@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
https://cita.es/chantaje-abogado-fiscal-murcia-cita-firmado.pdf https://cita.es/chantaje-abogado-fiscal-murcia-cita-justificante.pdf
Fiscalía de Murcia Atn. fiscal superior José Luis Díaz Manzanera
para las DILIGENCIAS de INVESTIGACIÓN 1234-23 escrito publicado en https://www.miguelgallardo.es/chantaje-abogado-fiscal-murcia-cita.pdf
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, criminólogo y también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, con los datos que ya constan en estas D.I. considerando la CÉDULA DE CITACIÓN PARA EL DÍA 19-10-23 y la llamada de quien dijo llamarse “Paco”, como mejor proceda, DIGO:
1º Aunque el presunto extorsionador denunciado parece residir y estar colegiado en el Colegio de Abogados de Murcia, yo vivo en Madrid como consta tanto en mi denuncia como en el formulario GEISER, y hay una persona muy dependiente de mí que ahora merece toda mi atención. Un desplazamiento con pernoctación fuera de mi domicilio es completamente innecesario y en todo caso, si fuera imprescindible, puedo comparecer en donde se me indique en Madrid, o mejor telemáticamente.
2º Además, ya he presentado denuncia en la Comisaría de Arganzuela solicitando la intervención policial como puede verse en este en la documentación adjunta y en
https://cita.es/chantaje-abogado-denuncia-policial-firmado.pdf
que incluye denuncia que también consta en el Colegio de Abogados de Murcia y en
https://cita.es/chantaje-abogado-colegio-firmado.pdf
de la que ya recibí con fecha 25.9.2023, 8:54 acuse remitido por José Miguel Ortíz Martínez Departamento Deontología ICAMUR Calle La Gloria, 25b. CP 30003 (Murcia) Tlf. 968 900 100 deontologia@icamur.org – www.icamur.org
y también con mi escrito a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en
https://cita.es/chantaje-abogado-aepd-firmado.pdf
ampliado posteriormente con un segundo escrito también dirigido a la AEPD en
https://cita.es/aepd-denuncia-solicitud-firmado.pdf
3º Los delitos denunciados se asemejan a los sentenciados en SAN 2956/2021 en https://cita.es/sentencia/ausbanc.pdf y también a los de la sentencia publicada en https://cita.es/sentencia/extorsionador.pdf cuyas fundamentaciones hago mías y advierto que el abogado denunciado parece jactarse de haber hecho muchas veces más presuntas extorsiones que pueden estar implicando a funcionarios públicos.
Por lo expuesto, SOLICITO que mis comparecencias sean telemáticas y que considerando la documentación adjunta se requiera al Colegio de Abogados de Murcia y a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD cuanto conste en sus archivos y registros relevante para la investigación de los hechos denunciados a a mayor brevedad posible, sin perjuicio ni renuncia de otros derechos o acciones.
OTROSI digo, que también solicito la identificación del fiscal responsable de estas diligencias y cuanta información se me pueda proporcionar sobre su investigación.
Se adjuntan los documentos citados para su conocimiento y efectos, quedando a la disposición de los funcionarios que me llamen, siempre que se identifiquen bien.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
COMISARÍA DE POLICÍA A LA QUE CORRESPONDA
DENUNCIA CONFIDENCIAL EN ARAS DE SU EFICACIA Y POSIBLE ENTREGA CONTROLADA por presunto delito de EXTORSIÓN (243, 16.1 y 62 del Código Penal)
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, miembro de IAENG y también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, E-mail: apedanica.ong@gmail.com Teléfono , +34902998352 y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, España, como mejor proceda presento denuncia por los siguientes HECHOS y DERECHOS QUE YO EJERZO COMO DENUNCIANTE, AQUÍ Y ASÍ:
1º En la mañana del 12.09.2023 recibí una llamada, a las 12:11, en la que se me “advierte” que si no llegamos a un acuerdo puedo ser denunciado por ciertas “vulnerabilidades” que quien me llama ha detectado en APEDANICA y en dominios que han visto en Internet. Traté de pedir precisiones y más información sobre lo que me advierte y me dijo que él es abogado y que pronto recibiré por correo electrónico un contrato con algunas muestras de las graves “vulnerabilidades” de las que, el abogado que me “advierte”, supone que APEDANICA y yo seríamos responsables.
