ANEXO ÚNICO: INFORME DE REFUERZO JURÍDICO Y DOCTRINAL

I. Objeto y finalidad del presente informe

El presente informe de refuerzo jurídico y doctrinal tiene por objeto fundamentar de manera técnica, sistemática y científicamente irreversible la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 106.2 y 121 de la Constitución Española, en relación con los arts. 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que se deriva de las conductas del Fiscal D. Juan Hernández Villalba en los procedimientos acumulados en las Diligencias Previas 2977/2025 (Sección de Instrucción 28 de Madrid) y en las diligencias seguidas ante el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Madrid contra la Junta Directiva en Funciones del ICOMEM.

Tal y como se documenta en las páginas 1 a 5 del escrito de 5 de mayo de 2026 (https://www.miguelgallardo.es/denuncia-fiscal-aepd-icomem.pdf), la actuación del Fiscal denunciado no se limita a una legítima discrepancia interpretativa, sino que ha confundido deliberadamente a la Magistrada-Juez de Instrucción Plaza 5 de Madrid, Ilma. Sra. Carmen Valcarce Codes, mediante la introducción de premisas falsas y la omisión de datos esenciales, generando un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que ha impedido el acceso a la jurisdicción penal, ha encubierto a los denunciados y ha causado un daño patrimonial y moral directo al denunciante y a APEDANICA.

II. Fundamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (arts. 106 CE, 121 CE y 292 LOPJ)

El artículo 121 de la Constitución Española establece: «Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley». La Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla este mandato en sus artículos 292 a 297, regulando la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia.[reference:0]

En el presente caso, la conducta del Fiscal Hernández Villalba satisface cumulativamente todos esos presupuestos:

• Desatención clamorosa: El Fiscal firmó un informe de oposición en el que confunde dos procedimientos penales completamente distintos (el de la AEPD –Plaza 28– y el del ICOMEM –Plaza 5–) y atribuye al denunciante una supuesta identidad de causa que no existe, induciendo a error a la Magistrada Carmen Valcarce Codes.
• Negligencia inexcusable: El Fiscal ignoró o deliberadamente omitió que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª) ya había estimado el recurso de apelación en el asunto de la AEPD mediante Auto 321/2026, de 8 de abril de 2026 (Ponente Dña. Pilar Alhambra Pérez). Dicho auto desautorizaba expresamente el sobreseimiento que el propio Fiscal había propuesto, y sin embargo el Fiscal, en su escrito de 5 de mayo de 2026, sigue insistiendo en la inexistencia de indicios, ocultando dolosamente la resolución de la Audiencia Provincial. Este comportamiento no puede calificarse sino como desprecio consciente y deliberado del Estado de Derecho.
• Vulneración palmaria del ordenamiento jurídico: El Fiscal introdujo en su dictamen citas jurisprudenciales totalmente inexistentes (como las Causas Especiales 20096/2024, 21008/2024, 21753/2025 y el ATS 11171/2025), así como referencias falsas a la conexidad del artículo 17 de la LECrim que no se corresponden con la realidad procesal, produciendo una quiebra de la buena fe procesal (art. 11.1 LOPJ) y provocando una vía de hecho institucional.
• Daño efectivo e individualizado: El denunciante ha sufrido un perjuicio patrimonial directo (costas, honorarios profesionales, tiempo de dedicación) y un daño moral grave, al haberse archivado indebidamente la denuncia contra la Junta Directiva del ICOMEM y al haberse impedido el acceso a los datos sanitarios de su madre fallecida durante más de siete años. El daño es evaluable y directamente imputable a la conducta del Fiscal.

III. El fraude procesal inducido por el Fiscal D. Juan Hernández Villalba como presupuesto de la vía de hecho institucional

El concepto de vía de hecho (STS de 7 de febrero de 2007) se define como «toda acción de un poder público al margen de norma alguna, en violación del principio según el cual todo poder público sólo puede hacer aquello que la ley le permite».[reference:1] En el ámbito de la Administración de Justicia, se configura una vía de hecho cuando un operador jurídico –singularmente un Fiscal– actúa fuera de su competencia funcional o abusa de su posición para obtener un resultado que el ordenamiento no le autoriza, lesionando derechos fundamentales.

En este caso, el Fiscal Hernández Villalba ha incurrido en las siguientes conductas constitutivas de vía de hecho y de fraude procesal:

• Confusión maliciosa de procedimientos: Afirmó que la denuncia contra el ICOMEM era la misma que la denuncia contra la AEPD, cuando ambos procedimientos tienen objetos completamente distintos (una, la prevaricación de la Junta Electoral y de la Comisión de Deontología del ICOMEM; otra, la anonimización ilegal y el encubrimiento de accesos a datos sanitarios por parte de la AEPD).
• Ocultación de la resolución estimatoria de la Audiencia Provincial: Pese a conocer el Auto 321/2026, de 8 de abril de 2026, que revocaba el archivo en el asunto AEPD y ordenaba continuar la investigación, el Fiscal no lo mencionó en su escrito de 5 de mayo de 2026, induciendo a la Magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 5 a mantener un sobreseimiento que ya había sido judicialmente desautorizado.
• Invocación de jurisprudencia apócrifa: Las citas de supuestos autos del Tribunal Supremo (AATS) con números de recurso inexistentes demuestran que el Fiscal no realizó una labor de investigación jurídica mínima, limitándose a reproducir un «corta y pega» generado probablemente por un sistema de IA sin verificación alguna.

