Defendamos a un abogado

El penalista madrileño Juan Ignacio Ortiz de Urbina ha sido grabado en sus conversaciones con un cliente. Ignoramos los detalles, pero sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha recomendado a su cliente cambiar de abogado, y le ha citado como testigo. Literalmente, se publicó que la magistrada instructora de las diligencias previas, Carla Bellini, notificó a Julio Bornia la providencia que le hace saber que «teniendo prevista la declaración de su letrado como testigo en las presentes diligencias, deberá el imputado designar a otro letrado para que le asista en la declaración señaladas para el próximo 26 de junio, ya que, en caso contrario, le será designado de oficio».

El abogado sostiene que, de consolidarse la teoría de la magistrada, la mayoría de los letrados no podrían ejercer la defensa de sus clientes, y se considera obligado por su código deontológico.

Sinceramente, creemos que tiene razón. Toda la razón, al menos, en eso.

Al finalizar su extrañísima comparecencia, Juan Ignacio Ortiz de Urbina afirmó: «Sólo quiero hacer una declaración: si no lo vivo no lo creo. ¡Esto es increíble!». El abogado no quiso explicar a qué se refería. «Lo haré cuando todo esto acabe», anunció con rictus de furia.

Es perfectamente comprensible. Todos estaríamos furiosos si se interviniesen  conversaciones con nuestros abogados, y que esa atrocidad justificase, precisamente, que se obligase a designar a otro abogado, o aceptar al de oficio. Si lo piensa un poco, la mismísima magistrada Carla Bellini preferiría que no se grabasen sus conversaciones con juristas cuando se equivoca tan gravemente como lo ha hecho.

Por pura Ética, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la Orgánica del Poder Judicial pueden amparar nada parecido. Ni siquiera cuando lo que está en cuestión es la presunta delincuencia de un presidente de Audiencia Provincial.

Debemos defender, o al menos yo creo que deberíamos defender, el derecho a la confidencialidad de las conversaciones de abogados que no sean delincuentes, porque si se pone bajo juramento a un abogado, el artículo 460 es demoledor para sus clientes. A mí, personalmente, me gustaría hacer preguntas capciosas a los abogados de algunos angelitos, y a todos los abogados que algún día defendieron a algún juez. Pero comprendo que debo quedarme con las ganas y seguir soñando con que tenemos una Administración de Justicia que impide que estas cosas puedan ocurrir.

Si son ciertos los hechos que se le imputan, a José Antonio Martín se le deberá enjuiciar con el mismo rigor que al peor de los presuntos delincuentes. Pero también creo, y lo digo públicamente, que la magistrada Carla Bellini debería de ser seriamente apercibida por todos los que en algún momento hemos deliberado con algún abogado, y por los que les confiamos nuestros secretos.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz es ingeniero y criminólogo y autor de las páginas de Internet http://www.cita.es/escuchados y http://www.cita.es/escuchas/italianas

www.cita.es Tel.: 914743809, Móvil: 619776475 (atención permanente)