A
lo mejor, si en lugar de Evangelina Naranjo hubiera procedido del
Ayuntamiento de Sevilla otra consejera hubiera sido contra ella, por
esa obsesión enfermiza de buscar siempre un enganche con el
presidente
de la Junta.
P. Parece que el PP está rastreando supuestos casos de
enchufismo en la Junta.
R. Yo no lo sé. Pero, vamos a ver, habría que analizar
todos los
miembros del Consejo de Gobierno, todos los delegados de las ocho
provincias, directores generales, etcétera. Y yo me pregunto:
¿coincidirá algún apellido de algún
funcionario de la Junta con algún
miembro de libre designación de la Junta?, ¿podrá
tener algún miembro
de libre designación en la Junta hermanos, primos,
cuñados, suegros,
vecinos que sean funcionarios?, ¿puede haber funcionarios de la
Junta e
incluso de los transferidos por el Gobierno de la nación que
coincida
en ser familiar directo o indirecto... Es absurdo.
P. El secretario del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y el
alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín, se han querellado contra
Javier Arenas
(PP) y Paola Vinvancos (PA) por injurias y calumnias. Esas afirmaciones
¿no van en el sueldo de los políticos?
R. En el sueldo de los políticos, de los unos y de los otros, va
el
tener que aguantar los envites o las críticas. Lo que no va,
como he
escuchado hoy [por el jueves], es que el posicionamiento debe estar por
delante de la verdad. A los políticos nos ponen para que
gestionemos,
legislemos y para que digamos la verdad. Yo no antepondría un
posicionamiento político a la verdad.
Diario de Navarra vie, 05/11/2004
UPN no se querellará contra Taberna (IU) tras avenirse en el
acto de conciliación
El dirigente de IU dice que efectuó una valoración
política
UPN no se querellará contra Félix Taberna (IU) por sus
manifestaciones en las que acusaba al partido regionalista de estar
implicado en «una de las mayores tramas de tráfico de
influencias». En el acto de conciliación judicial
celebrado ayer, UPN se dio por satisfecho con las palabras de Taberna,
quien aseguró que no imputó delito alguno a nadie de UPN
y subrayó que efectuó «una valoración
política».
En unas declaraciones recogidas por Diario de Navarra, Félix
Taberna había señalado, en relación al denominado
caso Egüés, que la comisión de investigación
«será una prueba de fuego para UPN» y
permitirá que el Parlamento investigue «una de las tramas
de tráfico de influencias más importantes en los
últimos tiempos en Navarra, que salpica a UPN».
La formación regionalista, por su parte, respondió a
estas afirmaciones con el anuncio de una querella por injurias o
calumnias. Presentó en los juzgados una solicitud para que se
celebrara el preceptivo acto de conciliación previo a la
interposición de una querella.
En el texto, requería a Taberna a que concretase sus acusaciones
«con los nombres y apellidos de las personas de UPN» que,
según el parlamentario de IU, hayan cometido tráfico de
influencias». También exigió a Taberna que
presentara pruebas o, en caso contrario, se retractara de sus
imputaciones.
En el acto de conciliación, celebrado ayer en el Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Pamplona, Taberna respondió
al escrito de UPN. Explicó que lo que interpreta «en
términos políticos es que la investigación
judicial y la investigación parlamentaria del caso
Egüés afecta en términos políticos a
UPN».
Tráfico de influencias
Respecto a la atribución de delitos, manifestó en el
juzgado que no hizo imputación delictiva alguna a miembros de
UPN, «ya que el término tráfico de influencias se
utiliza en el término coloquial de la palabra». Y
agregó que lo usó en referencia a personas que
actualmente están imputadas en la causa que instruye el Juzgado
de Aoiz y que pertenecieron a UPN.
Taberna recalcó que no imputó «nada a nadie»,
sino que únicamente realizó «una valoración
política de unos hechos que están siendo investigados
judicialmente» y también «van a ser investigados en
sede parlamentaria».
Ante estas aseveraciones de Taberna, la formación regionalista
incluyó en el acto de conciliación una
manifestación final: «A la vista de que el demandado
reconoce en este acto que no imputa la comisión de delito alguno
a ningún miembro de UPN y que sus declaraciones fueron
expresadas en términos puramente políticos, por la parte
actora no hay inconveniencia en concluir el acto con avenencia».
