Ingeniero industrial, funcionario de carrera, Pere Navarro ha convertido la DGT en un cortijo personal. Tras casi dos décadas en el cargo (contando sus dos etapas), ha priorizado el afán recaudatorio —la DGT es la agencia más extractiva del Estado— y la criminalización del vehículo privado. Sus declaraciones tachando de “lujo” el coche para una sola persona evidencian su desconexión con las clases trabajadoras y el medio rural. Asimismo, el 1 de enero de 2026 impuso la obligatoriedad de la baliza V-16 conectada, creando un fraude masivo a los consumidores según FACUA, al permitir que miles de conductores compraran balizas no conectadas con el sello “homologado por la DGT”. Navarro ha enfrentado peticiones formales de dimisión por parte de transportistas y asociaciones de automovilistas, criticando su “absoluta falta de humanidad” durante la borrasca que dejó camioneros aislados.
La estructura clientelar de la DGT no se limita a Pere Navarro; incluye una nómina de altos directivos que deben ser investigados por posibles beneficios indebidos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Esta red constituye una trama de poder enquistada que debe ser desmantelada mediante una investigación penal independiente.
Uno de los escándalos más graves que evidencia el conflicto de intereses sistémico fue el sistema de concesión monopolística de los cursos de sensibilización vial, adjudicado durante años a la Unión Temporal de Empresas liderada por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). El Tribunal Supremo y el TJUE anularon el modelo por violar el derecho comunitario de la competencia, y la CNMC instó a liberalizar el mercado. Pese a ello, Pere Navarro y su equipo (incluyendo a Lidón Lozano y los responsables de la Subdirección de Movilidad) mantuvieron el sistema el mayor tiempo posible, generando un mercado cautivo de decenas de millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción debe investigar si existieron comisiones ilegales, tráfico de influencias y prevaricación.
La implantación de la baliza V-16 conectada como obligatoria en 2026 ha sido calificada por FACUA como “fraude masivo a los consumidores”. La DGT permitió durante años la venta de balizas con el sello “homologado por la DGT” sin conectividad real, que dejarán de ser válidas. Esto antepuso los intereses de fabricantes y distribuidores (Amazon, AliExpress, Leroy Merlin) a la protección del consumidor. Francisco José Ruiz Boada, en su condición de subdirector de Movilidad y Tecnología, es el responsable último de los pliegos de homologación y de la información pública engañosa. La asociación APEDANICA exige que la Oficina de Conflictos de Intereses investigue si existió enriquecimiento ilícito o dádivas corporativas a los altos cargos implicados.
El mantra oficial de la DGT culpabiliza siempre al conductor, mientras los presupuestos para mantenimiento de firmes, señalización y eliminación de barreras de seguridad letales (guardarraíles de corte) son sistemáticamente recortados. Múltiples tramos de concentración de accidentes (puntos negros) permanecen sin actuación estructural por falta de inversión, pese a que los radares y el helicóptero Pegasus reciben financiación creciente. Desde APEDANICA y los informes periciales del Dr. Miguel Gallardo se demuestra que la filosofía accidentológica exige atajar las causas topológicas e industriales, no la mera sanción. La negligencia de la DGT en la conservación activa podría constituir un delito de homicidio imprudente por omisión.
El órgano que redacta los pliegos de contratación de radares, balizas V-16, sistemas de geolocalización y centros de gestión de tráfico es la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, cuyo titular actual es Francisco José Ruiz Boada, identificado en múltiples resoluciones oficiales y en declaraciones públicas como responsable de campañas de control de velocidad y vigilancia masiva. Este órgano también supervisa la homologación de los sistemas de balizas conectadas, las adjudicaciones a empresas como Indra, SICE, ETRA y otras tecnológicas recurrentes. La ausencia de transparencia en estos concursos, unida a la permanencia de los mismos funcionarios durante décadas, constituye un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y las comisiones. APEDANICA reclama a la Fiscalía Anticorrupción que acceda a los expedientes de contratación desde 2018 y cite como investigados a Ruiz Boada y los técnicos que firmaron las especificaciones.
El desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía el 12 de junio de 2026 en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, con Pere Navarro como protagonista y presentado por Carmelo Sanz de Barros (presidente del RACE), bajo el patrocinio de Moeve (antigua Cepsa), simboliza la promiscuidad entre el regulador público y los grandes grupos de presión empresariales y energéticos. Estas reuniones evidencian un conflicto de intereses institucionalizado, pues la DGT dicta normativas que afectan directamente a la movilidad y al consumo de combustibles, mientras sus dirigentes asisten a eventos de lujo sufragados por esas mismas corporaciones. La Oficina de Conflictos de Intereses debe investigar si Navarro y su equipo han recibido contraprestaciones, invitaciones o regalos que comprometen su imparcialidad.
No es la primera vez que la cúpula de tráfico está en el punto de mira penal. La exdirectora María Seguí fue cesada por el Ministerio del Interior tras detectarse que vulneró el régimen de incompatibilidades al adjudicar proyectos de investigación a su cónyuge. En la Operación Enredadera, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO desarticularon una red de amaños y sobornos en contratos informáticos de la DGT. Estos antecedentes demuestran la vulnerabilidad estructural del organismo y la necesidad de una fiscalización rigurosa y permanente.
APEDANICA invoca el artículo 262 de la LECrim y la Ley 2/2023 para que la Fiscalía y la OCI requieran a la DGT toda la documentación contractual y los registros de reuniones con empresas privadas.
El Dr. Ingeniero Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD en accidentología, perito judicial), máximo referente en ingeniería forense aplicada al tráfico, ha desarrollado una metodología crítica que demuestra que la siniestralidad no se reduce solo con multas y radares, sino con intervenciones basadas en el factor humano, la seguridad industrial de los vehículos y la corrección de puntos negros topológicos. Su obra pericial está recogida en cita.es y miguelgallardo.es, con cientos de informes y análisis que han sido sistemáticamente ignorados por la cúpula de la DGT. Los meta-enlaces de Google sobre ACCIDENTES y PUNTO NEGRO contienen una base probatoria suficiente para fundamentar una querella criminal por negligencia en el ejercicio del cargo.
Conclusión pericial: La DGT bajo el mandato de Pere Navarro Olivella y su equipo directivo (Francisco José Ruiz Boada, María Lidón Lozano, Pedro Tomás Martínez, Álvaro Gómez Méndez, entre otros) ha devenido en una organización corruptora que antepone los intereses económicos de fabricantes, aseguradoras y clubes automovilísticos al derecho fundamental a la vida y a la movilidad digna. La acumulación de poder absoluto, sin controles efectivos, ha generado un sistema clientelar que debe ser desarticulado mediante acciones penales y administrativas inmediatas. APEDANICA se persona como acusación popular y pone a disposición de los tribunales todos los informes periciales y la trazabilidad notarial de hechos.