Al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid

para Diligencias Previas 8131/2011 y 1560/2013

Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/malversado22.pdf

y también en www.cita.es/lorena-alvarez-taboada

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en criptología y acústica forense, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside desde su constitución en 1992, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, teléfono Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correos miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com sin perjuicio de posibles recursos pendientes de nuestro abogado José Manuel López Iglesias pendiente de alta médica (consta en este juzgado su hospitalización) como mejor proceda formula y solicitud de deducción de testimonio contra la fiscal Lorena Álvarez Taboada por estos HECHOS:

En su escrito de fecha 16.3.13 para las Diligencias Previas 8131/2011 del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid que publicamos en Internet http://goo.gl/fQq4Y la fiscal Lorena Álvarez Taboada puede haber cometido el delito tipificado en el art. 408 del Código Penal, y varias faltas disciplinarias, que se evidencian en sus correlativos, así:

1º La relación de las dos denuncias, ambas de fecha 14.11.11, publicadas en Internet

http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf

y http://www.miguelgallardo.es/licitante.pdf

que inician las actuaciones (pese que que no se haya practicado más que una única diligencia requiriendo un procedimiento a la Audiencia Nacional) es la de la presunta malversación cometida por funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madri (UPM) por una parte, adjudicando contratos a empresas y administrando fondos públicos para beneficiar a particulares (sin que se haya podido determinar todavía si algún funcionario se ha beneficiado a sí mismo por tener intereses, participaciones o cargos en la empresa adjudicataria, autocontratándose), y en la otra, por el uso de recursos públicos, incluyendo pagos a notarios, procuradora y servicios jurídicos institucionales para la defensa de supuestos derechos personales, particulares y privados, como lo son, por definición, los que emanan de la Ley Orgánica de Protección de Datos (siempre PERSONALES). Es decir, que existe una presunta malversación de primer orden, pero también una segunda malversación de orden superior, por haberse utilizado recursos públicos, precisamente, para impedir, amedentar y represaliar a quien, desde hace tiempo, se ha caracterizado por informar públicamente del uso indebido de recursos públicos en la UPM. Por lo tanto, existen hechos conexos, pues los denunciantes son los mismos y los hechos denunciados son sendas presuntas malversaciones cometidas por funcionarios o empleados públicos de los que, necesariamente, el último responsable es el rector de la UPM. Pero aunque sea una muy lamentable morosa de la realidad con graves faltas de perspicacia, no es esa la cuestión principal por la que denunciamos a la fiscal Lorena Álvarez Taboada solicitando aquí la deducción de testimonio de particulares.

2º Nada tenemos que decir sobre cuanto pueda pretender la fiscal que se instruya respecto al escandaloso concurso negociado sin publicidad cuyos datos están desde hace años en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, salvo que, de seguir este lento ritmo de instrucción judicial, pasado ya año y medio sin que se practique ninguna diligencia, posiblemente prescriba el presunto delito, quedando impune.

3º Es en este tercer punto correlativo de su escrito donde encontramos varias faltas y confusiones, porque nuestra denuncia no pretende en modo alguno que se enjuicie nada de lo que su escrito de fecha 16.3.13 la fiscal denunciada argumenta, muy probablemente copiando textualmente párrafos enteros de algún escrito no precisado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pero ignora por completo todo lo fundamental de nuestra denuncia inicial de fecha 14.11.11, y muy especialmente, IGNORA TODA LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LA FISCALÍA DE CASTELLÓN PARA EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 DE CASTELLÓN PARA EL TRIBUNAL DEL JURADO 1/10 (que se aportaba con la denuncia). No se trata, como equivocadamente supone la fiscal aquí denunciada, de enjuiciar si los profesores de la UPM que actúan como peritos de BOLIDEN, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) u otras entidades privadas se prevalecen de su condición de empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí o para otros (art. 97 apartado j del Estatuto Básico del Empleado Público), sino si se pueden utilizar a los servicios jurídicos institucionales, con sus letrados empleados públicos, y también a una procuradora y a un notario pagados con fondos públicos, para defender supuestos derechos que en todo caso son siempre particulares, privados y personales, realmente particularísimos, privadísimos y personalísimos. Y además, cuando la Audiencia Nacional condena en costas, el pago lo hace la UPM y no los funcionarios cuyos datos personales pretendían defender. Eso es una malversación donde las haya.

Al no distinguir la fiscal Lorena Álvarez Taboada entre actuaciones periciales (que pueden y deben cuestinarse también en cada caso, entre otros motivos, también por el espíritu y la letra del art. 95 apartado j del Estatuto Básico del Empleado Público), y el perverso y malversador NEGOCIO JURÍDICO por el que se llegaron a pedir 600.000 euros de sanción contra una empresa (CITA, SL) y un particular (quien firma esta denuncia también representando a la empresa injustamente sancionada), toda la argumentación esgirmida por la fiscal Lorena Álvarez Taboada es irrelevante e impertinente, pues confunde al juzgador desviando su atención hacia hechos que no son los claramente denunciados y precisados apoyándonos en un escrito de la Fiscalía de Castellón con fundamentación perfectamente aplicable al caso. Es inaceptable que ese escrito sea ignorado por completo como se ha hecho hasta ahora.