Seguidamente, el demandado, Félix Taberna, se ratificó en
sus manifestaciones y subrayó que las mismas habían sido
vertidas «en términos políticos».
Europa Press mar, 03/02/2004
ANDALUCIA .- Dos diputados del PP, citados mañana al acto de
conciliación sobre la querella de la Junta por 'calumnias' sobre
Egmasa
El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla acoge
mañana el acto de conciliación previo a la
tramitación de la querella presentada por la Consejería
de Medio Ambiente contra tres diputados del PP en el Parlamento andaluz
por un presunto delito de "calumnias" relativas a la actividad de la
Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa),
indicaron a Europa Press fuentes de la citada Consejería.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y la portavoz popular de
Medio Ambiente, Carolina González Vigo, deberá acudir
mañana para un acto de conciliación en el que "deben
retractarse de todas las mentiras e injurias que vertieron sobre
Egmasa", según anunció la consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves, la semana pasada después de la reunión
del Consejo de Gobierno.
La Consejería de Medio Ambiente presentó el pasado mes de
diciembre una querella contra Sanz y los diputados populares Carolina
Fernández y Rafael Salas, por sus "calumnias" sobre Egmasa,
aunque se mostró dispuesta, según dijo, a darles la
"oportunidad" de rectificar sus declaraciones en un acto de
conciliación a celebrar mañana a partir de las 12.00
horas.
Coves anunció la querella después de que el Juzgado de
Instrucción 12 de Sevilla decretase el archivo definitivo de la
denuncia del PP andaluz sobre presuntos delitos de "malversación
de fondos públicos" en Egmasa.
La Voz de Asturias, mar, 25/03/2003
Querella del PSOE contra Arenas por injurias y calumnias a sus
concejales
El departamento jurídico del PSOE ultima una querella contra el
ministro de Administraciones Públicas y secretario general del
PP, Javier Arenas, por un posible delito de injurias y calumnias.
Arenas implicó en los asaltos a sedes de su partido a concejales
del PSOE y de Izquierda Unida. Los socialistas han presentado,
además, una pregunta parlamentaria a Arenas sobre sus
declaraciones.
Ayer tarde, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, fue
abucheado por un centenar de jóvenes ante el palacio de
Congresos de Tarragona. Y el presidente del PP de Cataluña,
Josep Piqué, ha reclamado amparo del presidente del parlamento
autonómico catalán, Joan Rigol, para que su partido pueda
desarrollar su actividad política habitual sin ser hostigado por
los manifestantes.
La Vanguardia, Pág. : 15 vie, 12/03/1999
Una demanda de conciliación, donde Borrell debería
ratificar ante el juez las palabras que pronunció el
sábado contra Piqué, es la fórmula por la que el
ministro ha optado para llevar al PSOE a los tribunales, aunque los
socialistas ya han anunciado que 'les trae sin cuidado' la iniciativa
judicial Piqué opta por un acto de conciliación en los
tribunales al que Borrell no piensa acudir El PSOE recuerda al ministro
que es en el Parlamento donde debe dar las
explicaciones
CARMEN DEL RIEGO ROSA PAZ madrid. El ministro de Industria, Josep
Piqué, decidió ayer concretar la acción legal
anunciada contra el candidato socialista, Josep Borrell, mediante una
demanda de conciliación ante los tribunales. No obstante,
fuentes cercanas a Borrell señalaron anoche que el candidato no
acudirá al acto de conciliación, ya que los tribunales no
es lugar para trasladar el debate político.
Las palabras de Borrell en un mitin el sábado, en las que
afirmaba que Piqué, con su empresa Loreto Consulting, o
había estafado a Ercros, que presidía, o había
'evadido impuestos', provocaron las iras de Piqué, que el lunes
anunció acciones legales contra Borrell si no rectificaba sus
afirmaciones.