2º El mismo 12.09.2023, a las 17:55 recibí un mensaje adjuntando un contrato y varios documentos en PDF. Se adjunta como prueba documental tanto el mensaje como el contrato, que evidencian su perversa extorsión en las estipulaciones 2 y 3:
2ª) El vendedor se compromete a facilitar los enlaces descubiertos para que el comprador haga con ellos lo que crea más oportuno, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable. 3ª) El precio de la compraventa, debido a la gran cantidad de datos existentes y a la gran cantidad de personas que se pueden ver afectadas, se estipula en 6.000 €, cantidad que resulta insignificante si se atiende a las sanciones que por estos hechos establece la LOPD y el RGPD y teniendo en cuenta que se pueden estar cometiendo varias infracciones a la misma vez. (CITA TEXTUAL DEL CONTRATO ADJUNTO)
3º A la vista de los dos documentos que adjunto (y más aún por las comunicaciones telefónicas y “chat” en WhatsApp que he tratado de mantener para poder ofrecerlas a las autoridades competentes), es evidente que quien dice ser abogado tiene un “modus operandi” ilegal y extorsionador. Nos preguntamos cuántas otras veces ha ofrecido ese contrato que adjuntamos, porque dice que ya ha pedido esa misma cantidad de 6.000 euros a muchos abogados. En mi opinión, quienes recibamos este tipo de llamadas, o documentos con tan claras intenciones extorsionadoras, tenemos, además de la obligación moral de denunciar, que estar a disposición de autoridades que puedan vigilar “entregas controladas”. Yo me ofrezco para ello en calidad de denunciante y también como representante legal de APEDANICA.
4º Los hechos que aquí se denuncian son especialmente graves e incluso pueden tener trascendencia y consecuencias internacionales como debieran conocer y reconocer varios fiscales, especialmente en Valencia, Madrid, y Audiencia Nacional porque es público y notorio que se están organizando perversos negocios para censurar encubriendo hechos de interés público y relevancia penal, como hemos documentado a varias Administraciones Públicas en diversos escritos por los que estamos sopesando denunciar ignorancia inexcusable y presunta ignorancia deliberada de algunos funcionarios públicos que parecen proteger y apoyar el negocio de empresas como Legal Eraser SL propietaria de la marca TeBorramos o Eliminalia sobre las que se han publicado hechos gravísimos y encubrimientos en Google de actos de corrupción e incluso condenas a funcionarios corruptos, así como sobre su feroz ánimo de lucro. Si ahora, además, un abogado colegiado como ejerciente en Murcia se dirige por teléfono, WhatsApp y correo electrónico a un particular y la asociación APEDANICA para extorsionar, chantajear, coaccionar y amenazar, la intervención policial debería ser rápida, eficaz y muy contundente para detectar más casos similares. En nuestra opinión, la actual política de la directora de la AEPD y los conflictos de intereses de sus subordinados posibilitan, e incluso alimentan, todo tipo de negocios como TeBorramos o Eliminalia o el aquí denunciado con los documentos adjuntos. Tenemos la sospecha de que empleados públicos de la AEPD están colaborando en el desarrollo de un perverso negocio que atenta contra el derecho fundamental a dar y recibir información veraz, encubriendo hechos con relevancia penal. En este sentido, autorizamos expresamente a que la Policía que investigue esta denuncia requiera todo cuanto dependa de los aquí denunciantes a la directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren, subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuán, instructor Ángel Carralero Fernández, secretarias Carmen Ribera Rodríguez y Cristina Gómez Piqueras y quien pueda resultar más competente en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD para informar y documentar cuanto sea más indiciario, o más relevante, en relación a los hechos aquí denunciados.
