Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por Reglamento 1/2005

Cc: Sección 1ª PENAL de la Audiencia Provincial de Madrid, Tel.: 914934435, Fax: 914934551

Rollo 442/2012 del Jdo. Instrucción 32 (BIS) de Madrid Dil. Prev. 8131/2011 y Sección 1ª contencioso de Audiencia Nacional Tel 913970265, Fax: 913970286 por P.O. 410 y 430 de 2010

Documento publicado en Internet www.cital.es/vocal y www.miguelgallardo.es/malversado11.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 y e-mail miguel@cita.es como mejor proceda presenta RECURSO de ALZADA contra la resolución de los magistrados de la Sección 1ª de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Diego Córdoba Castroverde, Lourdes Sanz Calvo, Fernando de Mateo Menéndez, de fecha 31.7.12, notificada el 2.10.12 que confirma sin motivación correcta una anterior de la Secretaria Judicial, desestimando todas nuestras solicitudes de nuestros escritos de fechas 2.4.2012 y el Recurso de Revisión de fecha 23.4.12 ambos al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ, que adjuntamos reiterando y ampliando con las siguientes ALEGACIONES:

1ª La resolución que aquí se recurre ignora por completo lo esencial de nuestros escritos de fecha 2.4.2012 y el Recurso de Revisión de fecha 23.4.12, (erróneamente considerado reposición por la Sala ignorando también el procedimiento administrativo del Reglamento 1/2005 lo que resulta preocupante entre magistrados que se supone que son expertos en Derecho Administrativo) y lo que es más grave, ignora también que el único uso que se pretende de la documentación que se solicita reiteradamente es aportarlo a un procedimiento penal por presunta malversación de caudales públicos iniciado por denuncia de fecha 7.11.12, actualmente en la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid Rollo 442/2012 según le consta a la Sala por la abundante documentación que aportamos al procedimiento cuya última resolución aquí recurrimos en alzada al pleno del CGPJ.

2ª Obviamente, hubiera debido ser el juzgado instructor quien hubiese debido pedir copia íntegra de las actuaciones que evidencian la presunta malversación denunciada, pero no se practicó ninguna diligencia y precisamente por ser la primera que pedimos, se presentó recurso de apelación con la documentación que conseguimos, en parte testimoniada, pero con defectos y faltas que señalamos a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid en escrito de 20.6.12 que también se acompaña.

3º La documentación aportada aquí y en www.cita.es/vocal es suficientemente elocuente como para no necesitar más que la reiteración de nuestros escritos de 2.4.2012 y 23.4.12, pero habida cuenta de las dificultades y obstinación en que ni se juzgue, ni siquiera se instruya mínimamente nada de todo lo denunciado, considerando que al menos un vocal del CGPJ debiera leer este escrito, nos permitimos una alegación puramente criminológica, sin ninguna pretensión jurídica: Solamente hubo 40 condenas por malversación de caudales públicos de las 273.965 condenas registradas y publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en toda España en 2011. En años anteriores, 53 en 2010 y 54 en 2009. El concepto criminológico de “cifra negra” específico de un delito permite inferir malversaciones muy bien ocultadas considerando la documentación adjunta, que deberían ocupar y preocupar más a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Por lo expuesto, al Pleno del Consejo General del Poder Judicial solicito, reiterando lo ya solicitado

a) Todos los documentos relativos a la condena en costas de la UPM en el P.O. 410/2010

b) Todos los documentos relativos a las actuaciones de la Abogacía del Estado en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 con la identificación personal de todos y cada uno de los abogados del Estado que hayan intervenido de cualquier manera en cualquiera de los dos procedimientos.

En Madrid, a 22 de octubre de 2012.

con enlaces en www.cita.es/vocal

Al Presidente y también a la Sección 1ª de lo contencioso de la Audiencia Nacional Tel 913970265, Fax: 913970286 por P.O. 410 y 430 ambos de 2010 y a la Abogacía del Estado por e-mail y fax

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/malversado4.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como representante (administrador único) de la mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA)

como mejor proceda comparece y presenta RECURSO de REVISIÓN según lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del Consejo General del Poder Judicial contra la providencia de 13/03/12 del Ilmo. Sr. Presidente D. Diego Córdoba Castroverde y las Ilmas. Magistradas Dª Lourdes Sanz Calvo y Dª Nieves Buisán García por las siguientes ALEGACIONES:

1ª Nuestro escrito de fecha 2 de abril de 2012 estaba dirigido a la Sra. Secretaria Judicial según lo que dispone el Reglamento 1/2005 del CGPJ por lo que entendemos que la denegación es revisable.

