JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  AUDIENCIA NACIONAL

DILIGENCIAS PREVIAS 90/2010 (SGAE -  SDAE - MICROGÉNESIS)

Enlaces relevantes en www.cita.es/perito-sgae y www.miguelgallardo.es/perito-sgae.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, con domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com al amparo de Reglamento 1/2005 del CGPJ, LOPJ y arts.20 y 120 de la CE, como mejor proceda, DENUNCIA y DICE:

1º Considerando el AUTO de 18.7.2014 publicado, aparentemente íntegro, en Internet

http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/Auto%20SGAE.pdf

en el que puede leerse textualmente “1.- Tener por presentado escrito dirigido por la representación procesal de D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ NERI por el que se anunciaba el encargo de dictamen pericial a la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con la documental que se acompaña al mismo (...) 1.- Se acuerda requerir a los peritos de la IGAE y de la Universidad Autónoma de Madrid designados en el presente procedimiento, a fin de que los informes periciales pendientes de confección sean presentados ante el Juzgado con  antelación al próximo día 30 de septiembre de 2014. Debiendo igualmente aportarse con antelación a dicha fecha los informes periciales anunciados por las representaciones procesales de José Luis Rodríguez Neri y de la SGAE, a elaborar por peritos de la Universidad de Castilla La Mancha y de Ernst & Young, en los términos acordados en los razonamientos jurídicos de la presente resolución”.

2º Buscando noticias sobre los mencionados peritajes, hemos encontrado en Google

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-28/la-extrana-amnesia-de-ruz-pide-informes-periciales-que-tiene-en-un-cajon-desde-enero_167957/

La extraña amnesia de Ruz: pide informes periciales que tiene en un cajón desde enero

Curiosamente, con la noticia se publica un escrito firmado por el procurador de un imputado. No es la única noticia del mismo periodista, José Luis Lobo, sobre el tema, pues antes tituló: Un nuevo informe pericial vuelve a poner en entredicho a Ruz y dinamita el caso SGAE noticia en la que publica el “RESUMEN EJECUTIVO DE LA VALORACIÓN DE ACTIVOS SOFTWARE DE SGAE” fechado en Ciudad Real, el 21 de Enero 2014 y firmado por Mario Piattini Velthuis, Moisés Rodríguez Monje y Jesús R. Oviedo Lama, que tiene toda la apariencia de PRUEBA PERICIAL DE PARTE MALVERSADA, por ser muy evidente que, para su elaboración, se han utilizado los recursos públicos, materiales y humanos de una universidad pública, para beneficio privado. En todo caso, es innegable e incontrovertible que los funcionarios públicos, aunque uno de los autores aparece como representante de alumnos en http://www.uclm.es/dep/tsi/consejo.asp pueden haber cometido, al menos, faltas de las tipificadas en el art. 95 (j) del Estatuto Básico de Empleado Público, prevaliéndose de su condición y función pública para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros.

3º Es público y notorio que Microgénesis ha sido gerenciada por el imputado Rafael Ramos Díaz, pese a ser funcionario público con dedicación completa en una universidad pública (lo que ya de por sí es sancionable y claro indicio delictivo) a la que parecen desear trasladarse los autores de la prueba pericial de parte presuntamente malversada y es obvio que las sobrevaloraciones de sus activos y de todos sus ingresos evidencian, por sí mismas el mismo tipo de perversión en las dos universidades públicas de un imputado y estos peritos.

4º Desde hace tiempo sostenemos que los funcionarios públicos, y en especial catedráticos y titulares de universidad, han de estar, inmediata e incondicionalmente, a la entera disposición de juzgados y tribunales, e incluso del Ministerio Público directamente, garantizando su imparcialidad e independencia. Sin embargo, cuando subastan su leal saber y entender al mejor postor, peritando para partes utilizando recursos públicos de cualquier tipo (incluyendo becarios) para lucro privado, se está malversando descaradamente, delante del juez.

5º Debería ser la Fiscalía la que actuase de oficio en casos tan escandalosos, pero al no hacerlo, somos los peritos privados, que no ostentamos cargo ni empleo público alguno, los que estamos más legitimados para denunciar la malversación, las faltas del art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público y también la competencia desleal de quienes facturan prevaliéndose de su cargo, recursos y función pública reduciendo sus costes y, como es evidente en este caso, sobrevalorando sus propios ingresos y derechos como hizo desde su constitución la empresa Microgénesis, en la UPM. Cualquiera de sus competidores, que no sea funcionario como el imputado Rafael Ramos Díaz puede evidenciar el beneficio ilícito y la gran perversión que imposibilita en España la libre competencia contra extrañas entidades denominadas “empresas de base tecnológica” toleradas por la incompetencia, o lo que es peor, por la complicidad, de otros funcionarios en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la inoperante Oficina de Conflictos de Intereses en Administraciones Públicas. Basta para ello con requerir los modelos TC2 o relación nominal de trabajadores afiliados a la cuenta de cotización de Microgénesis y demás empresas del funcionario imputado, y también del perito MARIO GERARDO PIATTINI VELTHUIS, publicados en el BORME, al menos, en

Esas empresas de uno de los peritos, funcionario al igual que el gerente de Microgénesis, responden al mismo modelo de negocio que parasita a instituciones públicas ante la pasividad de fiscales y jueces. Nunca la Administración de Justicia tendrá recursos suficientes para enfrentarse a delincuentes que malversan hasta en las pruebas periciales de parte si fiscales y jueces no actúan más eficazmente en casos tan claros como el que aquí queda denunciado.

Por lo expuesto, al Juzgado se SOLICITA:

1º Que la Fiscalía informe sobre la denunciada prueba pericial presuntamente malversada

2º Vista y copia de todos los documentos firmados o atribuidos a funcionarios públicos con pretensión exculpatoria para imputados, y en especial, de cuanto las partes hayan aportado procedente de universidades públicas con informes u opiniones pagadas a empleados públicos relevantes para denuncias administrativas o penales, según lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ, en Madrid, a 29 de septiembre de 2014.

Enlaces relevantes en www.cita.es/perito-sgae y www.miguelgallardo.es/perito-sgae.pdf