Este documento, elaborado por el Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz en representación propia y de APEDANICA, expone los fundamentos de la negativa a suscribir el acta de declaración propuesta por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Asimismo, constituye un instrumento de control social al identificar nominalmente a los funcionarios públicos que, con su acción u omisión, han contribuido a la lenidad y al presunto encubrimiento en el caso que vincula a la Universidad César Vallejo (UCV) y a su propietario, César Acuña Peralta.
La propuesta de acta de declaración remitida por el despacho del Fiscal Jorge Luis López Rodríguez omite de forma sistemática y gravísima los elementos probatorios presentados durante la diligencia virtual del 18 de mayo de 2026. Entre las omisiones más relevantes se encuentran:
Por estas razones, me ABSTENGO de firmar el acta propuesta, ejerciendo mi derecho reconocido en el artículo 71.3 del Código Procesal Penal (CPP). Exijo que se deje constancia de mi negativa y que, a partir del audio de control de legalidad que poseo, se subsanen las omisiones en un nuevo documento fiel a la verdad procesal.
La siguiente es una relación nominal de fiscales, procuradores y altos funcionarios que han tenido o deberían tener un rol activo en la investigación. La mención se realiza en ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública.
| Nombre y Apellidos | Cargo / Unidad | Evidencia / Fuente de vinculación |
|---|---|---|
| Jorge Luis López Rodríguez | Fiscal Provincial – Tercera Fiscalía de Trujillo | Responsable directo de la carpeta fiscal y de la propuesta de acta mutilada. Titular del Despacho. [1] |
| Luis Gustavo Guillermo Bringas | Fiscal Superior (La Libertad) | Declaró fundada una queja de derecho en el mismo caso, evidenciando irregularidades previas. [2] |
| Daniel Oscar Quito Barrenechea | Procurador Adjunto (SUNEDU) | Citado por la Fiscalía en representación de SUNEDU. [3] |
| Hilda Beatriz Castañeda Gonzales | Funcionaria del Ministerio Público | Encargada de la notificación y comunicación con los denunciantes. [4] |
| Lea Guayan Huaccha | Fiscal Superior, Presidenta de la Junta de Fiscales (La Libertad) | Presentó excusa formal por su vínculo laboral con la UCV. [5] |
| Juan Antonio Fernández Jeri | Jefe Nacional de la ANC-MP | Responsable del control funcional de fiscales, mencionado en la queja de derecho. [6] |
| Marita Barreto | Fiscal Superior | Conocimiento del caso UCV-CONCYTEC. [7] |
| Edward Daniel Díaz Tantaleán | Fiscal Anticorrupción | Investigaciones previas sobre lavado de activos vinculadas a Acuña. [8] |
La pasividad y las respuestas evasivas de estas autoridades han sido una constante. A continuación, se listan los funcionarios que han conocido formalmente las denuncias y han optado por la inacción.
Las siguientes autoridades tienen la facultad de controlar disciplinariamente a los jueces y fiscales que incurran en irregularidades. Han sido puestas en conocimiento de los hechos mediante los recursos presentados.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú, grabar una diligencia en la que se participa activamente no constituye delito ni vulnera la intimidad de los demás intervinientes. El denunciante registró en soporte de audio su propia comparecencia virtual del 18 de mayo de 2026. Este archivo se conserva íntegro y no se renuncia a su publicación si la Fiscalía persiste en la opacidad, ya que los hechos investigados (fraude académico transnacional, falsedad documental y presunto lavado de activos) afectan gravemente el interés general, y la administración de justicia no puede ser un instrumento de ocultamiento.
Este documento no es un simple análisis académico. Es una herramienta de control democrático que pone en evidencia la orquestación de un sistema de opacidad que protege a los poderosos. La no inclusión de pruebas digitales en el acta fiscal no es un error, sino una decisión que deberá ser evaluada por los órganos de control.
Exhortamos a la Fiscalía Superior de La Libertad a resolver con celeridad la queja de derecho y a ordenar la subsanación del acta y la práctica de todas las diligencias omitidas. A la Junta Nacional de Justicia, a iniciar el control disciplinario de los fiscales mencionados. A la SUNEDU e INDECOPI, a cesar su pasividad y sancionar las graves infracciones de la UCV.
La ciudadanía y la comunidad internacional están en derecho de exigir una investigación completa y transparente.