Los expertos jurídicos con los que Piqué estudió
el caso, según las fuentes consultadas, le desaconsejaron tanto
la querella, por la vía penal, como la demanda contra el honor
por la vía civil, ya que tenía pocas posibilidades de
prosperar, dado el marco en el que se produjeron las declaraciones.
Por ello, Piqué ha optado por la demanda de conciliación,
que implica como paso previo del juez citar a la persona demandada, en
este caso Borrell, para que se ratifique en sus declaraciones.
A este 'acto de conciliación' es al que Borrell, según
fuentes cercanas, no tiene intención de acudir, ya que al PSOE
'nos trae sin cuidado' la iniciativa judicial de Piqué.
Para los socialistas, si Piqué quiere contestar a Borrell, 'el
Parlamento es lugar adecuado' y recordaron al PP que si desea que las
cosas queden claras no son los tribunales, sino 'una comisión de
investigación' donde deben aclararse.
Los socialistas mantienen que la forma en que Piqué, antes de
ser ministro, percibía sus ingresos de Ercros, por medio de su
sueldo de presidente y del dinero que facturaba mediante la empresa
Loreto Consulting, es una forma 'atípica'. En este sentido,
Alfredo Pérez Rubalcaba le planteaba ayer a Aznar si
'está de acuerdo en que todos los españoles paguemos los
impuestos como lo hace Piqué'.
La demanda de conciliación no es la primera vez que es utilizada
por el PP contra dirigentes del PSOE. Tras las elecciones del 96, el
entonces coordinador general del PP, Angel Acebes, presentó en
nombre del partido una demanda de conciliación contra Felipe
González, quien dijo en una reunión interna del partido
que el empresario mexicano Azkárraga había financiado al
PP con 3.000 millones de pesetas.
Felipe González no se presentó al acto de
conciliación para ratificar sus palabras y esto dio pie al PP
para dar por zanjado el hecho, al considerar la ausencia una
rectificación.
A pesar de las acciones legales, Borrell continuó ayer sus
críticas a la política de subvenciones de Industria y
dijo que las concesiones del ministerio se parecen más 'a la
cueva de Alí Baba que a un procedimiento reglado, transparente y
positivo del uso del dinero público'.
Por el contrario, Josep Piqué pidió 'por favor' al PSOE
que acuda a la subcomisión del Parlamento, para garantizar la
continuidad del programa' de subvenciones.
Ni las subvenciones ni las actividades privadas de Piqué antes
de ser ministro figurarán en el informe que hoy
presentará el PP para responder a las denuncias de los
socialistas. Javier Arenas aseguró ayer que lo que no
hará el PP será un contrainforme al 'mapa de la
corrupción' del PSOE, porque, 'no vamos a caer en la
tentación de crear un clima ficticio de irregularidades de todos
contra todos'.
El PP utilizó la misma fórmula contra González,
cuando le acusó de haber recibido 3.000 millones del presidente
de Televisa
SEGRE, sáb, 13/03/1999
Josep Piqué pide sin éxito amparo a Trillo y los
socialistas le llaman paranoico
MADRID I Josep Piqué remitió el pasado jueves una
carta al presidente del Congreso, Federico Trillo, en la que le
solicita amparo ante los ataques de que es objeto por parte de los
diputados socialistas que quieren investigar su etapa al frente de la
empresa Ercros y la política de subvenciones de su departamento.
Piqué, que también ha iniciado la vía judicial
para defenderse de las acusaciones del candidato socialista a
presidente del Gobierno, Josep Borrell, ha interpuesto una demanda de
conciliación previa a la presentación de una demanda de
defensa del derecho al honor, a la que Borrell ha manifestado ya que no
acudirá. Mientras que el portavoz del Gobierno asegura que el
acoso socialista se debe a un intento de desgastar al gobierno, los
dirigentes socialistas repitieron ayer que lo que debe hacer es
permitir la creación de una comisión de
investigación en el Congreso. En la carta al presidente del
Congreso, Piqué pide además del amparo 'que estudie si
existe alguna fórmula reglamentaria que permita el
análisis y el estudio de las actividades de una etapa privada
previa a convertirse en un servidor público'. Trillo, ayer
mismo, respondió la petición de Piqué diciendo que
'no puede encajar en la figura del amparo parlamentario, de acuerdo con
los precedentes en la materia' y aseguró que no existe
fórmula reglamentaria alguna que permita el examen parlamentario
de actividades privadas de una persona con anterioridad a su
nombramiento para un cargo público. Sin embargo, la socialista
María Teresa Fernández de la Vega, y el portavoz de IU,
Mariano Santiso, recordaron que el Parlamento puede conocer las
actividades privadas de Josep Piqué a través de una
comisión de investigación. Asimismo, De la Vega
explicó que la carta de Piqué a Trillo 'demuestra que el
ministro está paranoico y nervioso'.
