DENUNCIA al Decanato de los Juzgados de Sevilla y al Presidente del TSJ de Andalucía, con copia para la Fiscalía, por el Reglamento 1/1998 del CGPJ www.cita.es/decano-sevilla
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, también como Administrador Único de la empresa de servicios técnicos Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es en C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid, como mejor proceda al amparo del Reglamento 1/1998 para sugerencias, quejas y denuncias, presenta esta DENUNCIA por los siguientes HECHOS:
1º Según ha publicado EL PAIS sobre el inefable procedimiento ordinario nº 1407 de 2002 (sí, de 2002) del Juzgado de 1ª Instancia 11 de Sevilla textualmente: “Mientras, dado que la Junta andaluza dirigió su demanda contra Boliden Apirsa y sus matrices sueca y holandesa, para así asegurarse que estas últimas paguen tras la liquidación de la filial española, el juez le ordenó que tradujera las ocho cajas de documentos del caso. La Junta se resiste de momento a traducir los 5.000 folios al inglés, una factura que estima en 234.000 euros y que pretende derivar a los tribunales“.
2º Es público y notorio, (ABC lo publicó el 27/12/2008) y lo conoce bien el fiscal de Madrid Adrián Zarzosa Hernández, que el perito de Boliden, funcionario público, cobró tanto de Boliden Apirsa como a Boliden Minerals AB en Suecia, mediante facturas en castellano, entre otras, como que publicamos en
http://www.docstoc.com/docs/3404440/facturasBOLIDEN
por lo que si su perito privado (aunque sea funcionario público) y muy probablemente sus abogados cobran de Boliden Minerals AB por escritos en castellano no podemos admitir que con fondos públicos se pague esa carísima traducción, inconcebible si una empresa española tuviera un problema similar en Suecia. Como empresario yo me reservo las más duras calificaciones personales hacia el responsable de tal gasto.
3º Ni el Juzgado de 1ª Instancia 11 de Sevilla (el secretario se permite colgar el teléfono después de hacer manifestaciones muy impertinentes) ni el presidente y los consejeros de la Junta de Andalucía contestan a ningún escrito solicitando información de relevancia pública que para un ingeniero de minas tiene muy especial interés por lo que considerando cierto negocio jurídico previo podemos sospechar que algún funcionario público se beneficia de las traducciones para Boliden.
Por lo expuesto, SOLICITO pronto acuse de recibo de esta denuncia al amparo del Reglamento 1/1998 de la que envío copia a la Fiscalía por si los hechos denunciados fueran constitutivos de delito, y en todo caso, sugiero que el decanato y el TSJ de Andalucía inspeccionen las actuaciones y el coste para el erario público del procedimiento ordinario nº 1407 de 2002 del Juzgado de 1ª Instancia 11 de Sevilla por ser de hacer Justicia, en Madrid para Sevilla a 16 de mayo de 2013.
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