Para comprender la pertinencia y relevancia de la fundamentación de la Fiscalía de Castellón, basta leerlo con nuestra denuncia de 14.11.11. Podemos hacer muchas interpretaciones y supuestos sobre tal escrito de la Fiscalía de Castellón, pero lo que queremos es que se lea, se entienda, y se aplique a nuestro caso, pidiendo el Ministerio Fiscal la misma pena de 3 años y 6 meses de prisión y las mismas penas accesorias con expresa condena en costas para el malversador.

Para evidenciar la impertinencia por irrelevancia de lo argumentado por la fiscal Lorena Álvarez Taboada aquí denunciada, basta considerar que, incluso si hubieran prosperado las denuncias y personaciones de los funcionarios de la UPM que utilizaron notario y procuradora pagados con fondos públicos y letrados institucionales, es decir, que si hubieran conseguido que la sanción de la AEPD fuese confirmada por la Audiencia Nacional (cosa que no ocurrió, sino que ocurrió justo lo contrario, estimándose nuestro recurso y condenando en costas a la UPM, que vuelve a pagar con fondos públicos la defensa de supuestos derechos, por definición, personales), aún así, seguiría debiendo considerarse como malversación de caudales públicos. Es decir, que no es relevante que los funcionarios de la UPM puedan peritar como lo hicieron para BOLIDEN y SGAE (aunque sea bien cuestionable su beneficio presuntamente indebido), y tampoco lo hubiera sido si sus derechos personales hubieran sido mucho más vulnerados. Lo que sí es relevante, y la fiscal Lorena Álvarez Taboada ha ignorado por completo, es que para defender derechos puramente personales, se utilizan recursos públicos (al menos los letrados Juan Manuel del Valle, director de la asesoría jurídica y Miguel Ángel Davara, funcionario interino, la procuradora habitual de la UPM, un notario y el pago de las costas, incluyendo no solamente las de CITA, SL, por cierto, valoradas de manera miope y cicatera, sino también las reclamadas por la Abogacía del Estado, según consta en autos).

Si las demandas por el honor pagadas con recursos públicos merecen el reproche de la Fiscalía de Castellón que consta en las actuaciones con nuestra denuncia de fecha 14.11.11 (cuya fundamentación insistimos ha sido ignorada por la fiscalía), más aún debería merecerlo la personación en la Agencia Española de Protección de Datos (PERSONALES). En esa misma denuncia decíamos textualmente “No se conoce ningún otro caso ni resolución de la AEPD ni de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el que funcionarios o empleados públicos letrados ejercientes hayan denunciado y presentado recursos judiciales en nombre de particulares, y en este caso, además, se ha hecho uso de los servicios de la procuradora de la UPM y de un notario”, frase textual que, es evidente, ha ignorado por completo la fiscal denunciada. El que no haya precedentes de nada parecido debería hacer sospechar, al menos sospechar, que no puede ser legal, y que el uso de recursos públicos para defender derechos que por definición son personales, es malversación de caudales públicos en forma de costas juiciales. Sin embargo, la fiscal Lorena Álvarez Taboada copia varios párrafos, completamente irrelevantes, a los letrados de la UPM, y no se para a pensar que alguna razón existirá para que ningún otro funcionario o cargo público haya hecho nunca nada parecido a lo denunciado, al menos que a nosostros nos conste. ¿Le consta que sí exista alguno a algún fiscal?

En todo caso, es absolutamente inaceptable, y debería ser motivo, como mínimo, de sanción, que la fiscal denunciada ignore la denuncia y los fundamentos de la Fiscalía de Castellón al caso más parecido que puede encontrarse (aunque seguimos buscando otros pero lo que es también claro es que las diferencias entre el de la Fiscalía de Castellón y el nuestro van a nuestro favor), porque o bien prevarica el representante de la Fiscalía de Castellón, o es la fiscal denunciada, Lorena Álvarez Taboada, quien lo hace, más aún considerando que los supuestos derechos en cuya defensa se han utilizado recursos públicos en nuestro caso son incontrovertiblemente personales por definición de la LOPD. Así, es ideal y perfectamente aplicable el principio lógico del tercio excluso. No puede ser correcta la argumentación y los fundamentos de la Fiscalía de Castellón, y la de la fiscal denunciada. O es correcta una, o es correcta la otra, pero al menos, ya que apoyamos nuestra denuncia inicial de 14.11.11 en un claro y contundente escrito del Ministerio Público, que es único, la fiscal denunciada debería de considerarlo expresamente, y no lo hacho en modo alguno.