Piqué, por su parte, atribuyó los ataques de los que es
objeto por parte del PSOE a los 'problemas con el liderazgo' y a la
'ausencia de alternativas', y pidió a los socialistas que 'no
traten de crear un clima artificial y se centren en lo que realmente
interesa a los españoles'.
Tumores y metástasis No obstante, Borrell reiteró su
rechazo a acudir al acto de conciliación promovido por
Piqué (por las acusaciones de defraudar a Hacienda) y respecto
al cruce de acusaciones entre PP y PSOE aseguró que 'tuvimos un
par de tumores mortales de necesidad, pero el PP tiene
metástasis generalizada en todo el organismo'.
Sin embargo, pese a los llamamientos de Piqué a centrarse en la
labor política, el portavoz del PP, Rafael Hernando,
pidió una explicación al PSOE por el 'pucherazo, las
irregularidades y anomalías' en las primarias que celebró
y que, a su juicio, se han convertido en 'un proceso sucio y con un
cierto aroma a podrido'.
La Gaceta vie, 09/04/1999
Borrell deberá pagar las costas por no acudir al acto de
conciliación
Mariano González Madrid. El primer round entre el candidato
socialista a La Moncloa y el portavoz del Gobierno terminó ayer
en tablas y, muy probablemente, de manera definitiva. José
Borrell no compareció a la cita del juzgado de Majadahonda, que
tramitaba el acto de conciliación presentado por Josep
Piqué, como paso previo a una demanda civil de Protección
al Honor. Sin embargo, el juez le ha condenado a pagar las costas de la
demanda de conciliación.
Todo arranca de la acusación a Piqué de estafar a
Hacienda mediante la evasión de impuestos, con una empresa
participada por él y relacionada con Ercros, cuando Piqué
trabajaba para esta sociedad.
Es muy probable que el portavoz del Gobierno desista de otras acciones
contra Borrell, si bien esto lo ha dejado en manos de la
dirección del Partido Popular.
Trescientas mil pesetas Ahora bien, el juez del número 8 de
Majadahonda dictó una resolución, a la que tuvo acceso LA
GACETA, en la que se recoge que la incomparecencia de Borrell no fue
justificada, por lo que se le condena a pagar las cosas del proceso de
conciliaciación. Expertos en derecho calculan que el candidato
socialista deberá abonar unas 300.000 pesetas a la
Administración de Justicia.
Por la mañana, Piqué presentó como un dato
positivo la no presencia de Borrell en el juzgado, una muestra de que
su acusador renunciaba a continuar por el camino de las calumnias .
Horas después, Borrell pronunció una de sus frases
lapidarias: 'No tengo nada que conciliar. Me ratifico en todo lo que
dije y cuando lo dije, por si le sirve de algo (a Piqué). Que
haga lo que quiera, pero que no se invente burladeros'.
Acusaciones de Borrell Como se recordará, el candidato
socialista participó el mes pasado en un mitin de su partido, en
el municipio madrileño de Leganés. En el clima de euforia
de los discursos, Borrell aseguró que el portavoz del Gobierno,
durante su etapa empresarial en Ercros, había estafado a
Hacienda, mediante la evasión de impuestos a través de la
sociedad Loreto Consulting.
Piqué planteó el acto previo de conciliación ,
antes de decidir si continuaba la vía judicial mediante la
presentación de una demanda civil de Protección al Honor.
No parece que vaya a continuar su defensa por ese camino, pues todos
los dirigentes del PP han cacareado reprobaciones a Borrell pero no
especificaron futuras acciones para restablecer el honor de
Piqué.