Por lo expuesto, se SOLICITA la INTERVENCIÓN POLICIAL considerando los documentos probatorios adjuntos (que incluyen los datos de contacto y número de colegiación del abogado presunto extorsionador y que la(s) Comisaría(s) de Policía que corresponda(n) abra(n) investigaciones y pesquisas para para enjuiciamiento a la mayor brevedad posible por si hubiera más casos de presuntas extorsiones o chantajes o coacciones o amenazas similares, y que se dé traslado de esta denuncia con los anexos y cuanto conste en en los archivos y registros de las Administraciones Públicas competentes y en especial, a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD que conoce por varios expedientes administrativos relacionados con el aquí denunciante, y aquí instamos a que se requiera, a la mayor brevedad, si fuera necesario, todo cuanto conste de los aquí denunciantes (damos autorización y consentimiento para ello), a fin de presentar denuncia policial ante el Juzgado de Instrucción que corresponda (el delito se comete en Madrid, aunque deba ser investigado en Murcia, por lo que pedimos que se juzgue en Madrid), e informando de todo ello a este denunciante interesado también como representante legal de APEDANICA a todos los efectos, sin perjuicio ni renuncia de otras acciones o derechos que puedan correspondernos.
OTROSÍ digo, que como denunciante y representante legal de APEDANICA estoy dispuesto a colaborar con todos los funcionarios públicos, en especial, policías, fiscales o jueces, que investiguen los hechos denunciados, antecedentes y posible evolución, entendiendo que la mejor prueba de la extorsión es la ENTREGA CONTROLADA o vigilada. En este mismo sentido, estamos intentando mantener la comunicación por WhatsApp con el abogado presunto extorsionador. Pedimos que se requieran a su operadora telefónica todos los metadatos telefónicos de su número y se comprueben todas las llamadas realizadas por el teléfono del abogado aquí denunciado que consta en la documentación adjunta a la que me remito, empezando por la llamada que yo recibí el 12.09.2023 a las 12:11 en la que percibí la gravedad y trascendencia penal de lo que aquí se denuncia.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
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COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA
Presidenta Blanca Belén Castillo Amorós y Secretaria María Dolores Panalés Madrid
DENUNCIA CONFIDENCIAL EN ARAS DE SU EFICACIA Y POSIBLE ENTREGA CONTROLADA
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, miembro de IAENG y también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, E-mail: apedanica.ong@gmail.com Teléfono , +34902998352 y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, España, como mejor proceda presento denuncia por los siguientes HECHOS y DERECHOS QUE YO EJERZO COMO DENUNCIANTE, AQUÍ Y ASÍ:
1º En la mañana del 12.09.2023 recibí una llamada, a las 12:11, en la que se me “advierte” que si no llegamos a un acuerdo puedo ser denunciado por ciertas “vulnerabilidades” que quien me llama ha detectado en APEDANICA y en dominios que han visto en Internet. Traté de pedir precisiones y más información sobre lo que se me advierte y me dijo que él es abogado y que pronto recibiré en por correo electrónico un contrato con algunas muestras de las vulnerabilidades de las que, el abogado que me “advierte”, supone que APEDANICA y yo seríamos responsables.
2º El mismo 12.09.2023, a las 17:55 recibí un mensaje adjuntando un contrato y varios documentos en PDF. Se adjunta como prueba documental tanto el mensaje como el contrato, que evidencian su perversa extorsión en las estipulaciones 2 y 3:
2ª) El vendedor se compromete a facilitar los enlaces descubiertos para que el comprador haga con ellos lo que crea más oportuno, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable. 3ª) El precio de la compraventa, debido a la gran cantidad de datos existentes y a la gran cantidad de personas que se pueden ver afectadas, se estipula en 6.000 €, cantidad que resulta insignificante si se atiende a las sanciones que por estos hechos establece la LOPD y el RGPD y teniendo en cuenta que se pueden estar cometiendo varias infracciones a la misma vez. (CITA TEXTUAL DEL CONTRATO ADJUNTO)
3º A la vista de los dos documentos que adjunto (y más aún por las comunicaciones telefónicas y “chat” en WhatsApp que he tratado de mantener para poder ofrecerlas a las autoridades competentes), es evidente que quien dice ser abogado tiene un “modus operandi” ilegal y extorsionador. Nos preguntamos cuántas otras veces ha ofrecido ese contrato que adjuntamos, porque dice que ya ha pedido esa misma cantidad de 6.000 euros a muchos abogados. En mi opinión, quienes recibamos este tipo de llamadas, o documentos con tan claras intenciones extorsionadoras, tenemos, además de la obligación moral de denunciar, que estar a disposición de autoridades que puedan vigilar “entregas controladas”. Yo me ofrezco para ello.
