César Luena secretario de organización del PSOE, por los hiperenlaces relevantes en www.cita.es/cesar-luena y www.miguelgallardo.es/cesar-luena.pdf  

Permítame rogar su atención para 3 procedimientos judiciales en que cargos electos, o funcionarios públicos, utilizan indebidamente servicios jurídicos institucionales para demandar por su honor, por definición personal, pidiendo considerables indemnizaciones.

María Dolores de Cospedal presentó la demanda contra GreenPeace firmada por la directora de los Servicios Jurídicos de su comunidad, Alicia Segovia, que yo publico en

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvUFVQU2x0T18xckU/edit

Ignacio González demandó 600.000 euros a varios periodistas de “Público” con la firma del subdirector general de lo Contencioso de la CAM, Roberto Pérez Sánchez, según

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvelJ4bllFdkUxN1U/edit

y yo mismo fui demandado por los funcionarios peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el de la empresa minera Boliden en el inacabable enjuiciamiento de la catástrofe de Aznalcóllar con la firma del letrado director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, según

https://docs.google.com/file/d/0B9eENTQ38sJBMGZGUXdwa3lZQVE/edit

Mi empresa también fue denunciada ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD y sancionada, aunque la Audiencia Nacional estimó nuestro recurso condenando en costas a la UPM por personarse y recurrir pretendiendo aumentar la sanción hasta los 600.000 euros y otra cantidad igual para mí, de manera que durante varios años afronté un riesgo de 1.500.000 euros. La sentencia está en www.cita.es/sentencia.pdf mi denuncia penal en www.miguelgallardo.es/malversado.pdf y una querella admitida por la que ya ha sido imputado y citado para el 2.10.14 el letrado de la UPM en www.cita.es/querella-jmv 

Más allá del ejercicio de los derechos que puedan corresponder a los demandados por abogados del Estado o letrados institucionales o por abogados privados pagados con fondos públicos, es algo inaceptable desde cualquier perspectiva moral o política e inconcebible en cualquier otro país europeo. Personalmente, opino que los tres casos que puedo documentar son clarísimas y muy perversas malversaciones, pero todavía no he encontrado ningún político profesional o cargo electo que, públicamente, se oponga a lo que ellos mismos también harían si dispusieran libremente de abogados y costas gratis.

¿Puedo pedirle un interlocutor competente en el PSOE para proponer pronto alguna medida que limite las demandas “gratis total”? Agradeceré oportunidades para explicar la gravedad de los 3 hechos judiciales referenciados y otros que prefiero reservarme aquí.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador único de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, Tel 902998352 fax 902998379 www.twitter.com/miguelencita E-mail: miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com