Desde http://www.cita.es/denuncias/falsas

(se copian al final, después de la firma, varios artículos publicados en prensa)

Por Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, Tel.: 619776475

Presidente de la asociación con estatutos en http://www.cita.es/apedanica

Promotor del proyecto de asociación en http://www.cita.es/denunciados

Texto especial para periodistas en http://www.cita.es/informadores

 

A la atención de Dª María Sanahuja, en CARTA ABIERTA

DECANATO DE LOS JUZGADOS DE BARCELONA Tel: 935672650 Fax: 935672649  

 

De mi más respetuosa consideración desde www.cita.es/denunciados en Madrid:

 

He leído sobre sus recientes declaraciones y quisiera empezar por asegurarle que, como criminólogo, comparto la preocupación por las denuncias falsas y simulaciones de delitos de los artículos 456 y 457 del Código Penal, así como por su escandalosa cifra negra al ser costoso y complejo enfrentarse a la falsedad en sede judicial. Pero quisiera pedirle sus declaraciones íntegras, así como cualquier estimación estadística o interpretación porque no puedo evitar desconfiar de las avalanchas de noticias que no referencian publicaciones o no se hacen citas textuales de declaraciones públicas, preferentemente entrecomilladas.

 

Permítame ofrecerle el testimonio de varios años de trabajo contra la querulancia y los delirios pleitistas, estudiando numerosas actas judiciales en los que resulta más que evidente la mendacidad dolosa y perversamente maliciosa, en denunciantes, testigos, peritos e incluso policías. La falsedad es, en mi opinión, uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia, empezando por sus propias estadísticas que no resisten un análisis riguroso, así como por su economía, que no afronta auditorías serias. Creo que si Vd. pregunta por los pagos a peritos y traductores, y compara ciertos indicadores objetivos, encontrará evidencias suficientes como para que el Poder Judicial actúe.

 

Como Vd. sabe, la denuncia falsa no sólo es una calumnia agravada por el hecho de ser vertida ante funcionario que tiene la obligación de instruir, sino que también es un delito público, y por lo tanto, perseguible de oficio, porque el bien jurídico que pone en riesgo, y lo que más gasta y desgasta el denunciante mendaz, es la Administración de Justicia. Lamentablemente, en muy pocas ocasiones se deduce testimonio por falsedad, pero eso no significa que no la haya, sino sólo que nadie se atreve a denunciarla, y muy pocos juristas o peritos son capaces de plantear eficazmente su proposición de prueba, al menos como se  pretende en el “Manual para recién denunciadoshttp://www.cita.es/acusado

 

Desde hace años he estudiado el fenómeno de las denuncias falsas, y en mi biblioteca hay alguna Tesis Doctoral con referencias internacionales sobre este tema. Pero la doctrina enseña mucho menos que la experiencia directa. Sólo los que hemos sido imputados con falsedades maliciosas sabemos bien el efecto que causa en la reputación y el patrimonio del acusado, y que nada compensa el daño causado. Una mendacidad judicial puede destrozar la vida, familia y amistades, por lo que yo no dudo en acusar, y en recomendar que se acuse a los fiscales pasivos, que presencian falsedades sin atreverse a pedir que se deduzca testimonio. En la “Inspección de la Fiscalía” ya conocen lo directo que soy, y me gustaría poder ser más eficaz haciendo estar y pasar al Ministerio Público, caso por caso, y criminológicamente, por lo mismo que Vd. ha denunciado. Me permito recomendarle aquí la lectura de la página de Internet http://www.cita.es/denuncias/falsas

 

 

Noticias publicadas sobre la Decana de los Juzgados de Barcelona y Denuncias Falsas

 

EL PAIS Pág. 34  Viernes, 28/05/2004

ANA PANTALEONI  

 

La juez decana de Barcelona alerta del posible abuso en las denuncias sobre violencia doméstica   

  Las afirmaciones de la magistrada desatan la polémica entre las asociaciones de mujeres   

 

Barcelona

El número de denuncias por violencia doméstica se triplicó en Barcelona en 2003: los juzgados abrieron 2.016 diligencias, mientras que el año anterior fueron 609. Durante la presentación de las cifras, la nueva juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, advirtió de que da 'la sensación de que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en la separación y se está abusando de las denuncias en los juzgados'. Esta afirmación desató el inmediato rechazo de las asociaciones de mujeres maltratadas. Jueces para la Democracia apoyó a Sanahuja.