Por lo expuesto, se SOLICITA que se tenga por presentada esta denuncia con los documentos probatorios adjuntos y que se abra una investigación para depurar, de oficio, todas las responsabilidades a la mayor brevedad posible, y por si hubiera más casos de presuntas extorsiones o chantajes o coacciones o amenazas similares, y que se dé traslado de esta denuncia con los anexos y cuanto conste en en los archivos y registros del Colegio sobre el denunciado a todas las autoridades competentes, y a mí como denunciante interesado, sin perjuicio ni renuncia de otras acciones o derechos que puedan corresponderme.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
https://cita.es/aepd-denuncia-solicitud-justificante.pdf https://cita.es/aepd-denuncia-solicitud-firmado.pdf
Agencia Española de Protección de Datos AEPD
Atn. subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuán, directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren e instructor Ángel Carralero Fernández, en denuncia y solicitud publicada en https://www.miguelgallardo.es/aepd-denuncia-solicitud.pdf
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo y DOCTOR en ÉTICA (UCM 2015), también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, E-mail: apedanica.ong@gmail.com Teléfono , +34902998352 y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, España, como mejor proceda presento denuncia y solicitud de documentos por los siguientes HECHOS y DERECHOS QUE EJERZO AQUÍ Y ASÍ:
1º El escrito de fecha 9.8.2026 firmado por Olga Pérez Sanjuán que puede verse en
https://cita.es/aepd-denunciable.pdf y https://cita.es/aepd-denunciable-csv.pdf se deniega copia de todo lo requerido a la AEPD por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que, como interesado legítimo, yo también reclamo aquí y su denegación es indicio racional de un delito tipificado en el artículo 413 del Código Penal que dice: La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
2º En la AEPD constan antecedentes que evidencian una sistemática extorsión para encubrir hechos con relevancia penal y varios de sus funcionarios tienen conocimiento de llamadas telefónicas en clientes y abogados de TeBorramos o Legal Eraser que amenazan, también a mi abogado y al editor de un medio digital independiente con todo tipo de acciones si no se elimina toda referencia a la condena por cohecho continuado y negociaciòn prohibida de su cliente inspector de Trabajo y Seguridad Social, hecho censurado por Google pese a su proyección pública. No es el único caso de coacciones o amenazas condicionadas o chantajes o extorsiones, porque también se ha puesto en conocimiento de la AEPD la llamada y el correo con una propuesta de contrato de un abogado que pretende que se le paguen 6.000 euros para no denunciarnos a la AEPD. No podemos permitir que se oculten, o se destruyan, total o parcialmente, ninguno de los documentos que sirvan para evidenciar las extorsiones de las que nos sentimos víctimas desde hace años.
3º Es mi voluntad y el derecho que ejerzo para que todos los archivos y registros de la AEPD que me afecten estén a la inmediata disposición de policías, fiscales y jueces que los requieran, pero también debe proporcionárseme copia a mí a la mayor brevedad de todo cuanto conste relativo a TeBorramos o Legal Eraser, sus clientes y empleados o directivos, como insisto en solicitar aquí y especialmente, todos los documentos y acusaciones contra mí como casos claros de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, denominación que identifica una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidación dirigida contra personas implicadas en la protección del interés público). En este sentido, hacemos nuestras estas palabras citadas por EL PAÍS el 10.9.2023, de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, así:
“Quienes interponen una SLAPP no quieren ganar el caso, sino destruir a un periodista o a un medio de comunicación porque han publicado investigaciones sobre crímenes o actos ilícitos”, concuerda la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, quien en entrevista por videoconferencia explica que desde hace un lustro está involucrada en convencer a los Estados miembros de la UE de que es urgente aprobar leyes anti-SLAPP, como ya han hecho Canadá y Estados Unidos implementando cambios legislativos que permiten la desestimación rápida de casos manifiestamente infundados. Para Mijatović, las SLAPPs son nada menos que “la segunda amenaza más peligrosa para la libertad de expresión y la disensión, tras la violencia física”.