Esta concatenación de irregularidades configura un fraude procesal en los términos del artículo 11.2 de la LOPJ («Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal»). Por tanto, la Inspección de la FGE viene obligada a declarar la nulidad radical del informe fiscal y a deducir testimonio por si los hechos fueran constitutivos de delito.

IV. Delimitación de las infracciones disciplinarias muy graves del Fiscal denunciado (arts. 153 y 154 RD 305/2022)

El Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal establece en sus artículos 153 y 154 el catálogo de faltas muy graves y graves, respectivamente.[reference:2] La conducta del Fiscal Hernández Villalba es subsumible en, al menos, las siguientes tipologías:

La acumulación de estas infracciones torna inexcusable la apertura de expediente disciplinario y la imposición de una sanción ejemplar, conforme al principio de proporcionalidad (art. 153 RD 305/2022).

V. La falsedad ideológica en documento oficial (art. 390.1.4º CP) por la inclusión de citas jurisprudenciales inexistentes y tergiversación de hechos

El artículo 390.1.4º del Código Penal sanciona al funcionario público que, en un documento oficial, «faltare a la verdad en la narración de los hechos», es decir, que cometa falsedad ideológica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 633/2022, de 29 de septiembre, Sala de lo Civil, aunque citada a efectos analógicos por su doctrina sobre la alteración de la verdad;[reference:3] y la STS de 25 de marzo de 1995, sobre los elementos del tipo) ha establecido que la falsedad ideológica se perfecciona cuando el funcionario «asume como propio y firma un documento cuyo contenido altera gravemente la función representativa y probatoria del mismo en el tráfico jurídico».

En el presente caso, el Fiscal Hernández Villalba ha faltado a la verdad en la narración de los hechos en al menos dos extremos capitales:

1. Negación de la conexidad con el ICOMEM: Afirmó falsamente que la denuncia contra la Junta Directiva del ICOMEM carecía de nexo con la denuncia contra la AEPD, cuando ambas denuncias comparten un sustrato común de presunta prevaricación de órganos colegiados (la Junta Electoral y la Comisión de Deontología del ICOMEM, por un lado; y la AEPD, por otro) y responden a una misma actuación de encubrimiento sistemático. La negación de la conexidad fue una manipulación deliberada para impedir la acumulación de procesos y dilatar injustificadamente la investigación.
2. Invocación de jurisprudencia inexistente: El Fiscal citó como fundamento de su oposición autos del Tribunal Supremo (AATS) con números de recurso que no existen en las bases de datos oficiales del CENDOJ (Causas Especiales 20096/2024, 21008/2024, 21753/2025 y ATS 11171/2025). Esta conducta constituye una mutación de la verdad documental, pues el Fiscal hizo pasar por auténticas unas resoluciones que son ficticias, induciendo a error tanto al Juzgado como a la parte recurrente.

Por tanto, los hechos descritos son indiciariamente constitutivos del delito del artículo 390.1.4º del Código Penal, lo que obliga a la Inspección de la FGE a deducir testimonio y remitirlo al Ministerio Fiscal competente (por separado del propio denunciado) para la incoación de las correspondientes diligencias penales.

VI. La delegación indebida en sistemas de IA sin supervisión humana: vulneración del Reglamento (UE) 2024/1689 y de la Instrucción 2/2026 del CGPJ

El Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial), en su anexo III, apartado 8.a), clasifica como sistema de alto riesgo aquel que sea «utilizado por una autoridad judicial, o en su nombre, para ayudar en la investigación e interpretación de los hechos y de la ley, así como en la garantía del cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos». Dichos sistemas están sujetos a estrictas obligaciones de transparencia, supervisión humana efectiva, calidad y gobernanza.[reference:4][reference:5]

La Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aplicable por analogía y extensión al Ministerio Fiscal, establece que «los borradores generados con IA solo son admisibles si existe revisión íntegra y validación personal».[reference:6][reference:7] En el caso del Fiscal Hernández Villalba, se aprecian indicios concluyentes de que utilizó herramientas de IA generativa sin la preceptiva supervisión humana, toda vez que:

• Los escritos reproducen bloques jurisprudenciales idénticos en los procedimientos de la AEPD y del ICOMEM, sin adaptación a las particularidades de cada caso.
• Se citan resoluciones inexistentes (alucinaciones típicas de los modelos de lenguaje grandes cuando no reciben el contexto técnico adecuado).
• No hay una sola referencia a los documentos de 53 páginas aportados por el denunciante, lo que indica que el prompt utilizado por el Fiscal no incluyó tales anexos.
• Ausencia total de una declaración de uso de IA en los escritos, contraviniendo el deber de transparencia activa impuesto por el Reglamento Europeo y por la Instrucción del CGPJ.

La delegación en IA sin verificación humana configura una infracción disciplinaria muy grave adicional, pues supone el abandono por parte del Fiscal de sus funciones indelegables de estudio, análisis crítico y motivación personal. La Inspección de la FGE debe requerir al Fiscal Hernández Villalba que acredite la metodología empleada, los sistemas de IA utilizados y la supervisión humana efectivamente realizada.

VII. Conclusión y peticiones concretas a la Inspección de la FGE y a los órganos judiciales

Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 106 y 121 de la Constitución Española, 292 y siguientes de la LOPJ, 153 y 154 del Real Decreto 305/2022, y 390.1.4º del Código Penal, se solicita a la Inspección de la Fiscalía General del Estado que:

VIII. Anexo: Documentación y enlaces de referencia