Las palabras de la decana cayeron como un jarro de agua fría en las asociaciones de mujeres. Tanto la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Cataluña como la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente exigieron ayer una 'inmediata rectificación pública' a la decana de los jueces de Barcelona por sus afirmaciones durante la presentación de la Memoria Anual de los Juzgados de Barcelona de 2003. Ambas asociaciones afirman que 'no pueden aceptar como válido un comentario que se basa en impresiones sobre denuncias oportunistas y no se corrobora con sentencias por denuncias falsas'.

La portavoz de Jueces para la Democracia en Cataluña, Luisa María Prieto, afirmó: 'Una de cada cuatro órdenes de protección que se solicitan por violencia doméstica no es admitida porque no se justifica. Existen casos en los que [estas denuncias] son sólo un instrumento que pretende ser utilizado en un proceso de familia. Es normal que siempre que hay una medida legislativa nueva haya problemas de interpretación en su aplicación'. Prieto añadió: 'Es lógico que sea el juez el que valore si la denuncia está o no justificada. Hace falta un proceso civil mucho más ágil para resolver los conflictos que se generan en la familia'.

El fuerte aumento del número de denuncias por violencia doméstica se explica por la mayor información que reciben las víctimas. Pero, según la juez decana de Barcelona, también en algunos casos 'da la sensación de que se utiliza la jurisdicción penal. Hoy es muy difícil que un juez al que le piden una orden de alejamiento no la conceda. Los abogados han de tomar conciencia de que no pueden recomendar rápidamente que sus clientes vayan a denunciar su caso ante los tribunales'. Según Sanahuja, en estas situaciones 'la responsabilidad es de todos, aunque a veces sólo se mire a los jueces. Esto está provocando una justicia defensiva que no es buena para solucionar el problema'. Sanahuja denunció ayer que los jueces sufren una presión mediática y social muy fuerte en este terreno.

Sanahuja, elegida en enero en sustitución de Joaquín Bayo, argumentó que para defender a una mujer víctima de malos tratos son necesarios ocho policías. 'Evidentemente, hay que dar protección a las personas que están en situación de riesgo, pero no se puede proteger si la cosa se dispara y allí acude todo el mundo. Hay que determinar si se está produciendo un uso abusivo e informar de que esto puede tener consecuencias. Los abusos son inevitables, pero hay que establecer mecanismos de control', afirmó.

La abogada experta en malos tratos María José Varela calificó de 'especialmente graves' las declaraciones, ya implican 'duda de las mujeres denunciantes'. Gerard Thomas, presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, consideró que las afirmaciones de Sanahuja son 'un mal análisis de las denuncias'.

Las asociaciones de mujeres aseguran que 'los estudios realizados evidencian que se denuncia menos del 10% de la realidad, por lo que el incremento de los asuntos penales en este apartado no supone un dato contradictorio, sino que es presublimente la consecuencia de las campañas que animan a las víctimas a denunciar'.

El Instituto Catalán de la Mujer, que depende de la Generalitat, aseguró en un comunicado que 'confía' en la palabra de las mujeres que presentan denuncias por malos tratos: 'Sabemos para estas mujeres supone un calvario iniciar procesos judiciales'. Un portavoz del decanato se limitó a ratificar las afirmaciones de Sanahuja y rehusó hacer más comentarios.

 

EUROPA PRESS Viernes, 28/05/2004

 

ONG de mujeres piden al CGPJ que abra expediente a la jueza decana que advirtió de la falsedad de denuncias de maltrato   

 

La Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género ha formulado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que abra expediente contra la jueza decana de los Juzgados de Instrucción de Barcelona, María Sanahuja por sus declaraciones sobre el aumento de denuncias falsas sobre violencia de género para agilizar trámites de separación y divorcio.

"El CGPJ debe abrir el correspondiente expediente a la jueza decana de Barcelona, doña María Sanahuja, en base a los hechos acaecidos, a la falta de respeto sobre la presunción de inocencia de las mujeres, a la imputación de delitos o faltas como son la denuncia falsa, sin que exista la menor prueba sobre ello", señala en un comunicado.

Al mismo tiempo, la Red exige que la jueza aporte las pruebas en que se funda para afirmar lo que dice, "causando un maltrato institucional de consecuencias impredecibles para las mujeres y los niños y niñas víctimas de la violencia de género".

Igualmente, solicita al CGPJ que, al mismo tiempo, se pronuncie, teniendo presente que contra la violencia de género la tolerancia debe ser cero.

En este sentido, subraya que el daño producido por las declaraciones efectuadas por la Juez Decana es "irreparable". "Es universalmente conocido y científicamente constatado el hecho de que las víctimas de la violencia de género sólo denuncian entre un 5 y un 10 por ciento tras haber padecido una media de diez años de violencia sexista y que en España la cifra de mujeres muertas se acerca al centenar todos los años", recuerda.

