Carmen García de Elías, gerente de Universidad Politécnica de Madrid UPM
Enlaces www.cita.es/gerente-upm y www.miguelgallardo.es/gerente-upm.pdf
Se han publicado manifestaciones suyas en El Economista y Madridiario con su frase textual: "La situación de la UPM a nivel económico con esta sentencia se agrava, pasando a ser verdaderamente crítica", llegando a la conclusión, en el mismo titular, de que “está en peligro la institución”.
El riesgo jurídico de la UPM es muy alto. Mucho mayor que el económico. No se trata solamente de 301 puestos de trabajo de empleados públicos. Se trata de neutralizar un modelo perverso e insostenible, en el que unos pocos privilegiados hacen negocios con “riesgo y coste 0” de manera que, cuando las cosas van bien, se enriquecen personalmente dejando migajas a la UPM, pero cuando van mal, socializan pérdidas ruinosas endosándoselas todas a la UPM.
La UPM ha llegado a manejar fondos de inversión en una sociedad gestora de capital riesgo, llamada AXON, que ha financiado lo más inconfesable. La UPM constituyó y administró una sociedad limitada llamada AIDIT para certificar los más repugnantes fraudes en I+D+i. En la UPM se han malversado todo tipo de bienes y servicios, incluyendo los jurídicos en los que, al menos, tres de sus letrados, Juan Manuel del Valle (ahora imputado penalmente), Miguel Ángel Davara y Enrique Naya se han dedicado a lo que está muy lejos de su función pública, pero no se han ocupado en absoluto de nada de lo que ahora es noticia extremadamente preocupante. La corrupción tiene un doble efecto perverso que ahora padece la misma institución que la ampara y tolera.
El problema de la UPM no es tanto unos modestos puestos de trabajo como los grandes negocios de sus mandarines feudales, a costa de todos. Me pregunto, y aquí le pregunto a usted si, cuando sean readmitidos Miguel Ángel Davara y Enrique Naya podrán seguir ejerciendo libremente como administradores judiciales de empresas en concurso, o de grandes comunidades de propietarios manteniendo despachos profesionales abiertos en los que se litiga para el mejor postor como lleva tiempo haciendo Juan Manuel del Valle. Seguirá siendo “causa de la causa” de muchos tremendos problemas de la UPM, porque la incompatibilidad y el conflicto de intereses se extiende como una mancha de aceite tóxico entre docentes e investigadores que se ocupan más de sus docenas de empresas y servicios profesionales, que de su función pública.
Si el problema de la UPM fuera únicamente económico, hay medidas mucho más justas que las que se tomaron, ahora anuladas por el Tribunal Supremo. La medida más justa y ejemplar es sancionar a quien administra empresas o presta servicios profesionales sin tener concedida la compatibilidad especial, de tal manera que la UPM no tenga que pagar más que la dedicación parcial mínima desde el momento en que un empleado público comete lo que tipifica como falta el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público. Voy a poner algunos ejemplos que ahora mismo serían sano oxígeno para la UPM:
Rafael Ramos Díaz, funcionario de la UPM, imputado en libertad bajo fianza de 150.000 euros, ha gerenciado, desde 1991, numerosas empresas que han comprometido a la UPM en la trama de la SGAE. Si hubiera tenido mínima dedicación parcial, la UPM se habría ahorrado gran parte de su nómina durante 23 años. Un buen letrado sabría cómo resolver ese problema de la UPM, pero Juan Manuel del Valle fue cómplice y modelo de referencia perversa.
21 de los 42 catedráticos de la ETS de Arquitectura ETSAM (incluyendo al vicerrector García Grinda) tienen cargos mercantiles que ofrezco listados en https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvR01HdEFLNHVfd1E&usp=sharing
o en el enlace acortado goo.gl/kANAiu y en mi Escuela de Minas, mire bien https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvY042M19tOTQ2X00&usp=sharing Es fácil, rápido y barato obtener datos similares de todos los empleados con dedicación completa en la UPM. Me dicen que es usted muy hábil haciendo presupuestos. Eche cuentas. Ese ahorro puede y debe salvar a la UPM, ahora.
¿Qué puede ocurrir si no lo hace y sigue pagando nóminas completas a todos los funcionarios empresarios incompatibles en claros conflictos de intereses?
Pues que cada vez seremos más los que hagamos públicamente responsable a Carlos Conde Lázaro de todas las corrupciones que él conoce mejor que nadie.
También debe saber que, para mi empresa y para mí, en la UPM se hace competencia desleal. Perdí la esperanza de que la CNMC, antes CNC, o en la Fiscalía lo comprendan y actúen, pero ya hemos encontrado una fórmula magistral para que los funcionarios públicos que compiten desde empresas que administran ilegalmente lo tengan más difícil, y arriesguen más de lo que creen.
Debe saber usted que la fórmula que aplicamos a los funcionarios empresarios ilegales produce algunos daños colaterales, porque reduce el crédito de la UPM a la que ya no parece que le sobre nada, como usted bien sabe. Mientras el rectorado de la UPM permita y encubra numerosos empleados públicos que compiten con mi modesta empresa incurriendo en la falta claramente tipificada en el artículo 95 apartado j del Estatuto Básico del Empleado Público, nos parece muy bien que la UPM sea insolvente y, a quien nos quiera escuchar, le diremos que hay que recortar, mucho más aún, hasta que los mandarines feudales tengan que devorarse unos a otros para sobrevivir. Nada que le ocurra a un funcionario que administra ilegalmente empresas o presta algún servicio profesional en repugnante competencia desleal, nos parecerá suficientemente duro o malo. Al rector de la UPM no podemos desearle buena salud o medios para que los encubra más, e incluso les financie malversando.
Por último, consciente de mi propia reputación, quiero pedirle que piense en el interés, y en los conflictos de intereses de quien le haga comentarios sobre mí, porque algunos no los voy a perdonar sin una importante compensación. Me gusta tomarme las cosas con mucho más humor del que me puedo permitir con quienes le rodean a usted, pero hay cosas que tienen cierta gracia morbosa. Le recomiendo escuchar con sus propios oídos el himno de la Asociación para el Estudio del “Derecho Universitario” (des)compuesto, en su letra y música, por Juan Manuel del Valle en http://www.aedun.es/index.php/himno-de-aedun
Después de escucharlo apuesto a que se entenderá mucho mejor por qué mi nombre, y el de mi modesta empresa, aparecen en varios “discos duros” del rectorado que deberían ocuparse con cosas bastante más serias. No me tomo muy en serio a mí mismo (no lo merezco), y no puedo contener la risa cuando escucho ese delirante himno, o las intervenciones patológicas de Juan Manuel del Valle, pero el asunto planteado aquí es grave y urgente. Créame que hay cosas peores que no tener dinero, o enfrentarse a una sentencia adversa. En la UPM las van a conocer muy pronto, si siguen así. ¿Hablamos de ello?
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, en su propio nombre y derecho y también como administrador de la empresa de servicios técnicos de ingeniería y arquitectura Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA), constituida en 1996, con domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379, www.twitter.com/miguelencita E-mail miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com