RECURSO DE QUEJA DE DERECHO E IMPUGNACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SUPERIOR N.° 115-2026-2FSEDCFL (FISCAL SUPERIOR ESCARLETH LAURA ESCALANTE)

1. Incompetencia Material Selectiva y Fragmentación del Caso (Articulación del Fraude):
En los puntos 20, 21 y 22 de la disposición publicada en https://www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-colusion-elevable-ocr.pdf, la fiscalía superior declara la *nulidad parcial* de la disposición provincial por haberse pronunciado sobre lavado de activos, presunta lenidad de magistrados e irregularidades académicas (títulos de Pedro Castillo), argumentando una estricta falta de competencia material de las fiscalías FECOF. Al obrar de este modo y fragmentar la denuncia, la fiscalía superior incurre en un análisis aislado que ignora por completo el modus operandi sistemático del "Acunismo". Los convenios institucionales de la UCV con el Ministerio Público y el Poder Judicial no representan hechos aislados; constituyen el delito precedente (corrupción) que viabiliza y alimenta el lavado de activos ulterior, asegurando un blindaje de lenidad recíproca. El despacho superior debió disponer una investigación conjunta o, en su defecto, la remisión obligatoria y coordinada a un subsistema de criminalidad organizada en lugar de desvincularse pasivamente del núcleo de la organización delictiva denunciada.

2. Conceptualización Errónea del Escenario Típico de Colusión (Artículo 384° del CP):
El despacho superior confirma el archivo de la colusión alegando en los puntos 6, 7 y 28 de la resolución que los convenios de cooperación interinstitucional y capacitación "no constituyen procesos de contratación pública ni relaciones proveedor-Estado" por no existir una relación patrimonial o contractual directa del Tesoro Público. Esta interpretación es sumamente restrictiva y obsoleta. El artículo 384° del Código Penal sanciona expresamente la concertación en **"cualquier operación a cargo del Estado"**. Los convenios que otorgan descuentos sustanciales en pensiones, facilidades de titulación y plazas docentes remuneradas a los propios funcionarios de la administración de justicia comprometen activos intangibles críticos del Estado (el tiempo funcional de los magistrados, la infraestructura pública para prácticas de la UCV y, de manera determinante, la imparcialidad objetiva del sistema de justicia). Existe una evidente contraprestación ilícita indirecta a cambio de impunidad procesal.

3. Exigencia Prematura y Desproporcionada de Estándares Probatorios (Sospecha Inicial Simple):
En los puntos 5, 9, 34 y 38 de la resolución, la fiscal superior Escarleth Laura Escalante reprocha al denunciante "no individualizar los acuerdos, fechas exactas o funcionarios concertadores", trasladando de forma ilícita la carga de la prueba al ciudadano denunciante. Esto vulnera de forma directa la doctrina penal sobre la **Sospecha Inicial Simple** requerida para iniciar Diligencias Preliminares (Art. 330.2 del CPP) y el **Principio de Oficialidad (Artículo IV del Título Preliminar del CPP)**. En esta etapa preliminar no se exige la acreditación plena de los elementos típicos, sino habilitar las facultades indagatorias y de auxilio coercitivo del Estado para recabar las pruebas que obran bajo secreto o custodia de la corporación. Exigir que el ciudadano aporte registros de llamadas, actas de concertación clandestina o planillas internas de la UCV antes de iniciar la investigación es una denegación de justicia.

4. Deficiente Motivación respecto al Tráfico de Influencias (Artículo 400° del CP):
En el punto 5.14, la disposición superior despacha el conflicto de interés docente e institucional afirmando de forma circular que "la imparcialidad con la que procede un magistrado se ve explicitada en los argumentos que sustentan su decisión". Esta tautología argumentativa ("el fiscal es imparcial porque firma una resolución donde dice ser imparcial") elude evaluar la demostrada capacidad de cooptación de César Acuña Peralta. Los convenios masivos de la UCV con sindicatos y órganos de control del Ministerio Público configuran un esquema de influencia sistémica y latente donde el beneficio económico continuo (dádivas) asegura el rehusamiento o demora de las funciones fiscales de persecución penal.

5. Contradicción Procesal Interna en la Parte Resolutiva:
En su parte resolutiva, la resolución superior declara "Fundados en parte" los requerimientos de la Procuraduría y del denunciante en el extremo de las nulidades por incompetencia material, pero simultáneamente declara "Infundados en parte" los mismos requerimientos para confirmar el archivo de la colusión y el tráfico de influencias. Existe una flagrante contradicción lógica. Si la propia fiscalía superior reconoce que el despacho de primera instancia valoró de forma indebida hechos que escapan a su competencia (lavado de activos, títulos falsos, redes de encubrimiento), toda la premisa de archivo se encuentra viciada de origen. No es jurídicamente sostenible anular los fundamentos por incompetencia material y al mismo tiempo validar las conclusiones de archivo de colusión que se alimentan de ese mismo contexto delictivo omitido.