2ª CITA es parte y necesita, para presentar en juzgado de instrucción, copia testimoniada de

a) Todos los documentos relativos a la condena en costas de la UPM en el P.O. 410/2010

b) Todos los documentos relativos a las actuaciones de la Abogacía del Estado en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 con la identificación personal de todos y cada uno de los abogados del Estado que hayan intervenido de cualquier manera en cualquiera de los dos procedimientos.

3ª Anteriormente la Sra. Secretaria Judicial testimonió los documentos bajo membrete de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que entendemos que prueban una presunta malversación por razones ya expuestas y no entendemos por qué "no ha lugar a lo solicitado" en esta ocasión pues ahora se pide documentación distinta, mucho menos abundante, y más precisamente referenciada. Al no tener motivación alguna la denegación, no es posible recurrir mejor más que reiterando lo solicitado y adjuntando los escritos dirigidos al Juzgado de Instrucción 32 (BIS) y a la Abogacía del Estado denunciando el error y solicitando que sean los abogados del Estado que han intervenido en estos procedimientos quienes informen sobre el fondo del asunto de presunta malversación, dando aquí por reproducidas todas nuestras manifestaciones en los escritos que se acompañan.

Por lo expuesto, reiteramos la solicitud y entendemos que, en caso de silencio o denegación de lo solicitado en revisión, lo que procede es el Recurso de Alzada al Pleno del Consejo General del Poder Judicial al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ, considerando también la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y artículo 120 de la Constitución Española.

En Madrid, a 23 de abril de 2012.

F^do.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero UPM, criminólogo, licenciado en Filosofía y Diplomado en Altos Estudios Internacionales, Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/malversado4.pdf

Adjuntando escritos dirigidos al juzgado instructor http://www.miguelgallardo.es/malversado3.pdf

Abogacía del Estado en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

y finalmente, también nuestro escrito dirigido a la Secretaria Judicial con las solicitudes cuya denegación recurrimos en revisión.

Al Juzgado de Instrucción nº 32 BIS Tel.: 914934294, Fax: 914932400 y 914934300

Diligencias previas 8131/11 (MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS)

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/malversado3.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), que están personadas ante este juzgado según consta en autos, comparece y como mejor proceda en Derecho presenta AMPLIACIÓN DE DENUNCIA por los siguientes HECHOS NUEVOS:

1º El viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman unas costas a las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Tal error fue comunicado el mismo viernes en el teléfono de la Abogacía del Estado 917005551 y también fue denunciado administrativamente en escrito de fecha 2 de abril (documento que se acompaña).

2º Las costas a las que ha sido condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) que debe pagar a la empresa CITA y también a la Abogacía del Estado evidencian por sí mismas la presunta malversación ya denunciada el 14 de noviembre de 2011, posiblemente en concurrencia con otros delitos contra la Administración por lo que entendemos procede exhortar a la Secretaría Judicial de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, copia íntegra de los procedimientos P.O. 410 y 430 ambos de 2010 incluyendo cuanto afecte las costas a las que ha sido condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) aunque el mayor perjuicio para la Administración haya sido la dedicación de sus propios empleados públicos a la defensa de supuestos derechos en todo caso personales, particulares y privados. Se acompaña copia del escrito en el que ya hemos solicitado, como parte, copia de tal documentación judicial.

3º Sin perjuicio de cualquier otra diligencia ya propuesta, entendemos la Abogacía del Estado puede, y en nuestra opinión, debe emitir informe sobre P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional pues, además del conocimiento directo que han tenido de la insólita actuación de los letrados de la UPM (insistimos en que no se conoce precedente alguno de nada remotamente asemejable a lo ya documentado en autos), existe un claro conflicto de intereses entre algunos abogados del Estado en su función pública con negocios en empresas participadas por la UPM y gestionadas por funcionarios de la UPM, como es el caso de su vicerrector Gonzalo León Serrano, que hemos denunciado al Tribunal de Cuentas, por lo que fuimos injustamente represaliados con el descarado propósito de silenciar a quien denuncia irregularidades.

Por lo EXPUESTO, respetuosamente al Juzgado SE SOLICITA que teniendo por presentada esta AMPLIACIÓN DE DENUNCIA, se digne admitirla con la documentación que se acompaña y exhorte a la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, copia íntegra de los procedimientos P.O. 410 y 430 ambos de 2010 incluyendo cuanto afecte a las costas a que ha sido condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) y a la Abogacía del Estado se requiera que informe sobre la presunta malversación denunciada, y la posible prevaricación, de la varios abogados del Estado han sido testigos, sin perjuicio de que las partes aquí denunciantes, especialmente como acusadores particulares, puedan manifestar cuanto a su derecho convenga sobre el informe que se solicita al Juzgado que requiera al Abogado General del Estado.