Según el PP, José Borrell no se atreve a ratificar ante
el juez lo que dice fuera del juzgado, porque se ampara en la inmunidad
de parlamentario, lo que es una cobardía. Calculan que
moderá su lengua.
Por su parte, Cristina Narbona, compañera de Borrell, dijo a Ep
que éste vendió su parte en Esinec y lo hizo ante un
notario del PP, José Luis Alvarez
La Vanguardia jue, 30/01/1997
El fiscal general se ampara en denuncias de medios de
comunicación para abrir diligencias La
fiscalía toma el relevo del Ejecutivo e investiga la denuncia
Juan Ortiz Urculo decidió ayer seguir la estela del Gobierno y
abrir una investigación sobre los supuestos favores fiscales del
PSOE a sus presuntos 'amigos'. Los socialistas
sugiere
MADRID. (Redacción.) - El fiscal general del Estado, Juan
Ortiz Urculo, ordenó ayer a la fiscalía
anticorrupción que abra una investigación sobre la
posible prescripción de deudas tributarias por un valor superior
a 200.000 millones de pesetas, durante el mandato del Gobierno
socialista. Ortiz Urculo dio esa orden mientras el Gobierno se quedaba
solo en el Parlamento en su acusación al PSOE de haber concedido
una amnistía fiscal encubierta. Esa falta de apoyo de los grupos
parlamentarios, salvo el popular, se produjo durante la comparecencia
en la mañana de ayer del secretario de Estado de Hacienda, Juan
Costa, que trató de derivar el debate hacia un problema
técnico de negligencia en la gestión de los socialistas.
Si tanto la oposición como los socios nacionalistas del
Ejecutivo reprocharon a los actuales gobernantes que hayan realizado
una acusación tan grave contra sus antecesores sin aportar
prueba alguna que la sustente, el fiscal general argumentaba su
instrucción a la fiscalía anticorrupción en 'las
denuncias formuladas por diversos medios de comunicación'. Esa
investigación de la fiscalía coincidirá
además con la que realizará una comisión
parlamentaria con cuya creación se mostraron de acuerdo todos
los grupos.
Nada más concluir su comparecencia en el Congreso, Juan Costa
aseguró que el Gobierno 'prestará toda su
colaboración a la justicia'. La decisión de Ortiz Urculo
no fue, sin embargo, bien acogida por los socialistas, que consideran
absolutamente falsas las denuncias del Ejecutivo y afirman que ni hubo
delito ni siquiera negligencia. El PSOE piensa, por el contrario, que
han sido los responsables del Gobierno quienes han cometido un delito
de calumnias, al lanzar acusaciones sin pruebas. Por esa razón,
el portavoz del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray, preguntó al fiscal
general si no cree necesario 'analizar e imputar la comisión de
un delito de calumnias, prevaricación y cohecho al presidente
del Gobierno y al ministro de Economía'.
Los socialistas son conscientes de que el fiscal no puede investigar de
oficio un posible delito de calumnias.
Confían, sin embargo, en que la justicia lo haga después
de que los antiguos responsables de la Hacienda Pública, entre
ellos el anterior secretario de Estado, Enrique Martínez Robles,
y la ex directora general de la Agencia Tributaria, Juana
Lázaro, presenten una querella por injurias que están
ultimando y a la que se pueden sumar más personas que se han
sentido aludidas por las acusaciones gubernamentales.
También el ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto
Belloch, arremetió contra Ortiz Urculo y le acusó de 'ser
una pieza propagandística más, la menos importante, de la
estrategia difamatoria del Gobierno contra la oposición'.
Belloch se quejó de que el fiscal no investigue 'otras cosas'
como 'la identidad entre HB y ETA' o la 'eventual conducta
prevaricadora del Gobierno' en el asunto de la televisión
digital. Para el ex ministro existe una 'absoluta coincidencia' entre
la decisión de Urculo de ordenar la investigación sobre
la supuesta amnistía fiscal y la comparecencia de Costa. 'Nunca
había caído tan bajo la Fiscalía General',
afirmó.
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Ing. Miguel Ángel Gallardo
Ortiz , perito
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