A la atención del abogado de CITA para el Juzgado de 1ª Instancia 41, PO 1877/2008
Documento publicado en www.cita.es/malversadores y www.miguelgallardo.es/malversado10.pdf
Considerando el decreto de la Secretaria Judicial Nieves Ugena Yustos de 8.10.12 esta empresa quiere dejar constancia, como mejor proceda, de estos hechos y manifestaciones:
1º Desde el mismo momento en el que se presentó la demanda por supuestos derechos personales, particulares y privados del perito de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Rafael Aracil Santonja y el perito de BOLIDEN, Ramón Álvarez Rodríguez, esta empresa ha sido víctima y perjudicada por continuada malversación de caudales públicos, con uso ilícito de recursos públicos materiales y humanos en beneficio indebido de funcionarios públicos, que hasta ahora no han tenido que afrontar coste o riesgo por ninguna de sus acciones. El decreto de 8.10.12 evidencia por sí mismo la malversación. Nosotros pagamos por impugnar en un procedimiento en el que los demandantes han impugnado y recurrido “gratis total” utilizando todo tipo de medios y privilegios de una universidad pública estando personado el fiscal Adrián Zarzosa Hernández a quien hacemos públicamente responsable de tan descarada ilegalidad. Ese fiscal solamente recibe a abogados y ha rechazado siempre todos nuestros escritos, ignorando por completo toda “notitia criminis”. Dependemos de Vd. para tratar de que pase de ser convidado de piedra, a garante de la legalidad, reservándonos el derecho de presentar denuncia ante la inspección fiscal o por el artículo 308 del Código Penal en el momento que sea más oportuno. Es un delito que el fiscal no persiga un delito.
2º No puede entenderse el dictamen del ICAM, (sin identificar a su responsable salvo por una firma ilegible), sin tener en cuenta que su decano, Antonio Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos, es también funcionario público docente (suponemos que en excedencia), curiosamente miembro del mismo cuerpo de catedráticos de universidad que los dos demandantes. Es difícil encontrar mayor corporativismo funcionarial dentro del corporativismo profesional. Esta empresa es también víctima y perjudicada del conflicto de intereses creado por catedráticos de universidad con derecho a todo pero sin coste o riesgo alguno. Nosotros no pedimos ningún dictamen al ICAM, y no entendemos ni aceptamos el que pretende que paguemos por pedir que se aplique la tabla que el mismo ICAM publica valorando en 25.200 euros las costas de esta empresa, ahora defraudada y estafada por tanto corporativismo. Como Vd. sabe, el pasado 4 de octubre pedimos a los responsables del Expediente de Honorarios 2354/12, una audiencia con personación. No recibimos respuesta escrita pero verbalmente se niegan a reconocernos ningún derecho si no está presente nuestro abogado, por lo que parece que también dependemos por completo de Vd. en cualquier relación con el ICAM.
3º La secretaria calcula el IVA al 18% como si no hubiera pasado ya más de un mes al 21%. Es una muestra más de la distancia e indolencia de quienes no asumen riesgo alguno desde la función pública en perjuicio de quienes, muy modestamente, vivimos de facturas de siempre difícil cobro.
Por todo ello, sintiéndose esta empresa víctima perjudicada por la malversación de caudales públicos, el corporativismo fraudulento, y hasta de un error en la aplicación del IVA, le pedimos que con el escrito de impugnación que Vd. considere oportuno presentar aporte copia de este documento que dejamos publicado en Internet por si la Secretaria Judicial Nieves Ugena Yustos o el fiscal Adrián Zarzosa Hernández o el catedrático decano del ICAM, Antonio Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos, a quienes hacemos públicamente responsables de este absurdo kafkiano, también quieren demandarnos sin tener que gastar nada, ni siquiera hacer depósitos, para impugnar o recurrir. La verdad es que no es un mal negocio el de los demandantes y sus letrados. Si ganan, ganan mucho, y si pierden, no pierden nada porque todo lo asume el erario público. No tenemos más que decir al respecto, al menos hoy en Madrid, a 12 de octubre de 2012.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, aquí exclusivamente como administrador único de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, SL, en Internet www.cita.es/malversadores