Por ser de hacer Justicia que se pide en Madrid, a 16 de abril de 2012.

Al Abogado General del Estado, DENUNCIA:

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside desde su constitución en 1992, con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correo electrónico miguel@cita.es como mejor proceda presenta DENUNCIA ADMINISTRATIVA por los siguientes HECHOS:

1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman unas costas a las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Tal error fue comunicado el mismo viernes en el teléfono de la Abogacía del Estado 917005551.

2º El fondo del asunto en el que se produce el error se inicia por presuntas MALVERSACIONES y PREVARICACIONES del rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de sus letrados empleados públicos que, necesariamente, han tenido que ser conocidas y tienen documentadas varios abogados del Estado que han intervenido en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y especialmente, por los abogados del Estado adscritos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

3º Es un hecho bien conocido por la Oficina de Conflictos de Intereses que mi empresa CITA y yo personalmente he denunciado la incompatibilidad de un abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá, con evidente influencia personal en la AEPD y que ha ostentado cargos en negocios privados con funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en AXON, sociedad de capital riesgo. Puede verse la denuncia en Internet http://www.miguelgallardo.es/red.pdf

4º Recientemente he sabido que otro abogado del Estado, Santiago Cid Fernández, ostenta cargos en empresas participadas por la misma sociedad de capital riesgo. Basta introducir en el buscador Google el nombre de “Santiago Cid” con AXON (19 resultados) o con DOCONTIME (14) para evidenciar la relación de dos abogados del Estado con empresas a su vez relacionadas con la UPM.

Por lo expuesto, al Abogado General del Estado SE SOLICITA que teniendo por presentada esta DENUNCIA, se abra un expediente para subsanar el error que ya conoce Carmen Cacho Egües y también, con más celo aún, que se investigue cualquier otro posible error de los abogados del Estado adscritos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) requiriéndoles informe detallado y completo sobre presuntas MALVERSACIONES y PREVARICACIONES en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y se sancione a los abogados del Estado que hayan cometido faltas del artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público o por incompatibilidad o conflicto de interés por su relación con la UPM o alguna de las empresas participadas o gestionadas directa o indirectamente por funcionarios de la UPM, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, con todos los derechos del artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en especial, ahora, URGENTEMENTE solicito el inmediato ejercicio de los derechos recogidos en el citado artículo A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos y B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

En Madrid, a 2 de abril de 2012.

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

A la Secretaria Judicial de Sección 1ª de lo contencioso de la Audiencia Nacional Tel. 913970265, Fax: 913970286 por P.O. 410 y 430 ambos de 2010 y a la Abogacía del Estado por e-mail y fax

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside desde su constitución en 1992, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correo electrónico miguel@cita.es por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ como mejor proceda EXPONE:

1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman las costas a las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) aumentando así las confusiones y los injustos perjuicios de los que la empresa CITA ha sido víctima en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 en presuntas malversaciones y prevaricaciones de las que hacemos responsable al rector de la UPM Javier Uceda Antolín y a los letrados empleados públicos de la UPM.

2º Seguimos sin tener ninguna noticia o referencia, por indirecta que sea, de ningún otro caso en el que letrados institucionales empleados públicos bajo un membrete oficial se hayan dedicado a denunciar y recurrir por y para funcionarios públicos que pretenden ejercer abusivos derechos de protección de sus datos PERSONALES (se repite y subraya el CARÁCTER PERSONAL) tal y como se prueba documentalmente en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 pero sí que tenemos varias noticias de que magistrados que forman esta sección 1ª de la sala imparten formación y dan conferencias en las que se tratan estas materias, posibilitando vías académicas o de intervención en actos públicos para evidenciar los presuntos delitos de MALVERSACIÓN y PREVARICACIÓN con muy abusiva protección de datos supuestamente de carácter personal de funcionarios públicos.

3º Es nuestra intención solicitar la incoación de un expediente en la Abogacía del Estado o instancia del Ministerio de Justicia más apropiada para la inmediata subsanación del error por el que la Abogacía del Estado ha pretendido cobrarnos las costas a las que ha sido condenada la UPM y más aún para que sea la misma Abogacía del Estado la que evidencie y califique los hechos que ha conocido en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 ya denunciados penalmente.

y4º La empresa CITA está en espera de sentencia y no desea en modo alguno que ningún error de la Abogacía del Estado demore en lo más mínimo ni complique de ninguna manera el fallo pendiente. Antes al contrario, lamentamos toda dilación judicial que siempre hemos tratado de evitar.

