Al Registro General del Tribunal de Cuentas para la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 3º en las Diligencias Preliminares C-183/12-0 del Ramo Admón. Estado (Mº de Defensa)

Documento publicado en Internet www.cita.es/pordefensa y www.miguelgallardo.es/pordefensa.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, y también como representante de la mercantil CITA, SLU y la asociación APEDANICA con Tel. 902998352 fax 902998379 según ya le consta al Tribunal de Cuentas, recibida la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha 1.10.12 recibida el 4.10.12, dentro de plazo y como mejor proceda DICE:

1º Efectivamente, nos constituimos en parte en las Diligencias Preliminares C-183/12-0 como actores públicos, designando para ello al procurador Don Miguel Torres Álvarez, Col. 631 de Madrid y los letrados Dr. Don José Manuel López Iglesias, Col. 60.908 del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Don Gonzalo Botas González, Col. 2955 y Don. Javier Fernández Torres, Col. 3361, ambos del Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo.

2º Desde nuestra denuncia de fecha 20.08.12, que mantenemos en www.cita.es/defensa y también en www.miguelgallardo.es/defensa.pdf hemos tenido conocimiento de varias noticias que ahora ofrecemos para ilustrar mejor los hechos denunciados, que ampliamos con estas citas textuales:

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/06/07/la-agencia-que-espio-a-lopez-del-hierro-hackeo-el-pc-del-consejero-delegado-de-minas-rio-tinto-99513/

Antonio Fernández. Barcelona 07/06/2012 

…

Durante los dos últimos años, Matías Bevilacqua trabajó varias veces para Olivera: se han encontrado cuatro transferencias de dinero por valor de 14.486 euros desde el año 2010 que salieron de una cuenta del dueño de Vertex hacia las cuentas del hacker.

Tras su detención, los agentes encontraron en poder de Bevilacqua unos 280.000 euros en efectivo. La justificación de Matías fue sorprendente: aseguro que procedía de fondos reservados del Ministerio de Defensa, ya que le habían contratado para desarrollar un sistema de interceptación de correos informáticos. No obstante, la cantidad incautada está ahora bajo control judicial. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de los hechos de Bevilacqua, pero el hacker evitó ponerse al teléfono.

http://www.ondacero.es/blogs/territorio-negro/espionaje-hermana-princesa-letizia-3000-espanoles-mas_2012070200156.html

Luis Rendueles y Manu Marlasca | Madrid |  | Actualizado el 02/07/2012 a las 19:56 horas

...

En casa de Bevilacqua, la policía encontró 280.000 euros en metálico. Pero la cosa se complicó porque cuando fue detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías que hacía trabajos delicados o sensibles como dicen ellos para los servicios de inteligencia españoles, el CNI. Y dijo que el dinero se lo había pagado el estado por esos servicios.

Bevilacqua dio a los policías que lo detuvieron un número de móvil y el nombre en clave del oficial de enlace del CNI para el que trabajaba, dijo que era un tal don Aquiles. Y ese don Aquiles, sea cual sea su nombre real, se identificó como cargo del espionaje español y respaldó su versión. El hacker es un colaborador leal del espionaje español, aunque hiciera digamos trabajos extra en sus ratos libres. Bevilacqua está en libertad y hasta ha pedido que se le devuelva el dinero que se encontró en su casa, lo que de momento, y hasta donde nosotros sabemos, no ha conseguido.

En la denuncia que mantenemos ya se citaba el artículo de EL PAIS del periodista José María Irujo que afirma: “En el registro de la empresa donde trabaja el hacker, CFLabs, la policía se incautó de discos duros y 140.000 euros en 12 sobres. En su declaración, dijo que el dinero provenía “del Ministerio de Defensa, con el que está trabajando actualmente”. No ofreció más detalles, pero dijo que podía probarlo”. Tanto si lo prueba como si no, el Ministerio de Defensa parece responsable de unos fondos públicos, que con independencia de su presunción de reservados podrían haber sido malversados. Incluso si fueran fondos reservados, y se probase, los indicios de una presunta malversación motivan la denuncia y deberían motivar la pronta y eficaz exigencia de responsabilidades contables.

En resumen, hay al menos 4 medios de comunicación (EL PAIS, LA NUEVA ESPAÑA, ONDA CERO y ELCONFIDENCIAL.COM) con 4 periodistas (José María Irujo, Antonio Fernández, Manuel Marlasca y Luis Rendueles y un quinto periodista de investigación, Daniel Montero, en revista Interviu, no accesible por Internet) que publican y sostienen en sus medios y en Internet que un hacker imputado en la llamada operación Pitiusa cobró 280.000 euros en metálico de fondos públicos del Ministerio de Defensa por trabajos realizados para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que presuntamente afectan a la intimidad e imagen de numerosas personas, sin que conste ninguna responsabilidad de ningún funcionario público identificado o identificable, más allá del alias de “Don Aquiles” (suponemos que los talones serán su punto débil pero también, y posiblemente más aún, lo sean sus presuntos pagos en billetes incautados en el registro del que se informa en las noticias). La cuestión contable no se limita, o no debería de limitarse, a un único pago a un hacker, sino que actuamos públicamente para que se conozca cuanto sea posible de cualquier uso de recursos públicos para la investigación privada en perjuicio de particulares. Nos reservamos trasladar al Tribunal de Cuentas cuanto se vaya conociendo de estos extraños pagos.

3º Es voluntad y derecho de estos actores públicos dar inmediato traslado a la jurisdicción penal de cualquier posible indicio de presuntas malversaciones de caudales públicos que la jurisdicción contable pueda ser capaz de documentar. Nos consta que el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo Gonzalez Soler, no lo ha hecho en varios casos relacionados con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por lo que advertimos de nuestra total desconfianza y la más dura crítica hacia cualquier comisión por omisión de los representantes del Ministerio Público que ampare el artículo 20 de la Constitución Española y aquí nuestros derechos como actores públicos.

Es, precisamente, esa desconfianza por la pasividad, ignorancia o incompetencia o los conflictos de intereses de los representantes del Ministerio Público lo que nos motiva para asumir los esfuerzos necesarios para ejercer la acción pública personándonos en estas diligencias preliminares.

Por lo expuesto, al Tribunal de Cuentas se solicita que teniendo por presentado este escrito nos tenga por personados a Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, y también como representante de la mercantil CITA, SLU y la asociación APEDANICA con Tel. 902998352 fax 902998379 quedando pendiente hacer “apud acta” si fuera necesario acreditar las designaciones presencialmente, en Madrid, a 14 de octubre de 2012.

F^do.: José Manuel López Iglesias y Miguel Ángel Gallardo Ortiz

Doctor en Derecho Administrador único de CITA, SLU