José Miguel Alonso Carbajo, fiscal Anticorrupción en Audiencia Nacional por D. Previas 90/2010 del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional (operación SAGA/SGAE) con hiperenlaces relevantes en www.cita.es/fiscal-sgae y www.miguelgallardo.es/fiscal-sgae.pdf
En relación a su escrito de fecha 17.12.14 (sellos del 18) para nuestra personación por admisión de nuestra querella que mantenemos, tal y como usted ya la vio, en www.cita.es/querella-sgae
y también en formato PDF en www.miguelgallardo.es/querella-sgae.pdf lamentamos que no hayamos conseguido hacerle ver la conexión que conocen numerosas personas entre la SGAE y varios funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Permítanos insistir en pedirle que lea más, por favor, porque parece como si no hubiera tenido nada en cuenta, del artículo que transcribimos íntegro en nuestra querella, que también puede verse en Internet
http://www.publico.es/culturas/407774/como-arraigo-la-trama-sgae-en-la-politecnica
Cómo arraigó la trama SGAE en la Politécnica Empresas de Microgénesis vivían de la institución pública, firmado por la periodista ANA FLORES el 19/11/2011
Pero más aún, queremos rogarle que solicite informe al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas Olayo Eduardo González Soler, que necesariamente conoce muy bien la relación existente, documentable y auditable con precisión contable, entre la SGAE y la UPM, no solamente por los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a la UPM, sino también porque se requirieron documentos muy relevantes en procedimientos de enjuiciamiento contable de la UPM que evidencian malversaciones, aunque no parece que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas esté dispuesta a perseguirlas. Al menos, solicitamos que la Fiscalía Anticorrupción tenga documentos clave que conoce la del Tribunal de Cuentas, como el que, por su relevancia y clave, mentenemos publicado en www.miguelgallardo.es/sgae.pdf
o informes del funcionario público perito de la SGAE en docenas de procedimientos judiciales, al que puede ver en vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=y71CifO7XSg
o sobre el letrado de la UPM en www.cita.es/informe-jmv y www.cita.es/fiscal-jmv
Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid conocen y califican muy duramente las irregulares contrataciones de la UPM y también de la Fundación General de la UPM (invitamos a que se lean los 3 enlaces) pero la Fiscalía, hasta ahora, no se da por enterada de esas irregularidades gravísimas, claros indicios de lo que el juez Eloy Velasco califica como delitos contra diversas administraciones haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude.
La perversión criminógena entre la SGAE y la UPM es inconcebible sin la participación del entonces director de la Asesoría Jurídica, Juan Manuel del Valle Pascual, aunque otros muchos funcionarios de la UPM con empresas absolutamente ilegales por ser descaradamente incompatibles con la función pública de sus administradores (como es un caso claro pero no único el del imputado Rafael Ramos Díaz), también han participado y se han beneficiado de presuntas malversaciones, prevaricaciones y tráfico de influencias, entre otros delitos públicos que deberían ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, eficazmente.
Los procedimientos judiciales referenciados en la querella contienen abundantes documentos que han sido vistos por fiscales que no se han percatado de la relevancia penal. Podemos abrumar con esos documentos, pero antes queremos pedirle que solicite informe sobre la SGAE y la UPM a los fiscales Olayo Eduardo González Soler, Adrián Zarzosa Hernández y Alfonso San Román Ibarrondo, aunque han sido varios más los que no han visto, o no han querido ver, esa criminalidad corruptógena entre la SGAE y varios funcionarios de la UPM.
Es cierto que nuestra querella es parcial, en doble sentido. Por una parte, únicamente se centra en los delitos cometidos por funcionarios públicos que se prevalecen de su condición para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros. Entendemos que los delitos con particulares como perjudicados deben ser denunciados por quienes están legitimados para ello, pero nos preocupa que la fiscalía no ponga especial celo, ni siquiera diferencie, la imputabilidad de funcionarios públicos que se benefician de recursos públicos, o que benefician a quienes ellos deciden, sin dar explicaciones absolutamente a nadie. Por otra parte, además de la obvia corrupción de primer orden, existe también una corrupción de segundo orden, siempre ignorada por todos los fiscales que han conocido hechos relevantes que consisten en uso de recursos públicos para defenderse judicialmente (no cuestionamos el derecho de defensa pero sí el de la prueba pericial practicada por funcionarios para partes por dinero u otras compensaciones) y lo que es peor, para amedrentar y demandar pidiendo dinero malversando servicios jurídicos institucionales por el supuesto honor de funcionarios que se lucran ilícita e inmoralmente. En esa perversión corrupta de segundo orden se han evidenciado más aún las corrupciones, tanto si la Fiscalía Anticorrupción está de acuerdo algún día, como si sigue ignorando lo esencial.
Mientras la Fiscalía no reconozca esa perversión, especialmente la de la asesoría jurídica de la UPM en la trama SGAE, el procedimiento judicial será corrupto en sí mismo. Hay quien dice que “la corrupción debe cortarse de raíz y sin contemplaciones”. Basta mirar a nuestros querellados y las evidencias de enriquecimiento ilícito con gravísimos perjuicios para el erario público, y también a lo que no quieren ver los fiscales para comprender lo alejadas que están esas palabras de las suyas, y la verdad material de las evasivas, muy complacientes, de unos funcionarios públicos con otros funcionarios públicos, como los que nosotros acusamos.
En cualquier caso, aunque lo manifiesto es muy difícil de evidenciar, yo estoy a su disposición para explicar, documentar y referenciar cuanto esté a mi alcance, si es que no lo hacen los fiscales que le pido tanto como me permita insistir, que contacte usted mismo por los hiperenlaces relevantes en www.cita.es/fiscal-sgae y www.miguelgallardo.es/fiscal-sgae.pdf
Ing. Miguel Gallardo, criminólogo y licenciado en Filosofía, perito en criptología y acústica forense
Teléfono: 902998352 Fax: 902998379 E-mail: miguel@cita.es