Cita textual de EL PAÍS 10.9.2023. En Internet está publicado, solo parcialmente, en https://elpais.com/ideas/2023-09-10/el-peligro-de-las-querellas-mordaza-como-los-poderosos-usan-la-ley-contra-el-periodismo.html
Quizá en la AEPD desconozcan por completo la trascendencia de las “querellas catalanas” o SLAPP de organizaciones como TeBorramos o de abogados extorsionadores que pretenden encubrir hechos con relevancia penal. Citamos aquí:
CANAN, Penelope. The SLAPP from a sociological perspective. Pace Envtl. L. Rev., 1989, vol. 7, p. 23.
PRING, George W.; CANAN, Penelope. Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs): An Introduction for Bench, Bar and Bystanders. U. Bridgeport L. Rev., 1991, vol. 12, p. 937.
PRING, George W.; CANAN, Penelope. SLAPPs: Getting sued for speaking out. Temple University Press, 1996.
LOWE, Alexandra Dylan. The price of speaking out. ABAJ, 1996, vol. 82, p. 48.
LIGON, Nicole J. Solving SLAPP Slop. U. Rich. L. Rev., 2022, vol. 57, p. 459.
SAFSTROM, Jennifer. Time to SLAPP Back: Advocating Against the Adverse Civil Liberties Implications of Litigation that Undermines Public Participation. LSU Journal for Social Justice & Policy, 2023, vol. 3, p. 10.
en https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2359&context=faculty-publications
Lamentablemente, aunque hay 35 resoluciones judiciales que hacen expresa referencia a “querellas catalanas” en la jurisprudencia de poderjudicial.es no tenemos noticia de ninguna resolución de la AEPD que parezca comprender la gravedad y la trascendencia de la perversa estrategia de TeBorramos y su negocio, por lo que no puede permitirse en modo alguno lo que pretende en su escrito de fecha 9.8.2026 Olga Pérez Sanjuán al denegar copia de documentos relevantes sobre los que tengo el máximo interés plenamente legítimo y legitimado.
Por lo expuesto, SOLICITO todo lo aportado contra mí por todos los denunciantes relacionados con TeBorramos y Legal Eraser, en especial, de su abogado que parece innombrable excepto para su propia publicidad y promoción en YouTube y docenas de enlaces en Internet, que consten en archivos y registros de la AEPD, y en especial, de la querella a la que se han hecho numerosas referencias y fue aportada por el abogado de TeBorramos según Ref.: 026269/2020 según se ve en https://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf
a la mayor brevedad posible sin perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho a acción que debo reservarme, reiterando el último escrito en el que pongo en conocimiento de la AEPD otra extorsión tan grave como las de TeBorramos.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Número de registro: REGAGE23e00061203094 Fecha y hora de registro: 13/09/2023 13:26:09 Organismo destinatario: I00000121
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (DENUNCIA CONFIDENCIAL)
Atn. directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren, subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuán, instructor Ángel Carralero Fernández, secretarias Carmen Ribera Rodríguez y Cristina Gómez Piqueras y quien pueda resultar más competente
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, miembro de IAENG y también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, E-mail: apedanica.ong@gmail.com Teléfono , +34902998352 y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, España, como mejor proceda presento denuncia por los siguientes HECHOS y DERECHOS QUE EJERZO COMO DENUNCIANTE AQUÍ:
1º En la mañana del 12.09.2023 recibo una llamada, a las 12:11, en la que se me advierte que si no llego a un acuerdo puedo ser denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD por ciertas “vulnerabilidades” que quien me llama ha detectado en APEDANICA y los dominios que han visto en Internet. He tratado de pedir precisiones y más información sobre lo que se me advierte. Me dicen que recibiré un contrato con algunas muestras de las vulnerabilidades de las que, quien me advierte, supone que APEDANICA y yo seríamos responsables.
