Santiago Pedraz, juez decano de la Audiencia Nacional y magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1, Diligencias Previas 38/2013-10 por los hiperenlaces relevantes en www.cita.es/santiago-pedraz y www.miguelgallardo.es/santiago-pedraz.pdf
Hemos leído la providencia de 26 de noviembre de 2014 que INFOLIBRE publica en http://cdn27.hiberus.com/uploads/documentos/2014/11/28/documentos_providenciasantiagopedrazpdf_7b83b8f5.pdf
La negativa de una empresa pública a proporcionar peritos puede ser presuntamente delictiva, y en todo caso, evidencia una perversión que venimos denunciando desde 2006 como bien saben varios fiscales que siguen sin entender que los funcionarios y empleados públicos deben de estar inmediata e incondicionalmente a la disposición de juzgados y tribunales como peritos “de oficio” garantizando su imparcialidad e independencia. Su Señoría está comprobando lo difícil que es que los empleados públicos asuman responsabilidades periciales “de oficio”, pero al mismo tiempo, muchos empleados públicos subastan su leal saber y entender para partes litigantes privadas, y lo que es peor, se prevalecen de su condición de empleados públicos y utilizan recursos públicos para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros. Podemos poner escandalosos ejemplos, como el del arquitecto perito funcionario en los hiperenlaces relevantes en www.cita.es/fegamp y www.miguelgallardo.es/fegamp.pdf o en la misma Audiencia Nacional en el Juzgado Central de Instrucción 5 (caso SAGA-SGAE) en los enlaces relevantes en www.cita.es/perito-sgae y www.miguelgallardo.es/perito-sgae.pdf
o en el juzgado de Palma de Mallorca que investiga la grabación en vídeo de la infanta con enlaces relevantes en www.cita.es/uma y www.miguelgallardo.es/uma.pdf
Esos dictámenes periciales son ilegales y repugnantes, porque con membrete de una universidad pública, se venden libremente a amistades cómplices. Los calificamos como peritajes malversados o astillas periciales firmadas por funcionario público. Si alguno de los peritos que se le niegan a un juez de instructor para practicar una prueba pericial “de oficio” siendo empleado público, al mismo tiempo, está cobrando de partes litigantes por peritajes privados, merecería ser inhabilitado para cualquier función pública. Nuestra intención es personarnos en todas las actuaciones judiciales en las que exista algún indicio racional de corrupción pericial, entendida como negativa a peritar por quien tiene obligación legal de hacerlo, y contra lucro privado de empleado público perito de parte, tanto para ejercer acciones en cada procedimiento como para denunciar a la autoridad administrativa pidiendo sanciones por competencia desleal. ¿Puede ayudarnos?
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, en Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com www.twitter.com/miguelencita con enlaces relevantes en www.cita.es/santiago-pedraz y www.miguelgallardo.es/santiago-pedraz.pdf