Por lo expuesto, y por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ con el propósito de dar eficaz traslado a la mayor brevedad posible al ABOGADO GENERAL DEL ESTADO en DENUNCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA copia íntegra, foliada y testimoniada de:

1º Todos los documentos relativos a la condena en costas de la UPM en el P.O. 410/2010

2º Todos los documentos relativos a las actuaciones de la Abogacía del Estado en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 con la identificación personal de todos y cada uno de los abogados del Estado que hayan intervenido de cualquier manera en cualquiera de los dos procedimientos.

Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 2 de abril de 2012.

F^do.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero UPM, criminólogo, licenciado en Filosofía y Diplomado en Altos Estudios Internacionales, Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

U R G E N T E (por haberse adelantado a mañana la deliberación y fallo sin notificarnos)

A la Sección 1ª PENAL de la Audiencia Provincial de Madrid, Tel.: 914934435, Fax: 914934551

Rollo 442/2012 del Jdo. Instrucción 32 (BIS) de Madrid Dil. Prev. 8131/2011

Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado7.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, también como representante de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) según tengo acreditado en estas actuaciones como denunciantes, al amparo del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, y LOPJ, como mejor proceda, EXPONE:

1º Que hoy me han comunicado verbalmente que la votación y fallo se adelanta a mañana 21 de junio con cambio de ponente. Nuestro procurador no ha recibido ninguna notificación de ello.

2º Que existen varias irregularidades y errores en la documentación probatoria. Por ejemplo los folios 260 y siguientes están mal paginados y la simple lectura hace evidente que faltan documentos que fueron testimoniadas por la Sra. Secretaria Judicial de la Sección 1ª de la Sala de lo Contecioso de la Audiencia Nacional a petición nuestra y aportadas por nosotros al juzgado instructor tal y como las recibimos. Esos errores se acumulan sobre los ya comunicados al juzgado en escrito de 24 de abril de 2012 que acompañamos por haberse ignorado por completo una denuncia acumulada.

3º Al no haber practicado el juzgado instructor ninguna, absolutamente ninguna diligencia, ni haber atendido ninguna de nuestras solicitudes, en especial la que consta en el folio 7, textualmente así:

“...por lo expuesto, SE SOLICITA que a la mayor brevedad posible se nos proporcione copia íntegra y fedatada testimoniada y numerada por la Sra. Secretaria Judicial de todos y cada uno de lo escritos con membrete de la Universidad Politécnica de Madrid que puedan servir de evidencia probatoria documentable de la dedicación de funcionarios o empleados públicos letrados institucionales como es el caso, al menos, tanto de Juan Manuel del Valle Pascual (que firma la primera denuncia) y Miguel Ángel Davara (que firma varios recursos todos ellos desestimados), así como cualquier precedente asemejable de uso y disposición de servicios jurídicos institucionales para ejercer derechos que solamente pueden ser calificados de personales o personalísimos por lo que puede haberse incurrido en presuntos delitos de malversación de caudales públicos de los arts. 432 y 433 del Código Penal que tenemos firme intención de denunciar al Juzgado de Guardia de Madrid” (textual que consta en el folio 7).

Entendemos que faltan documentos relevantes de los procedimientos P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Audiencia Nacional, especialmente los relativos a la condena en costas contra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) presuntamente malversadas (siendo más grave aún la permanente, tenaz y contumaz dededicación de letrados institucionales empleados públicos a la supuesta defensa de derechos PERSONALES (por lo tanto no son, o no deben de ser protegibles por su función pública en ningún caso) y alguno de los documentos que sí constan están mal paginados o transpapelados como los que hoy hemos visto en los folios 260, 261 y 262, al menos.

Por lo expuesto, a la Sección 1ª PENAL de la Audiencia Provincial de Madrid solicitamos copia íntegra y fedatada con foliado de todas las actuaciones y que se requiera a la Audiencia Nacional el expediente completo de los procedimientos P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Audiencia Nacional correctamente foliados para su verificación, suspendiendo la deliberación y el fallo previsto para mañana sin que se nos haya notificado el adelanto y cambio de ponente.

Por ser de hacer Justicia que pido en Madrid, a 20 de junio de 2012.

F^do.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado en Filosofía y Diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho, también por Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, domicilio en la C/ Fernando Poo, 16-6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 miguel@cita.es