2º El mismo 12.09.2023, a las 17:55 recibí un mensaje adjuntando un contrato y varios documentos en PDF. Se adjunta como prueba documental tanto el mensaje como el contrato, que evidencian su perversa extorsión en las estipulaciones 2 y 3:
2ª) El vendedor se compromete a facilitar los enlaces descubiertos para que el comprador haga con ellos lo que crea más oportuno, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable. 3ª) El precio de la compraventa, debido a la gran cantidad de datos existentes y a la gran cantidad de personas que se pueden ver afectadas, se estipula en 6.000 €, cantidad que resulta insignificante si se atiende a las sanciones que por estos hechos establece la LOPD y el RGPD y teniendo en cuenta que se pueden estar cometiendo varias infracciones a la misma vez. (CITA TEXTUAL DEL “CONTRATO”)
3º A la vista de los dos documentos que adjunto (y de las comunicaciones telefónicas y “chat” por WhatsApp que he tratado de mantener para poder ofrecerlas a las autoridades competentes), es evidente que quien dice ser abogado tiene un “modus operandi” ilegal y que posiblemente utilice algún apoyo o connivencia por algún empleado de la AEPD, y en todo caso, está amenazando, coaccionando, chantajeando o extorsionando con denunciarnos ante la AEPD en la que parece conocer personas y procedimientos para no notoria su intención dolosa. Nos preguntamos cuántas otras veces ha ofrecido ese contrato que adjuntamos porque quien lo envió dice que ya pidió la misma cantidad a muchos abogados.
Por lo expuesto, se SOLICITA que se tenga por presentada esta denuncia con los documentos probatorios adjuntos y que se abra una investigación para depurar, de oficio, todas las responsabilidades a la mayor brevedad posible, por si hubiera más casos de presuntas extorsiones o chantajes o coacciones o amenazas similares, y que se dé traslado de esta denuncia con cuanto conste en la AEPD a todas las autoridades competentes, y a mí como denunciante interesado, sin perjuicio ni renuncia de otras acciones o derechos que puedan corresponderme.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
FISCALÍA A LA QUE CORRESPONDA
DENUNCIA CONFIDENCIAL EN ARAS DE SU EFICACIA Y POSIBLE ENTREGA CONTROLADA por presunto delito de EXTORSIÓN (243 y 16.1 y 62 del Código Penal)
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, miembro de IAENG y también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, E-mail: apedanica.ong@gmail.com Teléfono , +34902998352 y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, España, como mejor proceda presento denuncia por los siguientes HECHOS y DERECHOS QUE YO EJERZO COMO DENUNCIANTE, AQUÍ Y ASÍ:
1º En la mañana del 12.09.2023 recibí una llamada, a las 12:11, en la que se me “advierte” que si no llegamos a un acuerdo puedo ser denunciado por ciertas “vulnerabilidades” que quien me llama ha detectado en APEDANICA y en dominios que han visto en Internet. Traté de pedir precisiones y más información sobre lo que me advierte y me dijo que él es abogado y que pronto recibiré por correo electrónico un contrato con algunas muestras de las graves “vulnerabilidades” de las que, el abogado que me “advierte”, supone que APEDANICA y yo seríamos responsables.
2º El mismo 12.09.2023, a las 17:55 recibí un mensaje adjuntando un contrato y varios documentos en PDF. Se adjunta como prueba documental tanto el mensaje como el contrato, que evidencian su perversa extorsión en las estipulaciones 2 y 3:
2ª) El vendedor se compromete a facilitar los enlaces descubiertos para que el comprador haga con ellos lo que crea más oportuno, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable. 3ª) El precio de la compraventa, debido a la gran cantidad de datos existentes y a la gran cantidad de personas que se pueden ver afectadas, se estipula en 6.000 €, cantidad que resulta insignificante si se atiende a las sanciones que por estos hechos establece la LOPD y el RGPD y teniendo en cuenta que se pueden estar cometiendo varias infracciones a la misma vez. (CITA TEXTUAL DEL CONTRATO ADJUNTO)
3º A la vista de los dos documentos que adjunto (y más aún por las comunicaciones telefónicas y “chat” en WhatsApp que he tratado de mantener para poder ofrecerlas a las autoridades competentes), es evidente que quien dice ser abogado tiene un “modus operandi” ilegal y extorsionador. Nos preguntamos cuántas otras veces ha ofrecido ese contrato que adjuntamos, porque dice que ya ha pedido esa misma cantidad de 6.000 euros a muchos abogados. En mi opinión, quienes recibamos este tipo de llamadas, o documentos con tan claras intenciones extorsionadoras, tenemos, además de la obligación moral de denunciar, que estar a disposición de autoridades que puedan vigilar “entregas controladas”. Yo me ofrezco para ello en calidad de denunciante y representante legal de APEDANICA.