Además, lamentan que "el maltrato institucional", que verbalmente ha producido la decana de los Juzgados de Barcelona, confirma hasta qué extremo tienen razón los agresores cuando torturan a la víctima diciendo "nadie te va a creer". Finalmente, advierte de que de nada servirán las medidas legislativas que se arbitren "si las mentalidades de los jueces son cómplices de quienes cometen la agresión contra ellas".

 

EUROPA PRESS Viernes, 28/05/2004

 

CATALUNYA .- Una ONG apoya a la juez decana de Barcelona y critica el abuso de denuncias falsas para obtener la custodia de los hijos   

     

La Asociación para el Bienestar Familiar del Menor, entidad integrada por padres separados, mostró hoy su apoyo a las declaraciones de la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, quien ayer alertó del "abuso" de denuncias por violencia doméstica que llegan a los juzgados.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de esta entidad, Rafael Montero, aseguró que "existe un incremento de denuncias falsas por violencia doméstica" por parte de algunas mujeres que, en caso de separación, "se aprovechan de la sensibilidad social que hay con este tema para hacerse con la custodia de los hijos".

Montero, que desde hace años es miembro de esta entidad, que cuenta con 300 voluntarios en toda España, aseguró que "si existe un incremento de denuncias falsas sobre supuestos abusos sexuales a menores" es "normal que pase lo mismo en el ámbito de la violencia doméstica".

El portavoz de esta asociación señaló que ambas situaciones "tienen un mismo origen", ya que "los causan personas sin escrúpulos". "Si éstos son capaces de manipular y causar un daño a su propio hijo, imáginate lo que pueden hacer con un adulto", añadió.

 

Según Montero, en caso de que una persona separada presente una denuncia por malos tratos, al presunto agresor "se le aplica de forma inmediata un orden de alejamiento como medida preventiva", por lo que "lo pierde todo: los hijos y el piso", precisó.

 

EUROPA PRESS Viernes, 28/05/2004

 

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica dice que no hay estudios que deduzcan que haya denuncias falsas   

 

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Monstserrat Comas, señaló hoy a través de un comunicado que no existen datos objetivos ni estudios de los que se puedan deducir que se están interponiendo en los Juzgados españoles denuncias falsas por casos de malos tratos.

Comas, que también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), respondía de este modo a la polémica suscitada por las declaraciones de la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, quien ha alertado del 'abuso' que a su juicio se puede estar dando en las denuncias por malos tratos, que han experimentado un fuerte incremento durante el último año.

Según la presidenta del Observatorio, es positivo que se haya producido un incremento del número de denuncias por violencia doméstica en España "porque ello significa que las mujeres maltratadas están saliendo del anonimato de su invisibilidad y del círculo de la violencia en el que se encuentran, ejercitando sus derechos a la dignidad y a la libertad".

Además, Comas resaltó el hecho de que se hayan presentado en toda España alrededor de 10.000 peticiones de órdenes de protección, desde agosto de 2003 hasta la fecha, y que se hayan concedido un 76 por ciento del total. A su juicio, esto demuestra "que los jueces resuelven con independencia y sin presiones cuando la denuncia carece de incicios probatorios suficientes".

Asimismo, afirmó que desde el CGPJ se valora muy positivamente la actividad de los jueces y magistrados en la tutela y protección de los derechos de las víctimas de vilencia doméstica y de género, y agregó que "dicha protección se está realizando respetando los derechos constitucionales de los denunciados".

Finalmente, Comas recordó que el CGPJ, a través del Observatorio contra la Violencia, "reitera nuevamente su compromiso por la erradicación de la violencia que se ejerce en el ámbito familiar y, en particular, contra las mujeres".

 

EL PAIS Pág. 30  Sabado, 29/05/2004

 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ  

 

Los jueces de Madrid también detectan abusos en denuncias de maltrato   

El Poder Judicial afirma que faltan datos   

 

Madrid

Los jueces de instrucción de Madrid (los que investigan los delitos) también han detectado 'casos' de uso indebido de peticiones de medidas de protección frente al maltrato en el ámbito familiar. Así lo indicaron ayer en un comunicado. Este pronunciamiento se ha efectuado un día después de que la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, alertase contra los 'abusos' en las denuncias por malos tratos, cuyo número se triplicó en esa ciudad en 2003. También afirmó que se que se habían detectado denuncias 'falsas o infladas'.