4º Los hechos que aquí se denuncian son especialmente graves e incluso pueden tener trascendencia y consecuencias internacionales como debieran conocer y reconocer varios fiscales, especialmente en Valencia, Madrid, y Audiencia Nacional porque es público y notorio que se están organizando perversos negocios para censurar encubriendo hechos de interés público y relevancia penal, como hemos documentado a varias Fiscalías en diversos escritos por los que estamos sopesando denunciar ignorancia inexcusable y presunta ignorancia deliberada de algunos fiscales que parecen proteger y apoyar el negocio de empresas como Legal Eraser SL propietaria de la marca TeBorramos o Eliminalia sobre las que se han publicado hechos gravísimos y encubrimientos en Google de actos de corrupción e incluso condenas a funcionarios corruptos, así como sobre su feroz ánimo de lucro. Si ahora, además, un abogado colegiado como ejerciente en Murcia se dirige por teléfono, WhatsApp y correo electrónico a un particular y la asociación APEDANICA para extorsionar, chantajear, coaccionar y amenazar, la intervención de la Fiscalía debería ser rápida, eficaz y muy contundente. En este sentido, autorizamos expresamente a que el fiscal que investigue esta denuncia requiera todo cuanto dependa de los aquí denunciantes a la directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren, subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuán, instructor Ángel Carralero Fernández, secretarias Carmen Ribera Rodríguez y Cristina Gómez Piqueras y quien pueda resultar más competente en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD para informar y documentar cuanto pueda ser indiciario o relevante en relación a los hechos aquí denunciados.
En nuestra opinión, la actual política de la directora de la AEPD y los conflictos de intereses de sus subordinados posibilitan, e incluso alimentan, todo tipo de negocios como TeBorramos o Eliminalia o el aquí denunciado con los documentos adjuntos. Tenemos la sospecha de que empleados públicos de la AEPD están colaborando en el desarrollo de un perverso negocio que atenta contra el derecho fundamental a dar y recibir información veraz, encubriendo hechos con relevancia penal.
Por lo expuesto, se SOLICITA que se tenga por presentada esta denuncia con los documentos probatorios adjuntos (que incluyen los datos de contacto y número de colegiación y que la Fiscalía abra una investigación para formular acusación a la mayor brevedad posible, y por si hubiera más casos de presuntas extorsiones o chantajes o coacciones o amenazas similares, y que se dé traslado de esta denuncia con los anexos y cuanto conste en en los archivos y registros de las Administraciones Públicas competentes y en especial, a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre el denunciado que aquí instamos a que se requiera a la mayor brevedad, si fuera necesario, con cuanto conste de los aquí denunciantes también (damos autorización y consentimiento para ello), presentando querella ante el Juzgado de Instrucción que corresponda, e informando de todo ello directamente a este denunciante interesado también como representante legal de APEDANICA a todos los efectos, sin perjuicio ni renuncia de otras acciones o derechos que puedan correspondernos.
OTROSÍ digo, que como denunciante y representante legal de APEDANICA estoy dispuesto a colaborar con todos los funcionarios públicos, en especial, fiscales o policías, que investiguen los hechos aquí denunciados, sus antecedentes y su posible evolución criminal, entendiendo que la mejor prueba de la extorsión es la ENTREGA CONTROLADA o vigilada. En este mismo sentido, estamos intentando mantener la comunicación con el abogado presunto extorsionador. Pedimos que se requieran a su operadora telefónica todos los metadatos telefónicos de su número y se comprueben todas las llamadas realizadas por el teléfono del abogado aquí denunciado que consta en la documentación adjunta a la que me remito, empezando por la llamada que yo recibí el 12.09.2023 a las 12:11.
Por ser Justicia que pido en la fecha de la firma digital de esta denuncia.