Tales manifestaciones han provocado reacciones airadas de distintas asociaciones de mujeres. En la polémica también terció ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no comparte las opiniones de la juez y argumenta que faltan datos que permitan afirmar que se presentan denuncias falsas.

Los jueces madrileños afirman que su experiencia tras la puesta en marcha de la orden de protección (una nueva herramienta que permite al juez dictar medidas civiles y penales cautelares en 72 horas tras recibir una denuncia), 'ha permitido detectar casos de utilización indebida de este mecanismo'. Ello 'desnaturaliza la finalidad de esta medida cautelar, en perjuicio de las verdaderas víctimas de la violencia doméstica', según el comunicado.

Fuentes de los juzgados de instrucción de Madrid señalaron que 'ciertamente' se detectan 'algunas' denuncias por violencia doméstica que son fruto de 'triquiñuelas' de abogados para lograr una posición favorable de uno de los cónyuges en el proceso de separación. 'Hay despachos de abogados que, conscientes de la lentitud de los juzgados de familia

[algunos tardan hasta 10 meses en citar a las parejas que quieren separarse de forma contenciosa] y de la rapidez con que se actúa por la vía penal en estos temas, desvían a sus clientes al juzgado de guardia y les aconsejan que pidan una medida de protección', señalaron. 'Así consiguen que su cliente salga del juzgado con una resolución judicial que luego le puede reportar una ventaja ante el juez de familia en el proceso de separación. Pero eso sólo pasa en una parte de los casos. En la mayoría está totalmente fundamentada la petición de la orden de protección', apostillaron.

Desde que entró en vigor la orden de protección, en agosto pasado, los jueces madrileños han concedido el 70% de las solicitudes. 'Es obvio que, pese a la sensibilidad que existe sobre este tema, las que se deniegan carecen de toda fundamentación', añadieron las fuentes judiciales citadas.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, salió ayer al paso de las afirmaciones de la juez decana de Barcelona. 'No se puede compartir la opinión

en tanto en cuanto puede suponer un desánimo para que las mujeres denuncien', dijo a Efe. López añadió que las afirmaciones de esa responsable no pueden dar pie a un reproche disciplinario.

La Red de Organizaciones Feministas había pedido al órgano de gobierno de los jueces que abriera un expediente a la decana por haber imputado a las mujeres 'delitos o faltas como son la denuncia falsa sin que exista la menor prueba de ello' .

Derecho a la dignidad

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, Montserrat Comas, señaló en un comunicado que la protección a las víctimas se realiza 'respetando los derechos constitucionales de los denunciados'. A su juicio, el 'positivo' incremento de las denuncias 'significa que las mujeres maltratadas están saliendo del círculo de violencia en que se encuentran y ejercitando su derecho a la dignidad y a la libertad'.

Comas añadió que hasta ahora se han solicitado 10.000 órdenes de protección y se ha concedido el 76%. Esto 'demuestra que los jueces resuelven con independencia y sin presiones cuando la denuncia carece de indicios probatorios suficientes'. 'Asimismo, no existen datos objetivos ni estudios de los que se puedan deducir que se están interponiendo denuncias falsas', puntualizó.

La secretaria general para las Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, también rechazó el planteamiento de Sanahuja. Afirmó que pensar que las mujeres tienen intención de poder vadear los mecanismos de la justicia, no es 'prudente' ni responde al análisis 'sosegado' de los datos sobre las órdenes de protección, informa Efe. Puntualizó que la proporción de solicitudes rechazadas demuestra que 'existen mecanismos judiciales que filtran las denuncias fundamentadas'.

Murillo añadió que, dado el elevado número de víctimas mortales por la violencia doméstica, un plantamiento como el de la juez decana de Barcelona 'puede tener efectos negativos'. 'Pensar que hay abusos en las denuncias es imprudente y ligero, y lesiona la imagen de las propias organizaciones judiciales', agregó.

 

Nota: Agradeceremos referencias y documentación sobre denuncias falsas, porque de la misma manera que se publican las detenciones por malos tratos, deberían de hacerse más públicas las deducciones de testimonio por falsedad y también las condenas por denuncia falsa (Art. 456) y simulación de delito (Art. 457). Recomendamos la lectura de http://www.cita.es/denuncias/falsas

 

Y también “peritar peritajes” en http://www.cita.es/metaperitar

 

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, Tel.: 619776475

Presidente de la asociación con estatutos en http://www.cita.es/apedanica

Promotor del proyecto de asociación en http://www.cita.es/denunciados

Un ejemplo de denuncia falsa en http://www.cita.es/denuncia/falsa

Texto especial para periodistas en http://www.cita.es/informadores